Los 130 bolívares de salario establecido por el gobierno, que en marzo del año 2022 representaban 30 dólares, hoy equivalen apenas a 0,30 centavos, lo que pulveriza el poder adquisitivo y lo reduce a un monto simbólico. Este jueves, coaliciones sindicales, trabajadores y jubilados protagonizarán una gran movilización en Caracas para exigir sueldos dignos, pensiones justas y el cese de la crisis económica
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El salario mínimo en Venezuela cumple este mes cuatro años congelado. En este periodo, el ingreso base ha perdido el 99% de su valor debido a la devaluación del bolívar frente al dólar, divisa que predomina en la economía nacional.
Los 130 bolívares, que en marzo de 2022 representaban 30 dólares, hoy equivalen apenas a 0,30 centavos, lo que pulveriza el poder adquisitivo y reduce el sueldo a un monto simbólico.
Esta situación ha impulsado a los trabajadores a protagonizar manifestaciones en el país en las últimas semanas. Aunque todos los sectores coinciden en un ajuste salarial, las exigencias se dividen en dos frentes: quienes proponen que el sueldo sea ajustado al costo de la canasta básica, tal y como lo establece la Constitución de Venezuela, y quienes demandan un ingreso mensual de entre 200 y 400 dólares.
Según datos aportados recientemente por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), la cesta básica de consumo por hogar escaló 715,55% en moneda nacional y 48,3% en divisas estadounidenses al cierre del pasado mes de enero, mientras que la canasta alimentaria familiar aumentó 681,1% en bolívares y se ubicó en 677 dólares.
Oscar Meza, presidente de la centro de investigación, señala que el salario mínimo mensual solo puede cubrir 0,05% de la canasta alimentaria y que se requieren más de 1.700 salarios mínimos para cubrir su costo.
La razón detrás de la congelación salarial
El economista Alejandro Grisanti, director y fundador de la firma Ecoanalítica, señala que la estrategia del gobierno para frenar la hiperinflación que se registró en los últimos años se basó en un severo ajuste de los salarios. Mediante este congelamiento, el objetivo era reducir dramáticamente el gasto público.
Según Grisanti, al mantener el sueldo base en niveles críticos, el Ejecutivo no solo ha contenido el pago de salarios, sino que ha evitado el incremento de todas las variables indexadas a este, como las prestaciones sociales, beneficios laborales y, especialmente, las pensiones.
“Si bien ha sido exitoso que Venezuela lograra salir de la hiperinflación, al final lo que hizo el gobierno fue un ajuste muy fuerte sobre la espalda de los trabajadores y de los pensionados”, afirma el analista, quien advierte que esta política ha provocado un deterioro profundo en la situación laboral y en la calidad de vida de los pensionados en el país.
¿Cómo es el ingreso de trabajadores públicos y privados en Venezuela?
Además del salario mínimo de 130 bolívares, todos los trabajadores, tanto del sector público como privado, reciben una bonificación de alimentación de 40 dólares, que se cancela en bolívares a la tasa oficial de la fecha de pago.
Este pago lo asume el empleador, en cumplimiento de una orden gubernamental.
Los empleados públicos, jubilados y pensionados también perciben el Bono de Guerra Económica, cuyo pago es asumido en su totalidad por el gobierno. Ninguna de estas bonificaciones tiene incidencias en el cálculo de los beneficios laborales como vacaciones, utilidades o prestaciones sociales.
La propuesta de los trabajadores
El secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Tito Blanco, plantea un plan para fortalecer el salario mínimo en el país, comenzando en 200 dólares mensuales y escalando progresivamente hasta 450 dólares.
Blanco indica que la propuesta aún está en fase de análisis junto con un equipo de asesores económicos, con el objetivo de presentarla ante el gobierno.
A esta propuesta se suma la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep). Su presidente, Antonio Suárez, aclara que, si bien el deseo de los trabajadores es alcanzar un nivel de vida digno, la iniciativa busca ser sensata y progresiva.
Sin embargo, Grisanti advierte que, aunque se concrete un incremento del salario mínimo en las próximas semanas, este no se equiparará a los estándares internacionales.
“En Venezuela es inimaginable esperar un ajuste a niveles de subsistencia que alcance los tres dígitos. Podría haber una subida importante, pero desafortunadamente no lo vemos por encima de los 100 dólares mensuales. Yo sí pensaría que imaginarnos las posibilidades que suba un salario mínimo a 150 dólares por persona mensual, sin el cambio de Ley del Trabajo y de la parte de pensiones, no está bien”.
