Ambos casos han sido denunciados ante instancias nacionales e internacionales y forman parte de los expedientes que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado por falta de avances en las investigaciones
La abogada Tamara Sujú recordó que el Estado venezolano nunca ha dado respuestas | Fotos: archivo – Infobae
Las desapariciones del teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos, ocurrida el 4 de septiembre de 2018, y del empresario Hugo Henrique Marino Salas, el 20 de abril de 2019, siguen sin esclarecerse.
Ambos casos han sido denunciados ante instancias nacionales e internacionales y forman parte de los expedientes que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado por falta de avances en las investigaciones.
La abogada Tamara Sujú, directora ejecutiva del Casla Institute, recordó que el Estado venezolano nunca ha dado respuestas sobre el paradero de Hurtado y Marino. Sus familiares siguen sin recibir información oficial sobre su paradero, sin pruebas de vida y sin acceso a expedientes judiciales claros.
Juan Hurtado: detenido en Miraflores y desaparecido
El teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos se reincorporó a su puesto en el Palacio de Miraflores el 4 de septiembre de 2018, tras encontrarse de vacaciones durante el supuesto atentado contra Nicolás Maduro del 4 de agosto de ese año, recordó la periodista Sebastiana Barráez en un artículo publico en Infobae el 8 de febrero pasado.
Según el testimonio de su hermana Dora Hurtado al medio argentino, meses antes había regresado de una comisión oficial en Rusia. Ese mismo día de su regreso lo detuvieron funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.Desde entonces, su familia perdió todo contacto con él.
Su madre acudió a su lugar de trabajo en busca de información y la atendió un hombre vestido de civil que se identificó como el coronel Rubén Coronel, quien aseguró no tener datos sobre el paradero del teniente. En distintas instituciones —Ministerio Público, Cicpc y Fiscalía General Militar— la respuesta fue la misma: no había registros.
Familiares y amigos recorrieron centros de reclusión como El Helicoide, la cárcel militar de Ramo Verde y El Rodeo I y en todos les aseguraron que Hurtado no estaba allí.Con el paso de los años, la familia logró ubicar un número de expediente consignado en la Unidad Receptora de Documentos, identificado como Tribunal 36 de Control Solicitud, 10 de julio 2019, 1111-19 Nr. AP 02O219000063.
Sin embargo, en el Palacio de Justicia les informaron que no existía ningún documento asociado.
En enero de 2024, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López publicó una lista de 33 militares degradados y expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En el número 7 figuraba el nombre de Juan Antonio Hurtado Campos.
Para su familia, fue la primera mención oficial en años, pero no aclaró su situación ni confirmó si está vivo o muerto. El caso ha sido mencionado por la Acnudh en sus informes de 2021 y 2023, donde se expresó preocupación por la ausencia de avances en la investigación.
Un elemento adicional lo aporta el testimonio del sargento primero Gustavo Enrique Graterol Torrealba, exintegrante de la Guardia de Honor Presidencial, quien declaró que presenció el arresto de Hurtado en Miraflores por una comisión encabezada por Alexander Granko Arteaga, entonces jefe de la Dirección de Asuntos Especiales de la Dgcim, indicó Infobae.
Según su versión, al oficial lo detuvieron ese 4 de septiembre de 2018 y desde entonces no se supo más de él. Graterol también señaló presuntos vínculos entre Hurtado y el expolicía Óscar Pérez, asesinado en enero de 2018 en el operativo conocido como la Masacre del Junquito.
Hugo Marino Salas: detenido tras aterrizar en Maiquetía
Hugo Henrique Marino Salas, empresario con nacionalidad venezolana e italiana, desapareció el 20 de abril de 2019. Había aterrizado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y llamó a su familia para informar que todo estaba en orden.
Prometió volver a comunicarse esa noche, pero nunca lo hizo. Sus familiares comenzaron la búsqueda al notar que no les había reportado la llegada a su destino.
Según declaró su madre, Beatriz Salas, a El Nacional en el año 2022, funcionarios de la Dgcim lo habrían detenido en Caracas ese mismo día. Una fuente cercana a la familia aseguró que Marino estaba recluido en la Dgcim, pero cada vez que acudieron a la sede oficial se les negó su presencia.
La denuncia se presentó ante el Ministerio Público y estuvo acompañada por la ONG Foro Penal. La familia también llevó el caso ante la Corte Penal Internacional, la Acnudh, la Organización de Estados Americanos y la Procuraduría de Italia, sin que hasta ahora se haya producido una respuesta.
Hugo Marino es propietario de Sistemas Electrónicos Acuáticos, una empresa especializada en rastreos marítimos que había prestado servicios para el Estado venezolano en la búsqueda de aeronaves siniestradas en el país, entre ellos una siniestrada en 2017.
Su familia mencionó como antecedente el contacto que sostuvo con Miguel Pérez Abad, exministro de Comercio e Industria de Venezuela y actual diputado a la Asamblea Nacional, tras el accidente aéreo en el que falleció el hijo de este funcionarioen agosto de 2017.
Marino publicó en ese momento mensajes en redes sociales solicitando conversar con el entonces ministro. No se estableció oficialmente ninguna relación entre esos hechos y su desaparición.
Seis meses después de su desaparición, el abogado Alonso Medina Roa informó a la familia que habría sido localizado en el Hospital Militar de Caracas, pero posteriormente indicó que no pudo confirmar esa información.
Desde entonces, han circulado versiones no verificadas sobre su posible traslado a distintos centros de detención o incluso fuera del país.
La familia aseguró que no se encontraba en La Tumba, un sitio de reclusión clandestino y de tortura ubicado en la sede del Sebin en Plaza Venezuela, Caracas. Según testimonios de otras personas detenidas allí.
“Para el régimen Hugo Marino no existe”,afirmó a este medio.
Denunció que el fiscal general Tarek William Saab no respondió a sus solicitudes y que otros altos funcionarios tampoco ofrecieron información.
