Por: Leopoldo Martínez Nucete*
Venezuela cambió de geografía sin mover un solo límite territorial. La paradoja es que el país perdió población en su territorio, pero la nación se expandió geográficamente. Hoy alrededor de ocho millones de venezolanos viven fuera del territorio nacional, una cifra que equivale a casi una cuarta parte de la población previa al colapso económico. Es una de las mayores diásporas del mundo contemporáneo.
Colombia, Perú, Estados Unidos, Brasil, Chile y España concentran la mayor parte de ese éxodo. Pero la cifra, por sí sola, no describe el fenómeno. Lo que realmente ocurrió es que el mapa de Venezuela se ensanchó. El país ya no termina en sus fronteras físicas. Es una nación distribuida.
Y, sin embargo, cuando hablamos de diálogo nacional, de rediseño institucional o de reconstrucción económica, la diáspora aparece —si aparece— como nota al margen.
Ese es un error estratégico.
No estamos hablando de una comunidad simbólica. Estamos hablando de una estructura económica que ya sostiene al país. Las remesas enviadas por venezolanos en el exterior se estiman entre 4.000 y 5.000 millones de dólares anuales, lo que representa entre 6% y 8% del PIB actual. Entre 30% y 40% de los hogares venezolanos dependen en alguna medida de esos recursos para cubrir alimentación, salud, educación o pequeñas inversiones.
En un país con crédito prácticamente inexistente y sistema financiero debilitado, las remesas funcionan como capital distribuido. No son un complemento: son un pilar.
Pero la diáspora no es solo flujo de dinero. Es capital humano. Es red de contactos. Es experiencia acumulada en sistemas institucionales que funcionan. Es talento que opera hoy en mercados competitivos y entornos regulatorios estables.
La historia ofrece precedentes claros. Italia, Portugal y España atravesaron etapas en las que millones de sus ciudadanos emigraron. Las remesas fueron determinantes —en el caso portugués, llegaron a representar cerca del 10 % del PIB en los años setenta; en España rondaban el 3 % del PIB en la etapa de emigración masiva—, pero más importante aún fue la decisión política de integrar a esas comunidades en el proyecto nacional.
Italia y Francia establecieron representación parlamentaria específica para sus ciudadanos en el exterior. España, aunque sin escaños diferenciados, garantizó el voto permanente desde el extranjero, y se crearon los Consejo de Residentes Españoles como órganos electivos de representación en cada demarcación consular donde exista una comunidad española significativa, quienes se integran al Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, el ente consultivo estatal de máximo nivel en materia de ciudadanía española en el exterior.
En todos esos casos se asumió algo esencial: la nación no se agota en el territorio.
Venezuela enfrenta hoy una realidad proporcionalmente más profunda. Pero aún no ha decidido qué hacer con ella.
No todos regresarán. Y esa es una verdad que debe asumirse con madurez. Habrá retornos parciales. Habrá movilidad circular. Habrá familias donde unos vuelvan y otros permanezcan fuera. Esa será la nueva normalidad.
La pregunta no es si todos regresan. La pregunta es si el país entiende que, regresen o no, siguen siendo parte constitutiva del cuerpo nacional.
Por eso el diálogo nacional que hoy se adelanta no puede limitarse a actores territoriales. Debe abrir un espacio formal para la diáspora. No como gesto simbólico, sino como decisión estructural para el reencuentro y la reconciliación.
Eso implica repensar el modelo consular. Una comunidad de ocho millones de ciudadanos en el exterior no puede ser atendida con un esquema administrativo diseñado para migraciones pequeñas. Se requiere digitalización integral, protección consular activa, transparencia y reducción de discrecionalidad.
Pero más allá de la visión estratégica de la diáspora en el diálogo nacional para la reinstitucionalización y la recuperación económica, hay temas concretos e inmediatos que no admiten espera. Millones de venezolanos necesitan actualizar su documentación —cédulas y pasaportes— y millones no se encuentran siquiera cedulados. La identidad es el punto de partida de cualquier ciudadanía efectiva. Es además un derecho humano reconocido en las convenciones internacionales.
Empecemos por allí, en el marco del diálogo para el reencuentro nacional: un operativo masivo de documentación que restablezca plenamente la función consular en el mundo, comenzando por los países donde se concentra la diáspora venezolana. No se trata solo de un trámite administrativo. Se trata de restituir derechos, movilidad y dignidad.
Porque sin identidad jurídica no hay participación política. Sin documentos no hay voto. Sin documentación actualizada no hay reintegración económica posible.
Si el diálogo quiere producir hechos tangibles, este podría ser uno de los primeros.
La reconstrucción venezolana exigirá capital financiero, confianza internacional y capacidad de inserción global. La diáspora puede facilitar inversión, transferencia tecnológica, integración comercial y alianzas estratégicas. Pero eso solo ocurrirá si el Estado deja de tratarla como fenómeno transitorio y la reconoce como socio estructural.
El diálogo nacional tiene ante sí una decisión: diseñar el futuro como si Venezuela siguiera siendo un país encerrado en sus fronteras, o asumir que hoy es una nación distribuida por la geografía mundial.
Excluir a la diáspora sería amputar voluntariamente una parte sustancial del país.
Incluirla sería reconocer la realidad del siglo XXI: las democracias modernas no se definen únicamente por el territorio que ocupan, sino por la comunidad política que las sostiene.
Venezuela necesita reconstruirse. Y para hacerlo, necesita a todos. Muy especialmente a nuestra diáspora.
* Leopoldo Martinez Nucete es Ex-Diputado de la Asamblea Nacional en Venezuela, fue miembro de la Dirección Nacional del Partido Demócrata en EE.UU, Consejero del Departamento de Comercio, y actualmente es Co-Presidente del Venezuelan-American Caucus.
