Juez cuestiona si Trump revocó el TPS de Venezuela al comparar a sus ciudadanos con el Tren de Aragua
El juez de distrito Edward M. Chen no tomó una decisión sobre el TPS este lunes en San Francisco. Sí cuestionó al gobierno sobre si las razones para acabar el beneficio para los venezolanos incluían fallas en la extensión dada por el gobierno de Biden y un interés racial.
En una audiencia este lunes en una corte del distrito norte de California, el juez Edward M. Chen cuestionó a los abogados del gobierno sobre las razones por las que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocó la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos otorgada por la administración de Joe Biden.
En la sala de San Francisco estaban presentes este lunes abogados del gobierno, pero también defensores de venezolanos con TPS. Ambos planteando argumentos sobre por qué debe o no mantenerse el beneficio, revocado para aquellos que aplicaron en 2023 y cuya protección se vence el 7 de abril de 2025.
«Me da la impresión de que no fueron decisiones basadas en una evaluación sobre las condiciones del país, basadas en relaciones exteriores, sino que parece que se vio el procedimiento de si el secretario (Alejandro) Mayorkas esencialmente causó confusión», dijo el juez Chen, al referirse a la orden del gobierno de Trump de revocar la extensión dada a los tepesianos por la administración de Joe Biden. En esa decisión del 10 de enero —días antes de la entrada de Trump a su segundo mandato— el secretario Alejandro Mayorkas permitió que los beneficiarios del TPS que entraron en 2021 y en 2023 —sin distinción— pudieran estar protegidos hasta el 2 de octubre de 2026.
Chen cuestionó a la abogada del gobierno por qué si creían que la designación de Mayorkas generaría confusión no separaban las fechas de designación del TPS y mantenía sus plazos, en lugar de revocar todo el beneficio y poner en riesgo de deportación a más de 500,000 personas.
En su decisión del 10 de enero, el entonces secretario Alejandro Mayorkas extendió el TPS al asegurar que en Venezuela persistían condiciones extraordinarias que no permitían el regreso de sus ciudadanos. Tras una revisión y consulta con otras agencias federales, dijo, decidió otorgarlo «basado en una severa emergencia humanitaria que el país continúa enfrentando por las crisis política y econmómica que persisten bajo el inhumano régimen de (Nicolás) Maduro». Prosiguió describiendo que esas condiciones habían contribuido a mantener altos índices de criminalidad y violencia; que habían impactado el acceso a la comida, a medicinas, a servicios médicos y básicos, como agua o luz.
Al revocar la designación, Noem aseguró que la mayoría de las condiciones por las que Mayorkas designó el TPS para Venezuela habían mejorado.
Las «entradas ilegales» como un argumento para revocar el TPS
Para revocar la extensión del TPS a los venezolanos, el gobierno de Trump ha argumentado además que este beneficio —así como el ‘parole’ humanitario— motivó una mayor migración procedente de Venezuela por la frontera sur. Sin mostrar evidencias, el gobierno ha asegurado que miembros de la banda venezolana Tren de Aragua, catalogada como una organización terrorista, han optado por venir a Estados Unidos y aprovecharse del TPS para permanecer de forma legal.
Chen explicó que reclamos constitucionales pueden ser revisados judicialmente cuando alegan «animadversión racial o étnica». El gobierno defendió que la decisión de Noem de terminar el TPS para los venezolanos de la designación de 2023 estuvo basada «explícitamente» en el interés nacional de proteger al país de presuntos miembros del Tren de Aragua.
Para el juez, esa conexión no es tan obvia. «¿Cuál es la conexión entre extender o no el TPS para aquellos que ya están aquí y el interés nacional de no facilitar entradas ilegales?», cuestionó. «Estoy tratando de entender la perspectiva de seguridad nacional (…) y que no queremos fomentar la entrada ilegal a Estados Unidos (…) Pero me cuesta entender ¿cómo se cancela el estatus de quienes están en el país, cómo se extiende o no? ¿Cómo afecta eso la entrada ilegal?», continuó. La abogada del gobierno respondió que ese no es un tema que debe ser revisado por la corte.
Los abogados de los beneficiarios del TPS consideraron que en otras decisiones se concluyó que, porque una persona de un país cometa un crimen, no puede hablarse de un problema de seguridad nacional. Defendieron que hasta la fecha no hay evidencia de que un tepesiano venezolano haya cometido un delito o sea parte de la organización criminal Tren de Aragua.
«Es un paquete de mentiras», dijo el abogado de los tepesianos al recordar que en el incidente de violencia en el complejo de apartamentos de Aurora, en Colorado, no se halló relación de los implicados con el Tren de Aragua. Recordaron también las veces que Noem catalogó de «basuras» a los venezolanos fichados —sin suficiente evidencia, según abogados y organizaciones— como miembros de la banda o cuando insistió —igual que Trump— en que Venezuela estaba vaciando sus cárceles y centros de enfermos mentales para enviarlos a Estados Unidos.
Ante estos argumentos, el juez Chen le dio la palabra al gobierno. Les preguntó si esas afirmaciones no «parecen difamar a todo un grupo de más de 600,000 venezolanos que están aquí. ¿No es eso casi la definición de racismo?», les preguntó. «Se crea un estereotipo generalizado sobre todo un grupo y luego se actúa al respecto, cuando realmente parece no haber fundamento para esa generalización», prosiguió en su cuestionamiento.
La abogada del gobierno respondió de forma evasiva. Dijo que debía ponerse atención es en las razones planteadas en el texto con la revocación, pero el juez insistió. Volvió a preguntarle si esas aseveraciones no pueden ser consideradas como un «estereotipo racial». Ella insistió en que los abogados de los demandantes sacaron las palabras de Noem de contexto y que ella sólo se refirió como «basura» a los miembros del Tren de Aragua.
El juez Chen no tomó una decisión este lunes. Aseguró que primero evaluará la jurisdicción de su corte para conocer de esta materia. Recordó que en ese plazo es posible que las otras dos cortes con demandas de venezolanos por el TPS puedan manifestar decisiones. Por ahora, pidió a los abogados de ambas partes que se preparen para defender la permanencia o no de este beneficio para más de 600,000 personas.
