Las empresas petroleras que mantengan operaciones en Venezuela podrán cancelar impuestos y regalías sin exponerse a sanciones, siempre que cumplan con un nuevo esquema de control establecido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos mediante una licencia emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
La normativa dispone que todos los pagos vinculados a actividades petroleras o gasíferas deberán ser depositados en una cuenta supervisada por Estados Unidos, condición obligatoria para acogerse a la autorización y evitar penalidades.
La medida surge semanas después de que la administración de Donald Trump flexibilizara restricciones sobre transacciones con crudo venezolano, sustituyendo permisos individuales, como el otorgado anteriormente a Chevron, por un mecanismo de alcance más amplio.
Entre las exigencias, se establece que los contratos con el Gobierno de Venezuela o Pdvsa deberán regirse por leyes estadounidenses y que cualquier controversia se resolverá en tribunales de Estados Unidos, además de prohibir pagos que “no sean comercialmente razonables”, en oro, criptomonedas o mediante canjes de deuda.
También quedan prohibidas operaciones con personas o entidades vinculadas a Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China, así como transacciones con embarcaciones bloqueadas, y se exige la entrega de informes detallados sobre cada movimiento, incluyendo montos, fechas, partes involucradas e impuestos cancelados.
Durante el primer mandato del presidente Donald Trump, se aplicaron sanciones a la industria petrolera venezolana, lo que provocó un fuerte impacto en la economía del país, altamente dependiente de las exportaciones de crudo. Tras el operativo militar estadounidense del 03Ene, la administración estadounidense ha buscado motivar a las grandes petroleras para que regresen a invertir en Venezuela.
