Derechos humanos y presos políticos
Aunque se han producido excarcelaciones selectivas —entre 143 y 166 presos políticos desde el 8 de enero— organizaciones como Foro Penal y la Plataforma Unitaria denuncian que aún permanecen detenidas entre 777 y 946 personas por motivos políticos.
Entornointeligente.com Enero de 2026
Venezuela atraviesa una transformación política, económica y diplomática profunda tras la captura y extradición a Estados Unidos de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el 3 de enero de 2026. El país se encuentra actualmente bajo el mando interino de Delcy Rodríguez, en un proceso de transición condicionado por la influencia directa de Estados Unidos, la apertura petrolera y la presión internacional en materia de derechos humanos.
Transición política y relación con Estados Unidos
Fuentes coinciden en que Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez mantuvieron negociaciones secretas con funcionarios estadounidenses antes de la captura de Maduro, con mediación de Catar, para garantizar una transición ordenada y evitar un colapso institucional. Tras la intervención militar, Rodríguez asumió la presidencia encargada y ha sido reconocida por la administración de Donald Trump como una figura clave para mantener la estabilidad.
Estados Unidos designó a Laura F. Dogu como encargada de negocios para Venezuela, con base inicial en Bogotá, con el mandato de liderar la reapertura de la misión diplomática en Caracas, monitorear la situación de derechos humanos y coordinar la nueva relación bilateral. Este nombramiento forma parte de un plan de estabilización diseñado por el secretario de Estado Marco Rubio.
En paralelo, Trump ha elogiado públicamente el liderazgo de Rodríguez, aunque no ha descartado un rol futuro para la líder opositora María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, quien se ha reunido con autoridades estadounidenses para exigir una transición democrática plena.
Reestructuración militar y control interno
El gobierno interino inició una reconfiguración de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con cambios en comandos regionales, Zonas de Defensa Integral y el círculo de seguridad que respondía directamente a Maduro. Estas medidas buscan consolidar el control del Estado y prevenir fracturas internas en un contexto de alta tensión.
Reforma económica y apertura petrolera
Uno de los cambios más relevantes es la reforma a la Ley de Hidrocarburos, que desmonta el modelo de control estatal instaurado durante el chavismo. La nueva legislación elimina la obligatoriedad de que PDVSA sea socio mayoritario, permite a empresas privadas operar campos petroleros de forma independiente, reduce regalías y habilita el arbitraje internacional.
Estados Unidos controla temporalmente los ingresos derivados de la venta de crudo a través de una cuenta en Catar, desde donde ya se transfirieron 300 millones de dólares a Venezuela para estabilizar la economía. El Ejecutivo interino proyecta un aumento del 37 % en los ingresos nacionales en 2026.
Este nuevo esquema ha generado tensiones con China, ya que el control estadounidense del crudo ha interrumpido el pago de deudas que se realizaban mediante envíos de petróleo.
Empresas como Vitol, Trafigura, Repsol, y refinerías estadounidenses como Valero Energy y Phillips 66 ya participan en operaciones comerciales, mientras Trump aseguró que grandes petroleras iniciarán perforaciones “muy pronto”.
Derechos humanos y presos políticos
Aunque se han producido excarcelaciones selectivas —entre 143 y 166 presos políticos desde el 8 de enero— organizaciones como Foro Penal y la Plataforma Unitaria denuncian que aún permanecen detenidas entre 777 y 946 personas por motivos políticos.
Persisten denuncias de desapariciones forzadas, como el caso del líder sindical José Elías Torres, cuyo paradero se desconoce desde hace más de 50 días. La oposición advierte que el sistema represivo sigue operativo pese a los gestos de apertura.
Situación social y reacción regional
Mientras en el exterior se registran expresiones de apoyo a la intervención estadounidense —especialmente en países como Perú, Chile, Argentina y Colombia— dentro de Venezuela persiste un clima de temor. Se reportan controles policiales, revisiones de teléfonos y vigilancia para detectar celebraciones o manifestaciones a favor de la caída de Maduro.
