Los juristas venezolanos Soranib Hernández de Deffendini y Simón Deffendini han pedido a la Unión Europea crear un administrador independiente, ajeno a los partidos venezolanos, que gestione los bienes decomisados a 69 jerarcas chavistas sancionados y los destine a un fondo de reparación para millones de víctimas dentro y fuera de Venezuela.
Venezolanos piden a la UE confiscar activos del chavismo decomisados y crear un fondo para las víctimas
Soranib Hernández de Deffendini y Simón Deffendini, los abogados venezolanos que impulsaron ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo la activación plena de la Directiva (UE) 2024/1260 reclaman que los activos congelados a 69 altos jerarcas del chavismo no sean devueltos al entorno del régimen, sino gestionados por un órgano independiente de la Unión Europea que garantice transparencia, trazabilidad y justicia restaurativa para las víctimas.
En esa línea, Soranib Hernández de Deffendini subrayó, en entrevista con El Nacional, que “la petición para garantizar que estos fondos sean administrados de forma transparente, eficaz y eficiente se basa en que cree un órgano externo a la Unión Europea para que esas oficinas de decomiso de activos, que son obligatorias en los 27 Estados miembros, utilicen este dinero para destinarlo a fines sociales y esto implique que llegue a los más vulnerables”.
Hernández precisó que, aunque su propuesta menciona expresamente a la Fiscalía Europea, la UE podría designar cualquier órgano supranacional que actúe como administrador de los fondos, por encima de intereses nacionales o de las diferentes facciones políticas venezolanas.
“La Unión Europea, aunque nosotros planteamos que sea la Fiscalía Europea, puede designar un órgano supranacional que distribuya estos fondos para que no haya ningún manejo opaco, como en el pasado ha sucedido con otras ayudas que la Unión Europea ha gestionado para la situación de Venezuela”, advirtió.
Deffendini resumió el corazón de la propuesta en una figura que define como un “administrador impoluto y aséptico” encargado de todos los fondos que se incauten. La idea es que ese administrador supranacional concentre la gestión técnica y la rendición de cuentas, “y no terceros”, de manera que ningún actor político pueda capturar el control del dinero destinado a las víctimas.
Asimismo, Hernández apuntó que la desconfianza ciudadana es un factor central a la hora de diseñar el mecanismo de reparto: “Las personas tienen mucha desconfianza después de tantos manejos opacos por todas las toldas políticas, dentro y fuera de Venezuela, que han manejado fondos, recursos y ayudas en nombre de las víctimas venezolanas”.
“Hemos escuchado todas las opiniones y hemos tenido contacto directamente con las víctimas, que nos han dicho que desconfían de iniciativas como esta y piden expresamente que los recursos no caigan en manos indiscriminadas”, dijo.
Fondos para víctimas dentro y fuera de Venezuela
La solicitud admitida por el Comité de Peticiones plantea que los bienes y activos congelados a los sancionados —muchos de ellos investigados por corrupción y blanqueo de capitales vinculados a PDVSA en jurisdicciones como España, Andorra, Suiza y Estados Unidos— se conviertan en la base de un fondo fiduciario para reparar a las víctimas del régimen venezolano.
Según Hernández, el objetivo es que esos recursos lleguen a “víctimas de violaciones graves de derechos humanos, civiles y políticos, pensionados, jubilados, personas que han tenido que trasladarse de manera forzada, víctimas de crímenes de lesa humanidad, expropiados e incluso ciudadanos europeos que también tienen nacionalidad venezolana”.
La abogada enfatizó que si en Venezuela se produjera una “transición correcta a la democracia y una reestructuración en general”, los bienes congelados a los jerarcas sancionados no deberían ser devueltos, porque “muchos de ellos están relacionados con delitos de blanqueo de capitales, terrorismo y criminalidad organizada transnacional”. Recordó que la Unión Europea incluyó a Venezuela en la lista de países de alto riesgo por lavado de dinero y crimen organizado, y que la directiva permite confiscar también aquellos activos cuya procedencia lícita no pueda ser explicada por sus titulares.
Por su parte, Simón Pedro Deffendini ha destacado que el avance en el Parlamento Europeo supone un hito jurídico y político, al confirmar que la Directiva 2024/1260 es de obligatoria aplicación en los 27 Estados miembros.
“El principal logro jurídico de este primer paso es que la directiva es aplicable y obligatoria por parte de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, principalmente hacemos énfasis en el caso de España”, explicó, al recordar que en la Audiencia Nacional de España ya existen causas por corrupción y lavado de dinero vinculadas a Pdvsa con bienes identificados e incautados.
Los juristas detallaron que la directiva europea permite el decomiso de activos incluso cuando no exista todavía una condena penal firme, siempre que se acredite su vinculación con delitos graves como corrupción, blanqueo de capitales, terrorismo u organización criminal.
En palabras de Hernández, “la directiva establece que los bienes y activos de los sancionados por parte de la Unión Europea pueden ser decomisados cuando están relacionados con blanqueo de capitales y terrorismo”, lo que abre una vía para consolidar en un solo fondo los recursos hoy congelados a los 69 altos cargos del chavismo sancionados desde 2017.
Un impulso a la justicia restaurativa
Los juristas enmarcaron su propuesta en la noción de justicia restaurativa prevista en el Derecho de la Unión Europea, con especial atención a las familias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales durante las protestas de 2014 y 2017, así como a los millones de venezolanos que se han visto forzados a emigrar.
Además de los casos emblemáticos documentados por organizaciones de derechos humanos, Deffendini recordó que “hay también 8 millones de venezolanos que están en el exterior que han tenido que emigrar por todas estas situaciones tanto de derechos humanos como económicas”, quienes también deberían ser considerados dentro del universo de potenciales beneficiarios.
En paralelo, los abogados subrayaron la importancia de que todos los Estados miembros transpongan plenamente la Directiva 2024/1260 a su ordenamiento interno antes del plazo previsto, para que el decomiso y la posterior reutilización social de los activos pueda ejecutarse sin vacíos legales.
Deffendini citó, en particular, el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública en España, que incorpora formalmente la norma comunitaria: “Mediante esta Ley Orgánica se incorpora al Derecho español la Directiva 2024/1260 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de abril de 2024 sobre recuperación y decomiso de activos, que es la herramienta fundamental para lograr los fondos y que puedan resarcir”.
En opinión de Deffendini, el expediente abierto en la Eurocámara ya no es una denuncia aislada, sino un proceso en marcha que puede traducirse en reparaciones concretas si se consolida el diseño de un administrador independiente europeo.
Si ese órgano supranacional se concreta bajo el paraguas de la Fiscalía Europea o de otra instancia de la UE, los bienes ilícitos acumulados por los jerarcas sancionados podrían transformarse, por primera vez, en recursos trazables para víctimas que llevan más de dos décadas reclamando justicia.
