Trump, imputado por sus intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020

El expresidente, que se enfrenta a su tercer juicio, ha sido acusado de cuatro cargos por conspiración, manipulación de testigos y obstrucción de un procedimiento legal

La carrera política de Donald Trump se ha adentrado este martes en un inexplorado territorio, uno más, con la imputación del expresidente republicano por parte de un gran jurado de Washington, tras haber investigado sus intentos de revertir los resultados legítimos de las elecciones de noviembre de 2020, lo que culminó en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 por una horda de seguidores. El candidato republicano deberá comparecer este jueves a las cuatro de la tarde ante la jueza Tanya Chutkan, del tribunal federal de distrito de Washington, para la lectura de los cargos. Chutkan, que fue nombrada por Barack Obama, es conocida por la dureza de sus fallos en casos del asalto al Capitolio.

El fiscal especial Jack Smith, que por encargo del Departamento de Justicia supervisa esta causa y la de los papeles de Mar-a-Lago, se ha mostrado confiado en Trump tenga “un juicio rápido”. “Mi equipo buscará que se celebre un juicio rápido para que nuestras pruebas puedan ser probadas ante un tribunal y juzgadas por un jurado de ciudadanos”, ha dicho Smith en una breve comparecencia tras anunciarse la imputación.

Se trata de la tercera que encaja Trump en cuatro meses, tras el arresto de abril en Nueva York en el caso Stormy Daniels, el pago de dinero negro para acallar a una actriz porno por una relación extramatrimonial, y el de junio en Miami, donde se presentó ante el juez para responder sobre el manejo de centenares de cajas de documentos confidenciales que se llevó sin permiso de la Casa Blanca. Los retuvo en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, pese a los reiterados reclamos de las autoridades. Al menos 31 de esos documentos atañen a la seguridad nacional.

Pero la gravedad de los hechos que se le imputan ahora, en un año de vértigo judicial para el candidato republicano, supera incluso las dos acusaciones anteriores. Nada menos que asaltar los fundamentos de la democracia, en la institución que la representa, en un enloquecido y finalmente fallido esfuerzo por aferrarse al poder. El mal perder del magnate le cegó hasta el punto de conspirar para defraudar al Gobierno que una vez dirigió, mentir repetidamente sobre los resultados de las elecciones, desoyendo las reiteradas insinuaciones de algunos ayudantes para que dijera la verdad, mientras conspiraba con otros para tratar de cambiar fraudulentamente el resultado de las urnas a su favor. El día de la asonada, en fin, intentó “explotar” el caos presionando para retrasar la certificación de la victoria electoral de Joe Biden.

Si en la causa abierta contra él en Florida está acusado de 37 delitos, en la de Washington le han caído cuatro cargos. El primero es por conspiración “con deshonestidad, fraude y engaño para obstruir el proceso nacional de recopilación, escrutinio y certificación de los resultados de las elecciones presidenciales”, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión. Asimismo, se enfrenta a una pena máxima de 20 años por conspirar para impedir que el Congreso certificara los resultados de las urnas, y a una sentencia de diez años de prisión por conspirar contra el derecho al voto. El cuarto cargo conlleva una posible sentencia de 20 años de prisión por intento de obstruir la certificación de las papeletas. La fiscalía ha imputado además a seis cómplices, sin revelar sus identidades, aunque todo apunta a que uno de ellos es Rudolph Giuliani, exabogado personal de Trump y también implicado en la investigación sobre el intento de pucherazo en Georgia, que podría sustanciarse próximamente en una cuarta imputación. Una condena en esta causa, o cualquiera de las otras dos, no impediría a Trump presentarse a las elecciones o incluso ser reelegido presidente. 

Las afirmaciones de Trump de haber ganado las elecciones, dice la acusación, eran “falsas, y el acusado sabía que eran falsas. Pero el acusado las repitió y las difundió ampliamente de todos modos -para hacer que sus afirmaciones conscientemente falsas parecieran legítimas, para crear una intensa atmósfera nacional de desconfianza e ira, y para erosionar la fe pública en la administración electoral”. Una conclusión parecida a la que alcanzó el comité especial del Congreso, formado por legisladores de los dos partidos, que le investigó durante 18 meses por el asalto al Capitolio, al convenir que con su actitud Trump puso al país al borde de un golpe de Estado.

Los fiscales federales sostienen en la acusación que Donald Trump estaba “decidido a permanecer en el poder” mediante conspiraciones que apuntaban a la línea de flotación de una “función fundamental del Gobierno federal de Estados Unidos: el proceso de recopilar, contar y certificar los resultados de las elecciones presidenciales”. La investigación se ha centrado en los turbulentos dos meses posteriores a noviembre de 2020, en los que Trump se negó a aceptar su derrota y dijo ser víctima de un robo en las urnas. La agitación desembocó en el motín del Capitolio, cuando unos 2.500 partidarios suyos irrumpieron violentamente en el edificio, atacaron a agentes de policía e interrumpieron el recuento de votos electorales en el Congreso.

