El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, criticó el lunes 28Jul, una supuesta «instrumentalización del poder judicial colombiano por jueces radicales» tras la condena por soborno de testigos y fraude procesal contra el expresidente Colombia Álvaro Uribe.
«La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante», lamentó el jefe de la diplomacia estadounidense, que defendió que «el único delito del expresidente colombiano Uribe fue luchar incansablemente y defender su patria».
Por su parte, la ministra de Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, rechazó estas declaraciones denunciando que «su intromisión en asuntos judiciales colombianos vulnera nuestra soberanía y desconoce la independencia de la justicia».
Por su parte, el presidente del país, Gustavo Petro, se ha hecho eco de la reacción añadiendo también que «el mundo debe respetar los jueces de Colombia, muchos y muchas han caído asesinados, por ayudar al mundo».
Centro democrático ataca la sentencia y los jueces piden protección
La intervención de Rubio llega tras las declaraciones de la senadora de Centro Democrático y precandidata para las elecciones presidenciales de 2026 Paloma Valencia, quien ha tachado el fallo como «una venganza» y «un ataque», alegando a través de un vídeo difundido en redes sociales que «Petro le tiene miedo a Uribe».
En esta situación, la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia pidió a través de un comunicado difundido el mismo lunes a las autoridades del país que proporcione «las medidas de protección que se requieran» a fin de «garantizar a todos los jueces de la República y a sus respectivos equipos de trabajo las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones».
Asimismo, el organismo expresó «su solidaridad y apoyo» a la jueza Sandra Liliana Heredia, responsable del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y ha hecho un llamamiento «a respetar el ejercicio funcional» de la magistrada.
El propio Petro ha afirmado, a este respecto, que «es deber del Gobierno garantizar la protección de la juez y su familia, cualquiera que haya sido el sentido de su fallo». «En un gobierno democrático, los jueces no se presionan, se protegen en su libertad», destacó. S
