El Parlamento de la ciudad-Estado de Singapur aprobó la ley para reducir el desperdicio de alimentos y alentar la donación.
Se trata de una medida útil no sólo a nivel ético, dado el elevado despilfarro de una sociedad con un alto nivel de consumo, sino que también protege a aquellos que hasta ahora donaban alimentos arriesgándose, en determinadas condiciones, a fuertes sanciones.
Con el nombre de Proyecto de Ley de Donación de Alimentos del Buen Samaritano), este instrumento está dirigido a personas u organizaciones que se dedican a la distribución de alimentos con fines caritativos, benéficos o filantrópicos y que no implican ningún intercambio de dinero o compensación de cualquier tipo.
Especifica cuatro condiciones en relación con la donación de alimentos. La primera es que sea seguro y apto para el consumo en el momento de la entrega. La segunda es que el donante informe al destinatario de cualquier método de manipulación o conservación del alimento para que siga siendo apto para el consumo. La tercera condición se refiere al plazo dentro del cual se puede consumir sin riesgo. La cuarta y última condición se refiere a las medidas para garantizar la seguridad e higiene necesarias hasta la donación.
Son puntos importantes, porque su cumplimiento supone una protección frente a acciones civiles o penales, incluso si surgen problemas después de consumir los alimentos donados. Cualquier controversia será manejada por la Autoridad Alimentaria de Singapur (Singapore Food Administration), mientras que hasta ahora estaba regulada mediante el uso de documentos que eximían al donante de cualquier riesgo o responsabilidad.
Hay dos excepciones importantes que excluyen la intervención de la Autoridad: cuando se trata de alimentos intercambiados en el contexto de relaciones interpersonales, como entre amigos o colegas en un ambiente de trabajo, o de alimentos proporcionados por los empleadores al personal doméstico residente.
También es una normativa importante para evitar – como ocurría hasta ahora – que los restaurantes o servicios de catering arrojen a la basura alimentos no consumidos para evitar problemas legales si surgen problemas con el consumo de las donaciones.
Por otro lado, lo que se desperdicia en la ciudad-estado es verdaderamente enorme. Se estima en 750 mil toneladas por año y resalta aún más si se compara con los 1,6 millones de toneladas de alimentos que se importan y consumen en 12 meses.
No es sólo, por tanto, una cuestión de carácter económico inmediato, dado que lo descartado equivale al 11% de los residuos producidos y que, además de suponer una carga para el sistema de recolección y eliminación, implica un costo considerable en términos de energía y de agua que se consumen para producirlo.
Por último, una regulación más segura permitirá una distribución mayor y más eficiente a aquellos que, por elección o necesidad no consumista, quieran recibirlo.
Con información de AsiaNews
