Luisiana puede ahora aplicar su prohibición casi total de los abortos en virtud de una orden judicial emitida el viernes en medio de un aluvión de impugnaciones a las leyes estatales de “activación”, elaboradas para entrar en vigor cuando la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el fallo del caso Roe vs. Wade.
La decisión se tomó el mismo día en que el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva para proteger el acceso al aborto en los estados donde todavía es legal y mitigar las posibles sanciones que pueden enfrentar las mujeres que buscan el procedimiento después del fallo del máximo tribunal del país el 24 de junio.
Días después de la decisión de la Corte Suprema, el juez de distrito de Luisiana, Robin Giarrusso, emitió una orden de restricción temporal que prohibía la aplicación de la legislación estatal en respuesta a una demanda presentada por una clínica de abortos del norte de Luisiana y otros.
La jueza estatal de distrito Ethel Julien dijo el viernes que no tenía autoridad para extender la orden de restricción después de concluir que la demanda no debería haberse presentado en su corte, sino en la corte estatal en la capital, Baton Rouge. Agregó que la demanda debe seguirse allí porque sus afirmaciones de que las disposiciones de la ley son inconstitucionalmente vagas e incongruentes son asuntos relacionados con la legislación.
El fallo fue una victoria para el fiscal general del estado, Jeff Landry, y los abogados estatales, quienes argumentaron que la demanda se había presentado incorrectamente en Nueva Orleans.
