El organismo chavista decidió postergar el análisis de los artículos restantes del proyecto, luego de aprobar 55 de los 130 apartados que componen la propuesta
La Asamblea Nacional de Venezuela difirió este jueves, por segunda semana consecutiva, la discusión final necesaria para aprobar la nueva Ley de Minas. El organismo legislativo controlado por el chavismo decidió aplazar el análisis de los artículos restantes del proyecto, luego de aprobar 55 de los 130 apartados que componen la propuesta.
La solicitud para postergar la discusión fue presentada por el diputado Orlando Camacho, quien argumentó que era necesario revisar a fondo los puntos pendientes para cumplir con la instrucción de la jefa del régimen, Delcy Rodríguez.
“Revisando todo lo que se ha avanzado hoy y en vista de que aún tenemos temas que abordar, para que esta ley quede robusta, solicito que se difiera para una próxima sesión el seguimiento de esta ley”, expuso Camacho durante la transmisión de la sesión.
Entre los artículos aprobados este jueves figura el 36, que establece que el Estado podrá reservarse la actividad de minerales radioactivos por razones estratégicas y de interés público, abarcando desde la explotación hasta la comercialización de los productos derivados.
El artículo 37 otorga al Banco Central de Venezuela el derecho preferente para adquirir el oro que se genere en cualquier actividad minera, canalizando las transacciones a través del Ministerio de Minas.
El texto también contempla la creación de laSuperintendencia Nacional de la Actividad Minera, organismo encargado de la supervisión, control, inspección y fiscalización del sector. Esta entidad también tendrá atribuciones para administrar los tributos y regalías vinculados a la minería, aunque estos aspectos aún no han sido debatidos por el pleno parlamentario.
La Ley de Minas que está en discusión busca reemplazar la legislación vigente desde 1999, promulgada durante el mandato de Hugo Chávez. La nueva normativa introduce disposiciones para permitir la participación de inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros, en un contexto en el que Estados Unidos ha manifestado su interés en el oro venezolano tras recientes flexibilizaciones en las sanciones al sector.
En el proyecto se establece que las actividades mineras podrán ser realizadas también por personas naturales dedicadas a la minería artesanal, y se incorporan mecanismos para la resolución de conflictos mediante tribunales nacionales, mediación o arbitraje, según acuerdo entre las partes involucradas.
El Ministerio de Minas, según lo aprobado hasta ahora, tendrá la competencia para promover la inversión privada y extranjera en el sector, bajo un marco jurídico que garantice seguridad a los inversionistas. Este enfoque coincide con el interés expresado por funcionarios estadounidenses tras la visita a Caracas del secretario de Interior, Doug Burgum, quien afirmó que empresas de su país “desean operar en Venezuela” y destacó la importancia de avanzar hacia “seguridad jurídica” para el capital internacional.
El debate de la ley se realiza artículo por artículo. La semana pasada, el Parlamento había aprobado 12 apartados, incluyendo uno clave que faculta al Ministerio de Minas a fomentar la inversión en el sector.
La discusión de los artículos restantes quedó pendiente para una próxima sesión, sin fecha definida, lo que mantiene en suspenso la aprobación definitiva de una normativa considerada fundamental para diversificar la economía venezolana y responder a la demanda internacional por recursos minerales.
En paralelo, la Asamblea Nacional aprobó una ley orgánica que simplifica los trámites administrativos en el sector público, permitiendo a la Presidencia modificar o eliminar procedimientos burocráticos para agilizar procesos y facilitar la llegada de inversiones extranjeras.
Esta legislación, también impulsada por Delcy Rodríguez y respaldada por el gobierno de Estados Unidos, busca eliminar las trabas institucionales que limitan la eficiencia del Estado y obstaculizan el flujo de capital hacia sectores estratégicos como hidrocarburos y minería.
Ambas reformas forman parte de una serie de cambios presentados al Parlamento a inicios de año, orientados a incentivar la participación privada y extranjera en áreas clave de la economía venezolana.
El marco regulatorio propuesto para el sector minero y la simplificación de trámites estatales han recibido el apoyo de funcionarios estadounidenses, quienes han destacado la importancia de un entorno favorable para las inversiones tras años de sanciones y restricciones.
