Garantizar los derechos de la oposición y el retorno de los exiliados será la prueba de una apertura que debe conducir a elecciones libres
La captura de Nicolás Maduro ha abierto en Venezuela, en apenas tres meses, una escena que durante años pareció imposible: la del cambio. No es todavía una transición fiable, pero sí el fin de una inercia que parecía inamovible. Y eso, en un país acostumbrado a la parálisis, ya es un avance. La liberación de presos políticos, ciertas aperturas en el espacio público y una tímida reactivación de la vida política sugieren que algo se ha movido en el corazón del sistema. Incluso dentro del chavismo se perciben reajustes, intentos de reorganización y señales de que el poder ya no descansa en un solo nombre. Conviene reconocer esos avances por puro realismo. Venezuela llevaba demasiado tiempo atrapada en una lógica de bloqueo total, donde cada gesto era imposible y cada expectativa se estrellaba contra un muro autoritario y represor. Hoy ese muro presenta grietas. La sociedad vuelve a asomarse a la calle, la oposición intenta recomponerse y la comunidad internacional ha vuelto a mirar al país como un escenario abierto y no como un caso perdido.
No obstante, sería un error y una irresponsabilidad política confundir cambio con democratización. La historia latinoamericana está llena de transiciones fallidas, de aperturas controladas que terminaron consolidando nuevas formas de autoritarismo. Venezuela no está vacunada contra ese riesgo. Al contrario: su institucionalidad está profundamente erosionada, su sistema judicial sigue siendo débil y el equilibrio de poderes es prácticamente inexistente. El momento actual, por tanto, no debe leerse como una llegada, sino como un punto de partida. Un terreno frágil, en el que todo está aún por definirse. La propia estructura de poder sigue dominada por actores del antiguo régimen, y los movimientos recientes dentro de las fuerzas armadas o del aparato estatal no necesariamente implican una ruptura, sino una reconfiguración.
En ese contexto, hay una única vara de medir para evitar las trampas del autoengaño: las elecciones. No cualquier elección, no una votación apresurada o controlada, sino un proceso verdaderamente libre, competitivo y con garantías plenas. Eso implica reformas institucionales profundas y condiciones de equidad política. Implica también garantías efectivas para todos los actores políticos, incluidos aquellos que hoy permanecen en el exilio, así como el restablecimiento inmediato de una prensa libre, sin restricciones ni amenazas, capaz de informar y fiscalizar el proceso. La prueba de fuego será, por tanto, la vuelta de los opositores, entre ellos, por supuesto, María Corina Machado. El respeto a sus derechos servirá para medir la credibilidad de la apertura.
La ciudadanía venezolana —y no Donald Trump ni la jerarquía chavista, aferrada al poder tras el fraude electoral de 2024— es quien debe decidir el rumbo del país. Y esa decisión solo puede ser legítima si se produce en un marco donde el voto sea libre, el árbitro electoral independiente y la competencia real. Sin eso, cualquier avance será provisional, reversible y, en el peor de los casos, una simulación. La caída de Maduro ha abierto una puerta que durante años permaneció cerrada, pero una puerta abierta no es todavía una salida. Solo lo será cuando conduzca a un proceso en el que los venezolanos puedan decidir, sin miedo y sin trampas, quién gobierna su país. Todo lo demás es importante, pero será insuficiente si no desemboca ahí. Lo que está en juego no es solo el fin de una etapa, sino la posibilidad de que, por primera vez en mucho tiempo, Venezuela vuelva a elegir su futuro.
