El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, se ha apartado formalmente de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esta decisión se produce en cumplimiento de una orden de la Sala de Apelaciones, que determinó que existía un «conflicto de intereses» debido a una relación profesional y familiar de Khan con la abogada que representa al gobierno de Nicolás Maduro.
La orden de la Sala de Apelaciones, emitida el 1 de agosto, se basó en la «relación familiar, profesional y jerárquica» que el fiscal tiene con su cuñada, la abogada Venkateswari Alagendra. Aunque Khan ha manifestado su desacuerdo con la interpretación de los magistrados, ha acatado la decisión y ha remitido su excusa formal desde La Haya.
El caso, conocido como Venezuela I, ahora quedará bajo la responsabilidad del vicefiscal Mame Mandiaye Niang. La investigación se centra en los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano desde 2014, en el contexto de la represión a la disidencia y las protestas.
El proceso se inició a raíz de una solicitud de la Fundación Arcadia, liderada por el activista Robert Carmona-Borjas, quien denunció los posibles conflictos de interés en la conducción de la investigación. La salida de Khan es un paso crucial en el desarrollo del caso, que ahora continuará con un nuevo liderazgo.