Grisanti destaca que el país registra una recuperación importante en los ingresos petroleros y no petroleros en este momento, lo que genera un escenario propicio para una mejora salarial. No obstante, aclara: “Hay que esperar porque no tenemos cifras para calcular en cuánto podrían incrementar los salarios de los venezolanos”.
“Los trabajadores no aguantamos un 1 de mayo”
Para Carlos Salazar, coordinador de la Coalición Sindical Nacional, el Estado venezolano mantiene una deuda “gigantesca” con los trabajadores. Salazar afirma que la crisis ha sobrepasado los límites de la región: “Estamos peor que Haití”.
Señala que los trabajadores reciben dinero de familiares en el exterior para complementar sus escasos ingresos. “Aquí se está pasando mucha hambre; la gente sobrevive a la suerte. Los trabajadores venezolanos no aguantamos un primero de mayo”.
Ante este escenario, la coalición urge una reunión de resolución de conflictos con Delcy y Jorge Rodríguez para discutir no solo el salario y las pensiones, sino también el bono de alimentación y la seguridad jurídica laboral.
“Ellos tienen que poner las cuentas claras porque aquí sí hay dinero. ¿Cuánto se está produciendo en petróleo?, ¿cuánto se produce en hierro, en coltán, en oro?, ¿cuántos son los impuestos que se le cobra a la gente? La clase trabajadora ha estado sufriendo por años porque unos señores han gobernado mal a Venezuela. El problema del país es muy integral, pero principalmente tenemos que tener un salario. Con un salario, los comercios avanzan, los emprendimientos prosperan, las empresas pueden producir más”.
Carlos Ortega, expresidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), actualmente en el exilio, coincide en que se deben constituir mesas de trabajo para discutir el tema salarial.
Acusa a los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro de violar la Constitución de la República y de dañar el ingreso, la prosperidad y el crecimiento de los trabajadores.
“Un salario mínimo de 350 dólares no solo impacta al Estado, sino también a la pequeña y mediana empresa. ¿Cómo se planea que el sector privado asuma este costo sin que esto se traduzca en cierres de negocios o más despidos? Algunos podrán cubrirlo. ¿El Estado podrá? Hay que verlo. Habrá que constituir mesas de trabajo, no la actual demagogia. Hay que actuar con mucha sensatez y responsabilidad. Yo puedo decir que llegue a 800 dólares el salario y, ¿el país está en condiciones para eso? Hay que reunirse los trabajadores y el Estado para evaluar. Se le debe hablar claro a los trabajadores una vez se instalen las mesas de trabajo”.
Diálogo tripartito
En abril de 2022, gobierno, empleadores y trabajadores instalaron un Foro de Diálogo Social con el apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sin que, hasta la fecha, se haya logrado un acuerdo concreto sobre el tema salarial, creando un profundo descontento en los dirigentes sindicales.
“Aquí no se justifica la presencia de la OIT. Vienen a lavarle la cara al gobierno. Tenemos cuatro años en una famosa comisión tripartita donde realmente no se solucionan los problemas de los trabajadores. Todos los sindicatos que están aquí son del gobierno. Todo lo que han hecho en contra de los trabajadores es por la alcahuetería de la dirigencia sindical que preside el gobierno”, reclama Rafael Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela.
Señala que la dirigencia sindical sentada en el foro de diálogo no representa el “gran sentir” de los trabajadores venezolanos “porque la OIT ha sido cómplice de todo el desastre que vivimos. Nosotros estamos pidiendo lo que establece la Constitución,que es el que regula el marco legal de este país, por encima de todas las leyes y decretos”.
“Ellos no han hecho nada en esa reunión de diálogo. Lo que hicieron fue paralizar todo porque mientras estaba esa reunión, nos metían presos a los trabajadores, no había salario en Venezuela y el país se paralizó en la miseria. Entonces, eso no ha servido para nada. Eso es una irresponsabilidad de la OIT”, expresa por su parte Salazar.
Las organizaciones sindicales autónomas de Venezuela mantienen vigente su propuesta presentada en el foro para fijar el salario mínimo mediante un enfoque equilibrado, conforme al Convenio 131 de la OIT.
El Monitor Sindical detalla que el Convenio 131 de la OIT establece un enfoque equilibrado indispensable para fijar salarios mínimos. La iniciativa se sustenta en tres elementos claves: las necesidades de los trabajadores y sus familias, que incluyen el costo de vida, los aportes a la seguridad social y el nivel de vida referente con otros grupos sociales; los factores económicos, que abarcan los requerimientos de crecimiento económico, los niveles de productividad y la necesidad de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo; y datos actualizados y consistentes que permitan construir seguimiento y tomar decisiones informadas.
