Cansados de tantas promesas incumplidas, 280 trabajadores del Central Azucarero Río Turbio, ubicado en sector El Turbio del municipio Palavecino, estado Lara, denuncian presuntas irregularidades y abusos de las autoridades designadas hace tres años por la comisión interventora, en perjuicio de su operatividad.
«El complejo azucarero con más de 65 años de actividad productiva registra un conflicto de intereses, donde los perjudicados somos los trabajadores», declara un grupo que reclama del alto gobierno soluciones viables e inmediatas que les permita mejorar sus condiciones de vida.
Responsabilizan al viceministro de Alimentación, Gabriel Pérez, como supuesto responsable del Central Azucarero, cuya directiva «adhoc» fue designada por el gobierno nacional, fundamentalmente para garantizar el derecho social de los trabajadores y sus familias.
«Los dueños del Central Río Turbio siguen siendo empresarios desde hace tres generaciones», señalan los trabajadores que denuncian constantes amenazas y persecuciones.
Muestran el Expediente ( 18C-18422- 17) que el 29 de marzo de 2019 el Tribunal de Control 18 de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dictó medida cautelar de sobreseimiento de la causa, de conformidad al artículo 300, numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal, donde acuerda levantar las medidas cautelares de inmovilización de cuentas bancarias pertenecientes a los accionistas propietarios de La Empresa Azucarera Río Turbio y el Central La Pastora.
El Tribunal ordenó el cese de las medidas de coerción personal, libertad sin restricciones a los imputados. Quiere decir que los propietarios del Central Turbio gozan de libertad plena, que no es verdad lo que alegan quienes ahora manejan la empresa que están huidos de la justicia. Ellos están libres, pueden entrar y salir del país cuando quieran y mantienen intactos sus derechos como propietarios de esta industria…
Los trabajadores señalan que la comisión interventora, que incluye a varios sindicalistas, está facultada única y exclusivamente para realizar funciones administrativas, pero no puede disponer de los bienes, no obstante han vendido chatarra ferrosa, han realizado convenios con otras empresas internacionales sin sustentación legal, violando además todos los derechos contractuales de los trabajadores.
«En la Insectoría del Trabajo de Barquisimeto sólo vamos a perder tiempo, esta institución del Estado venezolano, garante de los derechos de los trabajadores, está controlada por el gobierno y eso lo sabemos todos».
La providencia administrativa – señalan – fue firmada en el 2020 en resguardo de los 435 trabajadores y ellos pidieron después una prórroga.
«La junta administra de manera irregular, como si fueran los dueños, no ofrecen cuentas del manejo de los recursos y los bienes a los propietarios ni a los trabajadores».
Actualmente la junta administradora está absorbiendo 155 trabajadores, excluyendo al resto. Laboran de manera irregular e ilegal, los explotan con turnos rotativos de 12 horas diarias, sin descanso, pago de los bonos ni otros beneficios contractuales establecidos en la legislación venezolana.
«La junta administradora del Central Río Turbio está en mora con la justicia venezolana».
Los trabajadores, con15 y 30 años de servicio en el Central, denuncian violación flagrante del artículo 149 de la Ley del Trabajo donde establece que la reactivación de la Empresa debe beneficiar a la totalidad de trabajadores mientras actualmente sólo están laborando 155, el resto está excluido.
«Otro hecho irregular: varios sindicalistas ahora son empresarios. En el año 2018 el Central Azucarero cerró sus puertas. Hay personal con más de 30 años de servicio que no han sido atendidos”.
Trabajadores con funciones de supervisión han sido despedidos a través de mensajes de whtsaapp, desconociendo la inamovilidad laboral decreta por el Ejecutivo Nacional.
Los trabajadores del Central Azucarero Río Turbio aspiran que sean llamados a incorporase a sus labores, luego de tres años cesantes sin recibir ninguna remuneración.
Actualmente las autoridades del Central anuncian por las redes sociales que están refinando 2.500 toneladas de azúcar con 430 trabajadores, cuando en realidad sólo laboran 150.
“Responsabilizamos a Arturo Mendoza, Johnny Torres y Luís Blanco, dirigentes sindicales, quienes se designaron ellos mismos como miembros de la comisión interventora irregular, en conjunto con un inversionista de origen iraní, cuyos convenios son desconocidos”.
Con relación a la chatarra del Central Río Turbio salieron 30 gandolas con destino desconocido, sin saber dónde están esos recursos, las autoridades del alto gobierno deben investigar esta situación.
Hay dos grupos de trabajadores, unos laborando y otros que gestionan en la calle su incorporación al Central a través de los consejos de trabajadores.
Lamentan que no ha funcionado el diálogo con las autoridades, no dejan entrar a los trabajadores al ingenio azucarero, expusieron los denunciantes en una asamblea realizada recientemente en Cabudare.
Alirio Laclé ( Colaborador )
Foto: Cortesía
