Cuatro madres denuncian el traslado “arbitrario e inconsulto” de 16 jóvenes –ahora adultos—del Centro Socioeducativo “Pablo Herrera Campíns”, de El Manzano, a las cárceles “Fénix” y ”David Viloria”, de Uribana.
Las denunciantes se identificaron como Tibisay Boraure, Norelys Moreno, Natividad Rojas y Oriana Oviedo, todas residentes en Barquisimeto.
Explicaron que se trata de jóvenes –varones todos— que cayeron detenidos cuando eran menores de edad, y a quienes se les abrió el juicio respectivo, juicios que se han prolongado en el tiempo, y ya todos los 16, en este momento, son mayores de edad.
No obstante–explicaron- a estas alturas, todos han cumplido ya sus 18 años de edad, “pero, en tales condiciones, la ley respectiva los protege hasta tanto concluya el juicio de cada uno, y, además, mientras ellos no den motivos para que se les elimine esa protección”.
Contestando a una pregunta, explicaron que “nosotros hasta este momento, no sabemos de dónde provino esa orden, porque, hasta donde tenemos conocimiento, solamente el juez de cada caso en particular puede ordenar una medida de esa naturaleza”.
Pero reiteraron que la misma era “arbitraria e inconsulta”, pues insistieron en que a ninguno de los jueces de cada caso se les solicitó autorización para ello.
–Obviamente –enfatizaron–, nuestra preocupación y nuestra intranquilidad deviene del hecho de que, en primer lugar, en esas cárceles, la vida de nuestros hijos corre peligro, por las razones que todo el mundo conoce.
–Y, en segundo lugar, porque tener a un familiar en una de esas cárceles significa mucho mayores complicaciones para las diversas diligencias judiciales que ellos ameritan, como traslados a las audiencias, movilización de documentos, y hasta las mismas visitas.
También apuntaron las denunciantes que otros dos “muchachos” del referido centro socioeducativo, en similares condiciones, fueron al mismo tiempo trasladados, “igualmente de manea inconsulta y arbitraria”, pero en el caso de ellos hacia el Cuartel de Policía de la carrera 28 con la calle 30.
–De paso –recalcaron–, de esos 18, uno de ellos es de San Felipe, Estado Yaracuy; dos de Carora y dos de El Tocuyo
–Por lo tanto –dijeron finalmente—, a lo que aspiramos, con todo derecho, es a que nuestros muchachos sean nuevamente devueltos hacia la sede del Centro Socioeducativo “Pablo Herrera Campíns”, de El Manzano, pues esos traslados, además, fueron completamente ilegales.
Reinaldo Gómez
