Edgar Prado, de 51 años, mecánico y conductor de la ciudad de Ayacucho, en el sur de Perú, pasó la mayor parte del día del 15 de diciembre en el garaje de su casa arreglando su camioneta Toyota Hilux blanca, mientras las protestas empezaban a arreciar en el aeropuerto, situado a una manzana de distancia.
A las 17.56 horas de ese día recibiría un disparo mortal en el pecho y a las 6.00 horas de la mañana siguiente estaría muerto, según las imágenes de las cámaras de seguridad revisadas por Reuters y su autopsia, una de las diez personas asesinadas en la ciudad en el episodio de violencia más sangriento que ha sacudido Perú en las últimas semanas.
Las protestas, las peores en años incluso en el tumultuoso Perú, se han saldado con 22 muertos, el más joven de sólo 15 años. Las muertes amenazan con mantener encendida la ira a pesar de una tregua en la violencia durante el período festivo en el país fuertemente católico.
Los enfrentamientos se produjeron tras la destitución, el 7 de diciembre, del ex presidente Pedro Castillo, que intentó disolver ilegalmente el Congreso para evitar un juicio político que temía perder. Poco después fue destituido y detenido por presunta «rebelión». Castillo niega los cargos.
Su detención desencadenó una oleada de ira contra la élite política del país y el Congreso, ampliamente vilipendiados como corruptos y egoístas, especialmente en las pobres regiones mineras del sur de Perú, donde el aumento de los precios de los alimentos y la energía ha golpeado duramente a la población.
Mientras la nueva Presidenta, Dina Boluarte, intentaba frenar las protestas, que se saldaron con el bloqueo de carreteras, el incendio de edificios y la invasión de aeropuertos, el gobierno declaró el estado de emergencia en todo el país el 14 de diciembre, restringiendo algunos derechos civiles y permitiendo a las fuerzas armadas apoyar a la policía en el mantenimiento del orden público.
Un día después, el 15 de diciembre, los manifestantes de Ayacucho invadieron la pista de aterrizaje del aeropuerto regional, a una manzana del garaje de Prado, donde vivía y trabajaba en la calle Los Ángeles, paralela a la pista de aterrizaje. El aeropuerto se vio obligado a suspender los vuelos.
El ejército fue enviado para recuperar el control.
Una cámara de seguridad cercana al aeropuerto muestra a los manifestantes invadiendo la pista hacia las 2 de la tarde, algunos lanzando piedras y quemando neumáticos mientras las tropas se reunían. Helicópteros militares sobrevolaban la zona. El Defensor del Pueblo dijo que se lanzaron granadas de gas a los manifestantes que se encontraban abajo.
A las 5 de la tarde, la violencia se extendió fuera de los límites del aeropuerto y comenzaron los tiroteos en las calles. Al final de la noche los enfrentamientos dejarían 10 muertos o heridos mortales. El último falleció el 21 de diciembre.
A las 17.55 horas, las imágenes de las cámaras de seguridad de una tienda de la calle Los Ángeles, frente a la casa de Prado, muestran a un grupo de manifestantes y otras personas de pie en la calle.
De repente, la multitud se sobresalta por algo fuera de cámara y empieza a correr. En la acera del otro lado de la calle, una persona cae y se queda inmóvil. Un grupo de personas acude a ver cómo se encuentra, entre ellas Edgar, que camina en dirección contraria a la multitud y parece salir de la entrada de su casa. Se arrodilla junto a la persona y se queda con ella mientras los demás salen corriendo.
Un minuto después, las imágenes muestran que Edgar recibe un disparo y se desploma. Murió a la mañana siguiente, el 16 de diciembre, a causa de un shock hipovolémico hemorrágico, laceraciones pulmonares y hepáticas y traumatismo torácico abierto causado por un disparo en el pecho, según la autopsia.
«Se supone que los militares están entrenados para luchar contra el terrorismo, no para acabar con la vida de nuestros residentes», declaró a Reuters su hermana Edith, quien añadió que no había participado en las protestas. «Básicamente fue asesinado por los militares».
Dijo que Edgar abandonó la casa que comparte con ella después de que se produjeran disparos contra su puerta y viera a manifestantes heridos, una versión que parece coincidir con las imágenes vistas por Reuters. Mostró a Reuters casquillos de bala y marcas en el marco de la puerta.
«Lo único que quiero es justicia para mi hermano».
LA FUERZA LETAL COMO «ÚLTIMO RECURSO»
Los militares afirman que habían sido objeto de un grave ataque, lo que les dio motivo para responder con la fuerza.
