El coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Oscar Murillo, advirtió que la recién aprobada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática presenta limitaciones que, a su juicio, se apartan del objetivo de “reconciliación que debería tener una norma de esta naturaleza”.
Mientras esperan el texto definitivo para su análisis, señaló que la ley contempla “un injustificable exceso de exclusiones, que no la exigen ni la Constitución ni los instrumentos internacionales”. Asimismo, enumeró observaciones formuladas por Provea que no fueron incorporadas, entre ellas dejar sin efecto las inhabilitaciones políticas dictadas por la Contraloría General de la República, por considerarlas contrarias al derecho humano de participación política, así como ampliar el alcance de los hechos contemplados.
También recomendó garantizar el retorno seguro, sin persecución, de quienes se encuentran en el exterior, incluyendo la restitución de pasaportes y la prohibición de alertas migratorias, además de devolver bienes incautados y reincorporar a sus puestos a trabajadores despedidos por hechos vinculados.
Indicó que la lista de acontecimientos debía ser enunciativa y no taxativa, e incluir años omitidos, lo que calificó como un “grave error”, y afirmó que antes y ahora con esta Ley de Amnistía seguirán exigiendo la liberación plena, incondicional e inmediata de detenidos por razones políticas.
Finalmente, sostuvo que deben abordarse con urgencia la derogación o nulidad de leyes utilizadas para la “criminalización”, al considerar que la justicia requiere medidas integrales que acompañen cualquier proceso de amnistía y garanticen derechos fundamentales.
