El Legislativo, controlado por el chavismo, aprobó la semana pasada la propuesta en primera discusión y luego sostuvo reuniones con sectores de la sociedad civil, entre ellos ONG y familiares de presos políticos
Fotografía difundida por la Asamblea Nacional de Venezuela de la sesión sobre la ley de amnistía el pasado jueves, en Caracas. Foto: EFE/ Asamblea Nacional
La Asamblea Nacional discutirá este jueves la ley de amnistía propuesta por la presidenta encargada Delcy Rodríguez para algunos presos políticos y cuestionada por varias ONG, que advierten que presenta «contradicciones» y critican los tiempos de aprobación, al considerar que este tipo de proyectos ameritan meses de discusión.
El Legislativo, controlado por el chavismo, aprobó la semana pasada la propuesta en primera discusión y luego sostuvo reuniones con sectores de la sociedad civil, entre ellos ONG y familiares de presos políticos, para conversar sobre el borrador de la ley, que deberá ser discutido este jueves por segunda vez para quedar sancionado.
La ONG Acceso a la Justicia ha advertido que el proyecto de ley «incurre en contradicciones fundamentales al hablar de ‘extremismo'», con lo cual, a su juicio, «se descalifica de entrada a quienes podrían beneficiarse de la amnistía y presupone su responsabilidad penal».
En un comunicado difundido en medio de la discusión de la iniciativa, criticó que en el borrador de la ley se introduzca el concepto de «clemencia soberana», lo que para la organización «implica la existencia previa de responsabilidad o culpa, lo que desnaturaliza a la amnistía, que por definición no prejuzga».
Por otra parte, mencionó «un claro conflicto de intereses», ya que se atribuye la ejecución de la amnistía a los tribunales y a la Fiscalía, las mismas instituciones -señaló- que han participado en la «represión masiva e indiscriminada», según denunciaron organismos como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU.
De igual forma, activistas, ONG y familiares han manifestado su preocupación por el destino de los presos políticos militares, el estatus de los exiliados y los períodos de detenciones excluidos en el proyecto.
La amnistía, tal como está planteada, cubre casos desde 1999, abarcando los 27 años de Gobiernos del chavismo.
Sin embargo, su artículo 6 la limita a diez períodos específicos de coyunturas políticas, entre el golpe de Estado de abril de 2002 contra el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) hasta las protestas desatadas tras la controvertida elección presidencial del 28 de julio de 2024.
La coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, consideró, al intervenir en las consultas del proyecto de la ley, que los diputados «están apurados» por aprobar una ley de amnistía, pero, añadió, un proyecto como este tiene que ser discutido por meses para que «cumpla con los estándares internacionales».
La propuesta de ley se enmarca en lo que la presidenta encargada denomina un «nuevo momento político» para el país y en medio de un proceso de excarcelaciones anunciado el pasado 8 de enero, cinco días después de la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
