Venezuela, al tener los salarios más bajos de Latinoamérica, se ha convertido en una excelente opción para algunas empresas internacionales que instalan aquí sus centros de atención telefónica. Pero en el país parece no haber suficiente legislación que regule la actividad, generando un vacío legal que da pie a la corrupción.
Frank Monroy, periodista experto en el área de las telecomunicaciones y tecnologías de la comunicación, explicó que, en general, los call centers o centros de llamadas son negocios que requieren poca inversión, por lo que algunos comerciantes apuestan a este negocio, para el que incluso diligencian contratos en el extranjero, para funcionar desde Venezuela.
Computadoras, conexión estable a internet, central de telefonía IP, micrófonos tipo diadema y un número teléfono master, bastarían para activar uno, así lo señaló Monroy.
Esta facilidad ha propiciado que el negocio sea usado como fachada para cometer delitos como estafas, bien sea nacionales o internacionales, en detrimento no sólo de los estafados, sino también de quienes apuestan lícitamente por este modelo de negocio, que además es una fuente de empleo en el país.
De allí que organismos de inteligencia tengan ‘bajo la lupa’ a los call center. A través de sus redes sociales, el Cicpc Lara, informó en junio la detención de dos personas quienes bajo la figura de un centro de atención telefónica, presuntamente estafaban a personas en España. Una segunda detención se realizó en julio, siendo dos mujeres señaladas de cometer oferta engañosa y fraude internacional, también en Lara.
Esto activó las alarmas, precisó a El Informador Venezuela una fuente vinculada con el caso, revelando también el despliegue de labores de investigación en la región para comprobar o descartar casos similares.
La fuente explicó que uno de los modus operandi es contactar a ciudadanos de otros países para embaucarlos haciéndoles creer que son ganadores de un premio como cámaras fotográficas, televisores, celulares, entre otros, pero a cambio deben transferir un monto para cancelar el costo del envío. Una vez depositado el dinero en la cuenta enviada por los estafadores, cortan la comunicación con la persona, consumándose la estafa.
Funcionarios acotan que, en muchas ocasiones, estos call center ni siquiera tienen un letrero que identifique a la empresa, también presentan inconsistencias en la documentación jurídica de la misma, el aparataje tecnológico y sus bases de datos, todo lo cual sustenta la legalidad o no, del negocio.
Empresarios denuncian ser víctimas de corrupción policial
Pero hay otra cara de la moneda. Empresarios dedicados a este negocio, quienes contactaron a El Informador Venezuela tras la publicación de la nota del Cicpc, aseguraron haber sido visitados por comisiones de organismos de seguridad pero con la única finalidad de acusarlos de estafa, para obtener ‘algo a cambio’. “Para dejar las cosas así, hay que darles dinero”, dijeron.
Uno de los afectados, quien por razones obvias pidió resguardo de su identidad, resaltó que hace algún tiempo fue visitado por la división de inteligencia de la PNB y que tras “una matraca”, que no quiso pagar por cuanto no estaba cometiendo delito alguno, sus trabajadores fueron detenidos, interrogados, y víctimas del llamado psicoterror. “Lo que querían era plata” expresó el hombre.
Considerándose víctima de un atropello, y de un abuso de autoridad, denunció el hecho ante la Fiscalía, tanto en Barquisimeto como en Caracas, lo que le serviría como disuasivo ante una eventual nueva ‘visita’. Aunado a ello, formalizó toda su documentación, incluyendo su contrato con una empresa en Suramérica, para garantizar la legalidad de su negocio.
Aseguró que esta misma situación la han vivido -al menos- dos propietarios más, quienes han tenido que cancelar entre dos mil y ocho mil dólares en vacunas a funcionarios policiales, para que estos dejen de amedrentarlos y culparlos de estafas, que según sus declaraciones, no están cometiendo.
“Nos piden un permiso de Conatel para el funcionamiento del call center y eso no existe”, dijo el afectado, y describió que, con el contrato de la empresa que terceriza el servicio en Venezuela; el registro mercantil de la empresa prestadora de ese servicio en el país, en el que claramente se identifique el funcionamiento de un centro de llamadas; el Registro de Información Fiscal (RIF), además de todos los documentos exigidos por los organismos venezolanos para el funcionamiento de un comercio, su empresa es completamente legal.
Conatel «no tiene nada que ver» en el funcionamiento de un call center en Venezuela
El Informador Venezuela buscó la versión de Conatel, organismo que rige las telecomunicaciones en el país. Ante la dificultad, conectó con fuentes directamente familiarizadas con el tema, y conoció que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones no contempla la emisión de permisos o autorizaciones para el funcionamiento de call centers en tanto no utilicen el espectro radioeléctrico del país, por cuanto las llamadas se realizan vía internet mediante aparatos electrónicos.
“Pero parece que esto es desconocido totalmente por los organismos policiales porque hemos recibido a funcionarios buscando asesoría para determinar si dentro de las leyes está estipulado algún lineamiento específico para estos comercios, pero sencillamente, se encuentran con un vacío legal”, declaró la fuente consultada.
“No hay legislación específica, tampoco capacitación de los funcionarios para abordar desde la ley existente, a estos nuevos negocios que están experimentando cierto auge”, acotó.
Indicó que aunque no se trata de un negocio nuevo en Venezuela, actualmente hay un boom, producto de los bajos costos de servicios y sueldos lo que, aunado a las irregularidades que se están denunciando, pudiera generar una respuesta legislativa, siendo como mínimo, incluir a los call centers, al menos en la categoría más baja de los atributos, denominada ‘Notificación’, la cual consiste en que el comercio notifique al ente su funcionamiento en el país.
Acotó que si existiera un pronunciamiento de este tipo, estos negocios dejarían de estar en las sombras y en el evidente vacío legal que además de propiciar su uso para cometer delitos, evitaría los actos de corrupción por parte de los distintos organismos policiales que operan en el país.
