El coordinador general de Provea, Óscar Murillo, advirtió que se trata de una ley con un injustificable exceso de exclusiones, no exigidas ni por la Constitución ni los instrumentos internacionales. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón subrayó que se trata de un texto “revictimizante, excluyente y, en lo absoluto, garantiza la liberación plena de todos los presos políticos”
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se mostró “complacida” por la aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, iniciativa que promovió luego de la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos. Pero la norma, que debería ser un instrumento para la reconciliación, ha sido cuestionada por líderes y organizaciones civiles.
Antes de la aprobación del texto en segunda discusión en la Asamblea Nacional, el coordinador general de Provea, Óscar Murillo, advirtió que se trata de una ley con un injustificable exceso de exclusiones, que no las exigen ni la Constitución ni los instrumentos internacionales.
“Esto, sin duda, no se corresponde con el espíritu de paz y reconciliación que debería tener una norma de esta naturaleza”, dijo en su cuenta en la red social X.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón, en la misma plataforma, afirmó que todas sus preocupaciones y advertencias respecto a la ley de amnistía se confirmaron con un texto que “resulta revictimizante, excluyente y, en lo absoluto, garantiza la liberación plena de todos los presos políticos”.
“Advertimos que no bastaba un anuncio ni una narrativa de reconciliación si el contenido mantenía filtros, condicionamientos y ambigüedades capaces de dejar por fuera a quienes más necesitan justicia”, añadió la ONG, que arguyó además que muchas familias se sienten profundamente defraudadas puesto que se generaron enormes expectativas que no “han sido plenamente cumplidas”.
Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, expresó sin embargo que es necesario recibir la norma con optimismo porque “beneficia a algunos perseguidos políticos”, si bien hizo la salvedad de que es restrictiva al dejar por fuera muchos casos. “Debemos seguir presionando por la liberación de todos los presos políticos”, subrayó.
Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la misma organización, criticó que de los casi 28 años que debería abarcar la ley de amnistía (desde enero de 1999 hasta su publicación en Gaceta Oficial), más de 14 se quedaron completamente por fuera. De los otros 13 años tomados en cuenta, solo se abarcan meses y situaciones puntuales, recordó.
“A vuelo de pájaro (y esto amerita un análisis más detallado), de esos 13 años restantes (156 meses en total) solo se consideran más o menos 20 meses. Cabe además hacer otras consideraciones sobre los delitos y hechos expresamente excluidos. Cuando disponga del texto definitivo presentaré un análisis más detallado”, dijo en su cuenta en X.
Murillo, ante esta ley de amnistía, mencionó la necesidad de seguir exigiendo la libertad plena, incondicional e inmediata de todas las personas privadas arbitrariamente de libertad por razones políticas, y recordó las observaciones que Provea hizo para mejorar la norma:
– Incluir disposiciones para dejar sin efecto las inhabilitaciones políticas acordadas por la Contraloría General de la República, por ser contrarias al derecho humano de participación política.
– Garantías de retorno seguro y sin persecución para quienes se encuentren en el exterior, incluyendo la restitución de la validez de pasaportes y la prohibición de alertas migratorias.
– Planteamos incorporar la restitución de bienes incautados y el levantamiento inmediato de las prohibiciones de enajenar y gravar. Asimismo, establecer la reincorporación a sus puestos de trabajo para quienes fueron despedidos por los hechos objeto de la amnistía.
– La lista de acontecimientos abarcados debía ser meramente enunciativa, no taxativa, e incluir hechos de confrontación política ocurridos en años obviados en el listado.
Antes de la aprobación de este jueves, Acceso a la Justicia realizó un análisis a la ley en el que destacaba que en la exposición de motivos ya se incurría en una contradicción fundamental al hablar de extremismo y reconciliación nacional: “Al insistir en el concepto de extremismo, se parte de una narrativa que presupone la responsabilidad de una de las partes, sin reconocer que el extremismo también ha sido promovido desde el propio poder político”.
Esto, indicó la organización, tiene consecuencias graves porque se descalifica de entrada a quienes podrían beneficiarse de la amnistía y se presupone culpabilidad, en abierta contradicción con la naturaleza jurídica de la amnistía.
Aprobada por unanimidad
La ley se aprobó por unanimidad. El PSUV tiene mayoría absoluta, frente a un puñado de opositores que consiguieron cambios, en una sesión que se retrasó más de dos horas en medio de negociaciones, reseñó la agencia AFP.
El artículo 7, que llevó a aplazar el debate el pasado 12 de febrero, fue modificado y aprobado por unanimidad, y mantiene que la amnistía abarca «a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos» en 27 años de chavismo, que «esté a derecho o se ponga a derecho», es decir, involucra a los tribunales que sirven al chavismo.
El texto incluye que los afectados en el exilio puedan enviar a un apoderado ante el juez.
«Luego de presentar la solicitud de amnistía, la persona no podrá ser privada de libertad por los hechos previstos en esta ley y deberá comparecer personalmente ante el tribunal competente a fines del otorgamiento de la amnistía», dice el texto.
