Directivos del Sindicato de Empleados Públicos del Ejecutivo del Estado Lara (Sepeel) denuncian que muchos trabajadores han sido trasladados de sus cargos, despedidos o destituidos debido a motivos de índole política.
“Muchos los trabajadores” han sido víctimas de atropello sobre todo tras las elecciones presidenciales del 28 de julio 2024, acusó el presidente del sindicato, Julio Marín, quien acudió este martes al Tribunal Contencioso Administrativo, acompañado del secretario del sindicato Robert Sánchez, para precisamente ventilar ante el Tribunal Contencioso Administrativo el caso de un trabajador quien fue cambiado de la Prefectura de Duaca hacia la jefatura civil de la urbanización Las Trinitarias, al este de Barquisimeto.
Ese trabajador para cubrir el costo diario de su movilización debe contar con al menos cuatro dólares y gana 80 bolívares quincenales. En esa condición económica es imposible que pudiera cumplir con sus funciones y le abrieron un procedimiento y lo despidieron.
En relación con las cifras de afectados, mencionó que muchos trabajadores no informaron al sindicato, ya sea porque acababan de ser contratados o por temor.
La mayoría de los trabajadores afectados se encontraban en las jefaturas civiles y prefecturas. La Dirección de Asuntos Civiles, situada en la intersección de Vargas con la calle 17, fue el lugar donde se registraron más cambios y despidos injustificados, aseguró.
Inclusive 14 trabajadores, grado 99, son de libre nombramiento y remoción y los destituyeron por publicar videos en sus estados de whatsApp, menciona.
«No es delito militar en un partido político»
Reiteró que dichas acciones responden más a intereses político-partidistas que a motivos laborales. “No es un delito actuar como testigo de mesa en un proceso electoral, ni tampoco participar activamente en un partido político; sin embargo, esa parece ser la supuesta falta por la que varios trabajadores han sido despedidos, removidos o trasladados de sus puestos”.
Los trabajadores no se ajustan a las disposiciones legales, en primer lugar, debido a su falta de confianza en los tribunales. En segundo lugar, no cuentan con los recursos económicos necesarios para contratar abogados. Y en tercer lugar, encontrar abogados especializados en derecho administrativo resulta complicado, destacó.
Marín señaló que, cuando inició «la arremetida» contra los trabajadores, acudió a la Inspectoría del Trabajo para exigir el cumplimiento del Decreto Presidencial de Inamovilidad Laboral que los respalda. Sin embargo, afirmó que es el mismo Gobierno quien vulnera estos derechos laborales. ac