A la una de la tarde del 15 de diciembre, una unidad militar que se dirigía del centro de la ciudad al aeropuerto de Ayacucho fue atacada por una multitud con «objetos contundentes, explosivos y armas de fuego de fabricación artesanal», dijo la fuerza armada en un comunicado un día después.
Según el Ejército, este hecho puso «en riesgo la integridad física» de la tropa, que actuó dentro del «procedimiento legal establecido, aplicando estrictamente las normas vigentes sobre el uso de la fuerza».
El reglamento militar peruano dice que, en estado de emergencia, los miembros de las fuerzas armadas pueden usar armas de fuego «en defensa propia o de otras personas, en caso de riesgo inminente de muerte o lesiones graves, o para evitar delitos particularmente peligrosos que pongan en peligro la vida».
También dice que el uso de la fuerza letal debe ser el «último recurso».
Reuters intentó en repetidas ocasiones entrevistar a dirigentes policiales y militares peruanos por teléfono y en persona. Un reportero acudió a la base militar de Ayacucho para hablar con el general local a cargo de las operaciones, pero se le denegó el acceso.
Las Naciones Unidas han pedido que se investiguen las víctimas infantiles de las protestas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha condenado la violencia ejercida tanto por las fuerzas de seguridad como por los manifestantes y ha hecho un llamamiento al diálogo.
Las muertes se han convertido en un pararrayos de la ira en las zonas andinas y amazónicas pobres, donde muchos se sienten ignorados a pesar de la riqueza local en petróleo y cobre. Muchos quieren un cambio político importante y una reforma constitucional.
«Apuntaron balas de guerra contra nuestros hermanos», dijo Rocío Leandro Melgar, una líder de la protesta en Ayacucho, que culpó al gobierno de permitir que se produjera la violencia.
«Seguiremos avanzando, las cosas no pueden seguir así».
‘DISPAROS POR TODAS PARTES’
Otras imágenes de una cámara de seguridad en un aparcamiento cerca del aeropuerto compartidas con Reuters muestran a un hombre de pie junto a un edificio mirando hacia la carretera. Algo golpea su brazo y corre a esconderse detrás de un árbol.
Unos segundos después se ve a un segundo hombre corriendo por la plaza arbolada de enfrente. La persona cruza corriendo la calle en dirección a la cámara del aparcamiento y de repente cae al suelo inmóvil. El propietario del aparcamiento dice que la persona ha muerto.
Varios residentes del mismo barrio que rodea el aeropuerto dijeron que los disparos esporádicos continuaron hasta bien entrada la noche.
Edith Aguilar afirma que su hijo, José Luis, de 20 años, estuvo trabajando en una fábrica local de refrescos hasta las 18.30 horas del día de las protestas y fue asesinado cuando volvía a casa del trabajo. Los informes de la autopsia compartidos con Reuters muestran que murió a causa de un traumatismo craneoencefálico grave provocado por un disparo.
«Había disparos por todas partes», dijo Aguilar, que vive en los alrededores del aeropuerto. «Ni siquiera se podía salir a la calle».
Aguilar dijo que su cuñada la llamó preguntando si su hijo había llegado a casa. Ella le había visto antes caminando por la calle y había oído que habían matado a alguien que coincidía con su descripción.
«Mi hijo volvía del trabajo», dijo Aguilar. «Es mentira, esa gente que dice que somos terroristas».
La víctima mortal más reciente, Jhonathan Alarcón, de 19 años, murió de hemorragia interna el 21 de diciembre, una semana después de recibir un disparo en la cadera durante las protestas de Ayacucho, según su tía, que habló con Reuters, y datos de la Defensoría del Pueblo de Perú.
En un acto de protesta, el 22 de diciembre su familia llevó su ataúd a la plaza donde recibió el disparo y lo depositó en el suelo mientras una banda tocaba música. Un doliente gritó consignas de protesta desde un megáfono bajo una gran pancarta roja que conmemoraba a las víctimas de lo que calificó de «masacre».
«No tenían necesidad de disparar así», dijo a Reuters Luzmila Alarcón, tía de Jhonathan que también asistió a la protesta, en su funeral. «Parecía un enfrentamiento entre soldados, pero eran ciudadanos contra militares».
Dijo que las muertes provocarían más ira, ya que la gente buscaba a alguien a quien responsabilizar.
«No puede ser posible que ningún gobierno ni ninguna autoridad asuma la responsabilidad de esto», dijo. «No fueron balas perdidas ni accidentes. Fueron disparos directos de los militares … Esta no es la forma de calmar a la población».
ENLACE ORIGINAL: https://www.reuters.com/world/americas/caught-crossfire-peru-protest-deaths-keep-anger-burning-2022-12-27/
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