Esta propuesta coincide con la posición del coordinador general de Provea, Oscar Murillo, quien considerar indispensable que el Estado garantice el derecho a un nivel de vida adecuado para la población, la intangibilidad y progresividad de los derechos.
A su juicio, el foco debe estar centrado en la reconstrucción de la institucionalidad laboral, del salario y en la recuperación de las capacidades productivas del país, “en un marco de respeto al Estado de Derecho y entendiendo que la recuperación de la democracia y el respeto a la dignidad humana, solo serán posibles si se atiende con urgencia la enorme deuda social del Estado venezolano. El ‘nuevo momento político’, anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, debería traducirse en la adopción de medidas inmediatas para intentar cerrar la enorme brecha generada por la desigualdad, derivada, entre otras cosas, de la precarización del empleo decente y el abandono estatal de sus obligaciones en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.
Murillo agrega que desde Provea saludarán cualquier acuerdo, en materia salarial, que se produzca en el marco del Diálogo Tripartito y que cuente con el consenso de los actores sociales involucrados. “No nos corresponde a nosotros hablar en nombre de los trabajadores y sus organizaciones. Insistiremos siempre en que el Estado debe saldar su enorme deuda social y en su obligación constitucional de promover y garantizar la construcción de un modelo económico, político y social, incluyente y democrático, basado en la justicia y el Estado de Derecho”.
“Hablar del incremento de salario es una conversación gruesa”
Para Felipe Capozzolo, presidente de Fedecámaras, es una conversación “gruesa y difícil” la posibilidad de un aumento salarial formal en el contexto económico actual del país, porque conlleva una serie de incidencias y pasivos laborales que representan una carga compleja de asumir tanto para el sector privado como para el sector público.
Destaca que el gobierno enfrenta un desafío mayor debido al volumen de trabajadores activos, pensionados y jubilados, además de los programas sociales vinculados al valor del salario.
“La mejor solución es el diálogo social, el diálogo tripartito, y que en Venezuela se avance a un sistema novedoso que abarque el problema de las prestaciones sociales. Nosotros jamás hemos dicho que deben eliminarse las prestaciones sociales, todo lo contrario, estamos de acuerdo en que siga el sistema de prestaciones sociales, porque lo vemos como una manera válida de surtir o de alimentar el ahorro prestacional para el futuro, que es importante inclusive para la economía, pero sí creemos que debe abordarse de una manera novedosa, que favorezca la formación de renta privada y a la vez favorezca el incremento del ingreso de los trabajadores. De ese balance depende la construcción que podamos hacer como país de una estabilidad y de una prosperidad valedera para todo el que sale a trabajar cada día”.
Movilización del 12 de marzo
Coaliciones sindicales, trabajadores y jubilados de Venezuela protagonizarán una gran movilización este 12 de marzo en Caracas para exigir salarios dignos, pensiones justas y el cese de la crisis económica.
La convocatoria fue realizada por Carlos Ortega, quien reafirma su postura sobre la movilización popular como eje central de la acción política. Subraya que la presencia de los ciudadanos en las calles es el único camino para generar un cambio real.
“Hay condiciones para ir a la calle. Se ha avanzado, pero necesitamos que el pueblo se una a la lucha, nos necesitamos todos. Tengo la esperanza de que la gente responda a la marcha. Es fundamental tomar la calle, pues mi consigna siempre ha sido que ‘la calle es la salida’”, asevera Ortega.
Para el líder gremial, la protesta no es solo un acto simbólico, sino una herramienta de presión: “Uno tiene que demostrar músculo y fuerza. ¿Cómo se refuerza eso? Tomando la calle y marchando, dando una demostración de que existe un pueblo unido. Esta es una marcha cívica, pacífica. No protestamos para ser obstáculo, sino para ayudar”.
Carlos Salazar apuntó por su parte que esta movilización será la mayor demostración de “fuerza civil y orgánica, que van a pedir lo que nos quitaron por años. A los cuatro años de congelación del salario, hay que agregarle los dos años de la devaluación de la moneda y, por si fuera poco, la violación a la libertad sindical”.
“Vamos directamente a exigir una reunión de solución de conflicto a los hermanos Rodríguez, que den la cara ante el pueblo trabajador que pide salario ya”.
La movilización comenzará a las 10:00 am en la Plaza Morelos, desde donde los trabajadores marcharán hasta la sede de la Asamblea Nacional.
