El 18 de octubre de 1945 fue derrocado por un golpe militar el entonces presidente de Venezuela, general retirado Isaías Medina Angarita, el que fuese reemplazado en ese momento por una junta cívico-militar que encabezó Rómulo Betancourt, el máximo líder del partido Acción Democrática (AD).
Para que ello ocurriera, sin embargo, se conjugaron diversos factores, pero más que todo políticos, por cuanto, durante los cuatro años en que permaneció en el poder, el régimen de Medina Angarita fue, en primer lugar, profundamente respetuoso de los derechos humanos, de acuerdo con la mayoría de los historiadores venezolanos.
Gobierno respetuoso
Y fue también respetuoso del accionar de los diferentes partidos políticos y de las distintas corrientes del pensamiento humano.
Es más, por una de esas ironías que algunas veces se dan en la vida, durante su gobierno, fueron legalizados AD, precisamente el movimiento político que coadyuvó y participó en la militarada, y el Partido Comunista de Venezuela (PCV).
Estas organizaciones políticas, por cierto, llevaban unos cuantos años luchando por su legalización, y –lo que son las cosas– fue precisamente el gobierno de Medina Angarita el que les aportó esa legalidad que tanto ansiaban y buscaban.
El gran error
Ahora, tal vez el gran error de Medina Angarita fue, por un lado, el no haber sabido manejar la cuestión militar, que se le fue saliendo de las manos poco a poco.
Y, al parecer, no tuvo tampoco acierto en el manejo del delicado asunto de la sucesión presidencial a él mismo, ya que debía cesar su mandato a comienzos de 1946.
Valga recordar que, para ese entonces, al presidente de la república –incluido el propio Medina- lo elegía el Congreso Nacional, permanentemente controlado por el ejecutivo nacional, y no lo elegía el pueblo, en votación directa y secreta.
Una de las grandes banderas
Precisamente, esta última era una de las grandes banderas que esgrimía AD, el principal partido opositor de ese momento, que reclamaba esa elección directa y secreta, una prédica que había logrado calar profundamente en una buena parte de los alrededores de cuatro o cinco millones de habitantes con que, para ese momento contaba Venezuela.
Pese a todo ello, no obstante, Medina Angarita, aun viniendo de las filas militares, encabezó un gobierno que no fue ni represor ni violador de los derechos humanos.
La sublevación
Pero resulta que, un día antes del 18 de octubre, el gobierno logra detectar la conspiración y detiene a uno de los principales cabecillas, como lo era el para ese momento mayor Marcos Pérez Jiménez, lo cual acelera entonces la ejecución de la asonada,
La referida sublevación militar del 18 de octubre de 1945 fue encabezada por el también mayor Carlos Delgado Chalbaud, quien, para ese entonces, era el director de la Academia Militar de Venezuela.
Otros jefes militares, como el también mayor Marcos Pérez Jiménez y el capitán Mario Ricardo Vargas, estuvieron igualmente liderizando el golpe de Estado.
Durante todo el 18 de octubre, hubo tiroteos y escaramuzas en varias partes de Caracas, que incluso se saldaron con varios fallecidos.
La junta de gobierno
Al final del día siguiente, 19 de octubre en la noche, y ya habiendo renunciado Medina Angarita, se conformó una junta cívico-militar de gobierno, que estuvo integrada, además de por Rómulo Betancourt, por los también civiles Raúl Leoni, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Gonzalo Barrios, Edmundo Fernández y los ya citados militares Delgado Chalbaud y Vargas.
A manera informativa, y como cosa curiosa, valga señalar que, menos de una semana después, y a instancias del propio Betancourt, los integrantes del nuevo gobierno colegiado, que por cierto se autodenominó “Junta Revolucionaria de Gobierno”, firmaron un documento, o comunicado, en el que se comprometieron a no participar como candidatos en ninguno de los procesos electorales que la misma Junta iría promoviendo y organizando.
Se trata de un dato que muy pocos venezolanos saben, y que es de mucha curiosidad y vigencia actual, justamente ahora, cuando la tendencia de algunos gobernantes, sobre todo de América Latina, es a modificar las respectivas Constituciones de sus países, para ver cómo hacen para eliminar los artículos que establecen la prohibición de reelección presidencial, o, en todo caso, para incluir esa posibilidad, con el fin evidente de perpetuarse o de mantenerse en el poder.
Algo que, por cierto, contradice por completo –o irrespeta, si se quiere– aquel pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar, que reza:
“Nada es más peligroso que dejar mucho tiempo a un hombre en el poder, porque éste se acostumbra a mandar y el pueblo a obedecerlo, de donde se originan la opresión y la tiranía” (RG).