La tercera imputación contra Trump en cuatro meses se produce mientras lidera la carrera de los republicanos que compiten por la nominación presidencial de su partido para 2024. Hasta ahora, el expresidente ha venido desestimando todas las acusaciones atribuyendo a los fiscales una persecución política, una caza de brujas instigada por los demócratas para perjudicarle políticamente y, en última instancia, sacarle de la pista hacia 2024 (nada más lejos de la realidad, a juzgar por los resultados de los sondeos, que ven multiplicarse su intención de voto tras cada revés judicial). En un disparatado mensaje lleno de teorías conspirativas, su campaña ha arremetido este martes contra el fiscal Smith y contra el presidente Biden. Smith es “el ejecutor de la familia criminal” del presidente demócrata, ha dicho en un comunicado. “La buena noticia es que el presidente Trump no se deja intimidar y su movimiento America First lo llevará de vuelta a la Casa Blanca, donde desmantelará el Estado Profundo y llevará a la familia criminal Biden ante la justicia”. El equipo electoral de Trump también acusa a Biden y su círculo de enriquecerse “vendiendo acceso al Partido Comunista de China, Ucrania y otros países extranjeros”.

Ron DeSantis, el único de la docena de republicanos que aspiran a la nominación para 2024 que puede hacerle sombra -no lo ha conseguido hasta ahora, y va muy a la zaga en los sondeos de intención de voto-, reaccionó de forma ambivalente, sin mostrar apoyo a Trump pero criticando la decisión judicial. “Como presidente [de EE UU], voy a poner fin a la militarización del gobierno, reemplazar el director del FBI y garantizar un único estándar de justicia para todos los estadounidenses. Aunque he visto los informes, no he leído la acusación. Sin embargo, creo que necesitamos promulgar reformas para que los estadounidenses tengan derecho a trasladar los casos desde Washington a sus distritos de origen”, ha dicho el gobernador de Florida, en un mensaje muy parecido al que pronunció tras las las imputaciones anteriores.

El presidente de la Cámara de los Representantes, el también republicano Kevin McCarthy, ha asegurado que el Departamento de Justicia intenta distraer la atención de la población de las “recientes” noticias sobre Hunter Biden, que supuestamente habría recibido dinero de China (de ahí la acusación de la campaña), así como de sus problemas legales. McCarthy ha asegurado que Justicia dio al hijo mayor del presidente “una amplia inmunidad secreta” y que el propio mandatario habló con los socios comerciales de Hunter más de 20 veces. En los últimos días los republicanos han propalado rumores sobre el acercamiento a Hunter Biden de empresarios extranjeros para buscar acceso privilegiado al presidente. “Los republicanos de la Cámara seguiremos destapando la verdad sobre la Administración de Biden y sobre la doble vara de medir” judicialmente, es decir, con beneficios a Hunter Biden y acusaciones a Trump.

Mucho más duro y crítico ha sido Mike Pence, el vicepresidente de Trump que hoy compite con él por la nominación republicana. En un mensaje publicado en la antigua Twitter, Pence, al que los violentos trumpistas que vandalizaron el Capitolio pedían a gritos colgar por no obedecer a Trump -era el encargado de la certificación electoral-, ha dicho: “La imputación de hoy sirve como un importante recordatorio: cualquiera que se ponga por delante de la Constitución no debería ser nunca presidente de EE UU”. “Nuestro país es más importante que cualquier hombre”, ha concluido el hilo de mensajes. Las diferencias entre Trump y Pence, que ha declarado ante el gran jurado, se hicieron evidentes en aquel momento, y desde entonces no han hecho más que ahondarse.

Entre los demócratas se han alzado pocas voces, entre ellas las de Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata del Senado, y Hakeem Jeffries, al frente de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes. Ambos han calificado la tercera imputación como “la más seria y con más consecuencias hasta el momento”.

“Caza de brujas”

Como en ocasiones anteriores, la inminencia de la imputación la aireó el propio expresidente en su red social Truth el 18 de julio, cuando dijo haber recibido una carta de Smith en la que le notificaba que lo estaban investigando por su injerencia electoral y el asalto al Capitolio. Smith y el gran jurado han convocado a personas de su entorno para interrogarlas hasta el último minuto, y el lunes de la semana pasada la CNN informó de que habían recibido unas 1.000 páginas de documentos que aún no habían tenido oportunidad de revisar. La cadena de noticias también contó que la investigación se había ampliado para recoger una reunión de febrero de 2020 en la Casa Blanca de Trump para poner en marcha el plan de descrédito de las elecciones de ese noviembre, por supuestas irregularidades en las máquinas de recuento electoral y en el voto por adelantado, que se amplió debido a la pandemia.

Trump tiene otro frente judicial pendiente, que podría materializarse, según la fiscal que lleva el caso, la demócrata Fani Willis, en las próximas semanas. Es una investigación por las supuestas maniobras que junto a su equipo llevó a cabo para manipular el resultado de las elecciones de 2020 en Georgia. La investigación comenzó en febrero de 2021 y tiene como núcleso la llamada que Trump hizo al secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, para exigirle que buscara 11.780 votos, uno más de los que Biden obtuvo en ese Estado. Un juez rechazó hace unos días la pretensión de Trump de recusar a la fiscal del caso.