El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) se enfrenta a crecientes peticiones, incluso por parte del gobierno del presidente Joe Biden, para que se lleve a cabo una investigación externa sobre posibles faltas de ética por su relación íntima con una de sus subordinadas.
El propio inspector general de la OEA, con sede en Washington, dijo en un memorando esta semana que lo mejor para la organización es contratar a una firma externa para que investigue las denuncias de que el secretario general Luis Almagro pudo haber violado el código interno de ética.
La recomendación del inspector general se basó en un reporte de The Associated Press que descubrió que Almagro mantenía una relación con una empleada mexicana que fue descrita, incluso en el sitio web de la organización, como “asesora principal” del secretario general.
El inspector general dijo que el informe de AP siguió a una denuncia anónima y vagamente detallada enviada a su oficina por el propio Almagro el 3 de junio.
El código de ética de la organización creada para la consolidación de la paz y la democracia en América prohíbe a sus directivos supervisar o participar en las decisiones que benefician a las personas con las que tienen una relación sentimental.
La propuesta de contratar una firma externa para que investigara el comportamiento de Almagro se analizará el miércoles durante la próxima reunión del Consejo Permanente de la OEA, de 34 miembros.
Estados Unidos, que este año ha contribuido con cerca de la mitad de los 100 millones de dólares en fondos de la organización, ya ha expresado su apoyo a una investigación externa antes de la reunión.
“Tomamos estas acusaciones en serio”, declaró un portavoz del Departamento de Estado a la AP. Agregó que cualquier violación a las normas de ética de la OEA “debe ser investigada de manera justa e imparcial por una entidad adecuada de investigación externa”.
Sin embargo, al menos cuatro miembros de la organización —la Uruguay natal de Almagro, Antigua y Barbuda, Belice y Santa Lucía— han respaldado públicamente proyectos de resolución que plantean dudas sobre el costo de una investigación externa, en momentos en que el organismo hemisférico de 600 empleados está bajo presiones para recortar sus gastos.
Fuente: AP
