En diálogo bilateral entre la administración de Nicolás Maduro y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, marcó el reinicio -el pasado 3 de julio- de una nueva etapa en las relaciones entre ambos países, interrumpidas desde 2019. De ese primer encuentro virtual que busca «ganar confianza», pasarán a reuniones presenciales que se espera comiencen esta semana.
La oposición no fue convidada a ese primer encuentro, pero manifestó su disposición a retomar las conversaciones y activó a la delegación negociadora encabezada por Gerardo Blyde para que participe en las reuniones que conduzcan a lograr un «ambiente de mayor normalidad«, dijo Omar Barboza, secretario de la Plataforma Unitaria.
Al anunciar el reinicio de las conversaciones, Nicolás Maduro informó que el objetivo es cumplir con los acuerdos de Catar y superar el conflicto con Washington.
De lo acordado en Catar a finales de 2023, es poco lo que se conoce, salvo la liberación de presos políticos y el levantamiento de algunas sanciones petroleras. En esta nueva etapa y cuando faltan 17 días para las elecciones presidenciales surgen varias interrogantes sobre los temas que la delegación oficialista lleva a la mesa de diálogo, y las implicaciones que lo acordado pueda tener en la política interna y externa de Venezuela.
Luis Peche, internacionalista y fundador de la consultora Sala58, comentó que las implicaciones de este diálogo pueden ser muy significativas debido a la confidencialidad con la que se han manejado. A medida que se acerque el 28 de julio, es probable que se revelen más detalles, pero podrían estar tratando temas de migración, petróleo o que la oposición pueda llegar con su candidato habilitado al día de la elección.
«Podríamos estar hablando, dependiendo del escenario, desde la planificación de una transición democrática en la cual hay ciertos acuerdos con garantías para el chavismo, hasta una notificación por parte del chavismo de que no va a salir del poder», destacó Peche.
Mientras que la delegación de Venezuela, liderada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez y el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, ha enfatizado que el diálogo debe centrarse en los principios de autodeterminación, soberanía y reciprocidad, la Casa Blanca por su parte, expresó su esperanza de que el diálogo sea «de buena fe» y subrayó la importancia de elecciones «competitivas e inclusivas» en Venezuela.
El profesor, investigador y analista estratégico de política Demóstenes Quijada explicó que el acuerdo de Catar es diferente del Acuerdo de Barbados ya que el primero no contempla la participación de la oposición democrática. De lo poco que se conoce de este acuerdo, se resalta la liberación de ciudadanos norteamericanos detenidos arbitrariamente y la petición constante de levantamiento de sanciones, incluida la liberación de Alex Saab.
Sin embargo, Quijada considera que el incumplimiento del Acuerdo de Barbados podría representar una carencia de verosimilitud tanto a nivel nacional como internacional de parte de las organizaciones y Estados que lo respaldan.
«La trascendencia de ese acuerdo de Catar sobre las necesidades que hoy plantea el escenario Venezuela en cuanto a la búsqueda de mínimas garantías para el evento del 28 de julio o el cese de la persecución y represión no está clara aún”, manifestó.
¿Qué tiene Venezuela para ofrecer?
Luis Peche consideró que el gobierno venezolano tiene varias herramientas con las que puede sentarse a debatir, desde el punto de vista pragmático. El control de todas las instituciones del país, la migración desenfrenada de venezolanos -una «bomba de tiempo para todos los países de la región» que afecta la frontera estadounidense y al hemisferio en general-, y la producción de entre 800 y 850 mil barriles de petróleo diarios les permite negociar condiciones y garantías para su proceso.
Quijada, por otro lado, opinó que la oferta más atractiva que Maduro podría hacer hoy es la “suspensión del sistema de persecución, secuestro, tortura y represión en general» junto con la liberación de presos políticos y la concesión de condiciones mínimas para permitir un cambio político en el evento del 28 de julio, dado que en las últimas semanas se ha ha intensificado la persecución y el secuestro de dirigentes y simpatizantes de la oposición, lo que el profesor e investigador interpreta como una «renovación del stock de rehenes para la dictadura”.
Las demandas de Venezuela podrían depender de si se configura un escenario que haga atractivas el levantamiento de las recompensas sobre las cabezas de varios representantes del oficialismo (entre ellos, la oferta de 15 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado, por información que conduzca a la detención de Maduro) y garantías de impunidad temporal bajo un esquema de justicia transicional flexible.
“La clave está en que exista un factor externo al proceso de negociación que obligue a la dictadura a acceder a la negociación en los términos descritos”, expuso.
Postura de la oposición ante el diálogo
A diferencia del Acuerdo de Barbados, donde la oposición tuvo un papel activo, este nuevo proceso se ha caracterizado por ser un diálogo directo entre los dos gobiernos, dejando a la alternativa democrática en un rol de observadores.
Demóstenes Quijada afirma que la oposición está haciendo un ejercicio de observación, investigación y permanente monitoreo de las señales que puedan brindar cada una de las partes.
“Evidentemente hay comunicación con la administración del gobierno de los Estados Unidos, pero ciertamente no hay una implicación directa de la alternativa democrática sobre este proceso… Debe estar concentrada en este momento en lo importante que es la definición y el trabajo en la protección y defensa del voto antes, durante y después del 28 de julio haciendo frente a todas las irregularidades, retos y limitaciones”, argumentó Quijada.
Peche, por su parte, reconoció que la oposición no puede participar en este diálogo bilateral, por falta de poder y por no tener elementos suficientes para negociar. De igual manera, están dispuestos a respaldar lo que se concluya en este acuerdo.
