La expresidenta interina Jeanine Áñez fue condenada a 10 años de cárcel el viernes por haber asumido ese cargo durante la crisis política de 2019 en Bolivia, en medio de violentas protestas que precipitaron la renuncia del mandatario Evo Morales.
El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz condenó también a 10 años al excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y al excomandante de la policía Vladimir Calderon, y otros cuatro exjefes militares recibieron penas menores.
Áñez fue procesada en juicio ordinario, acusada de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución por la sesión del Congreso en la que, siendo senadora, se proclamó presidenta del país y con ello violentó procedimientos legales, según la acusación.
Tras perder un referendo en el que se rechazó que volviera a postularse a la presidencia, Morales se candidateó a un cuarto mandato consecutivo, pero la misión de observación de la OEA consideró que las elecciones de 2019 habían sido fraudulentas, lo cual detonó un estallido social que dejó 37 muertos y obligó al político a dimitir y refugiarse en México.
Jorge Valda, abogado de la exmandataria, explicó a la televisora Red Uno que les queda recurrir a una apelación y que esperarán a que se den a conocer los argumentos de la decisión, la cual se leerá en una audiencia prevista para el 15 de junio.
En un principio el Ministerio Público y el gobierno solicitaron una pena de 15 años de cárcel para Áñez, ya que la acusaron de violentar los procedimientos legislativos en una acción planificada que calificaron de golpe de Estado. La defensa alegó que el vacío de poder generado por la renuncia y posterior huida de Morales y de su vicepresidente habilitaron a Áñez a la sucesión en su calidad de segunda presidenta del Senado.
Tras cerrar los alegatos, el Tribunal de Sentencia escuchó el viernes a Áñez.
“Yo no moví un dedo para llegar a la presidencia, pero hice lo que tenía que hacer para pacificar el país que Morales dejó convulsionado para huir», dijo Áñez desde el penal donde está detenida. «Ustedes no tienen competencia para juzgar a una expresidenta y van a dejar un legado de ignominia, de abuso y persecución porque van a juzgar a una expresidenta con todos los agravios posibles, pero nosotros vamos a seguir en la vía internacional”.
Afuera de la cárcel se apostaron medio centenar de personas portando carteles en contra de Áñez.
No prosperaron los pedidos de la exmandataria para ser procesada en libertad y en un juicio de responsabilidades que requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa por dos tercios de los votos, de los cuales carece el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), partido que lidera Morales.
Áñez enfrenta otras cuatro acusaciones, una de ellas por la muerte de 20 seguidores de Morales durante las protestas, pero expertos dicen que hay pocas posibilidades de que prosperen ante la falta de votos en el Legislativo. La oposición política se ha negado a apoyar un juicio si no son incluidos Morales y sus excolaboradores, que han quedado al margen de las investigaciones judiciales.
“He pedido a la ONU y la Unión Europea, facilitadores del diálogo en la crisis de 2019, que se pronuncien sobre la inexistencia de golpe ni delito en la sucesión constitucional de Áñez. Creo que es su deber moral”, dijo en su cuenta de Twitter el viernes el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), que fue rival de Morales.
Para los políticos del MAS, el juicio sentará un “precedente histórico” contra la impunidad, dijo el diputado Juan José Jáuregui. AP
