La petición se produce luego de la salida de los responsables anteriores, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, y el nombramiento temporal de figuras vinculadas al oficialismo. La Asamblea Nacional finalizará el proceso de postulaciones este viernes
La ONG Foro Penal, que encabeza la defensa legal de presos políticos en Venezuela, pidió este jueves que los nuevos titulares de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo sean independientes y contribuyan a que ambas instituciones recuperen credibilidad.
La organización abogó por las elecciones tras la renuncia de sus anteriores responsables y la designación de interinos vinculados al chavismo.
Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, afirmó que Venezuela atraviesa una “profunda crisis institucional”, pero que la amnistía aprobada en febrero brinda una oportunidad para avanzar hacia la reinstitucionalización, clave para la renovación de la Fiscalía y la Defensoría, organismos que la ONG denuncia que fueron utilizados como “instrumentos de persecución política”.
“Lo más importante es que haya instituciones creíbles, como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, para precisamente no continuar con la persecución y no utilizar estas instituciones para perseguir a personas solo por pensar distinto”, señaló Romero en rueda de prensa.
En ese sentido, señaló que la Fiscalía tiene “el monopolio de la acción penal” y, por tanto, puede cerrar o archivar causas no incluidas en la amnistía, así como abrir investigaciones por violaciones a los derechos humanos.
Por su parte, Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG, sostuvo que el país requiere una Fiscalía que “investigue con independencia” y no sea “sumisa” a órdenes políticas, además de una Defensoría que actúe como “contrapeso incómodo” para el poder y cumpla su función de defensa de los ciudadanos.
Himiob consideró que el proceso de selección de fiscal y defensor pone “a prueba” a las instituciones y advirtió que se trata de una oportunidad real de justicia para miles de víctimas.
“El reto es demostrar si existe un ánimo de reconstruir el país desde la verdad, las normas y el respeto a la Constitución, o si se seguirá otorgando cargos por lealtad política”, subrayó.
El 25 de febrero, una semana después de la aprobación de la Ley de Amnistía, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz renunciaron a sus cargos como fiscal general y defensor del pueblo, respectivamente. Saab fue designado defensor del pueblo temporal, mientras que el abogado Larry Devoeasumió como fiscal general encargado.
La Asamblea Nacional (AN) anunció un proceso de postulaciones para ambos cargos, que cierra este viernes a las 10:00 hora local (14:00 GMT).
En medio de este panorama político, Foro Penal informó que al menos 673 presos políticos fueron liberados en Venezueladesde el pasado 8 de enero, cuando el gobierno encargado de Delcy Rodríguezanunció un proceso de excarcelaciones, seguido por la aprobación de una Ley de Amnistía.
“673 excarcelados como tal, eso incluye tanto amnistía como no amnistía”, precisó Romero, quien detalló que de ese total, 166 salieron en el marco de la ley.
Actualmente, según Foro Penal, todavía hay 508 presos políticos en el país y un número significativo de detenciones arbitrarias que permanecen bajo análisis y verificación. Romero explicó que muchos de los casos evaluados son antiguos y que las personas no los habían reportado por “temor a represalias o miedo”. A su vez, indicó que la organización continúa verificando casos y que la cifra “puede aumentar”, ya que siguen llegando cientos de personas a sus oficinas en busca de orientación sobre el proceso de amnistía.
Tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una operación militar estadounidense, Delcy Rodríguez asumió la presidencia encargada por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El Parlamento comunicó que hasta el jueves 7.727 personas habían sido beneficiadas por la Ley de Amnistía, de las cuales 253 salieron de prisión y 7.474 con medidas cautelares ya cuentan con libertad plena.
Romero aseguró que Venezuela sigue atravesando una “profunda crisis institucional” y que todavía no se puede hablar de una “transición democrática ni una reconciliación plena”.
