Tras la captura y extracción de Nicolás Maduro el 3 de enero del año en curso durante un operativo militar de Estados Unidos, Delcy Rodríguez asumió la jefatura interina del régimen venezolano.
Durante su “mandato” se puso en marcha una Ley de Amnistía General, promulgada entre el 19 y el 20 de febrero, la cual, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, ha sido de forma limitada, selectiva e insuficiente.
Aunque la medida contempla hechos políticos ocurridos desde 1999, deja por fuera de forma expresa a militares y a personas procesadas por delitos como “traición a la patria” o “solicitud de intervención extranjera”.
Aparte de esto, muchas de las personas excarceladas no recuperan plenamente su libertad, ya que continúan sometidas a medidas cautelares como arresto domiciliario, vigilancia con dispositivos electrónicos o restricciones para declarar a medios de comunicación.
Vale acotar que la amnistía no se concede de manera automática. Los beneficiarios deben tramitarla ante los mismos tribunales que llevaron sus casos, lo que abre la puerta a decisiones selectivas.
Situaciones como la del abogado Perkins Rocha y la periodista Nakary Mena evidencian negativas de amnistía pese a haber sido liberados con anterioridad.
Juan José Freites, exprisionero político venezolano, y Mariela Durán, madre del preso político Samuel Durán, integrante de la GNB, abordaron el tema en el programa La Noche de NTN24.
“Nosotros entendemos esto (situación actual en la política venezolana) hay que apretar el acelerador… Muchas personas aún se encuentran en las mazmorras del régimen”, dijo Freites.
A su turno, Durán mencionó: “mi hijo ha sido víctima de muchas torturas, está muy delgado, lo han desnudado, le han caído a palo, lo han guindado junto con otros compañeros como carne de res”.
Hasta el momento, mientras la cúpula de la dictadura venezolana asegura haber liberado a más de 7.000 personas, ONG como Foro Penal reportan cantidades considerablemente menores, cercanas a 950 casos vinculados a detenciones arbitrarias.
