Con más de tres décadas dedicadas a la formación de abogados y al estudio del derecho penal, la secretaria general de la UCAB afirmó que decidió postularse al considerar que el momento que vive Venezuela exige un compromiso ciudadano y señaló que, como venezolana comprometida con su país, cree que desde la Fiscalía General de la República podría contribuir al proceso de reinstitucionalización. No teme a posibles presiones políticas y, de llegar al cargo, actuaría conforme a la ley
Magaly Vásquez afirmó que investigará los hechos que deban investigarse dentro del país, respetando el debido proceso y las garantías legales | Fotos Abraham Tovar
La abogada penalista y académica Magaly Vásquez postuló su nombre para ocupar el cargo de fiscal general de la República,una decisión que, aseguró, responde a su trayectoria profesional y a la convicción de que puede contribuir a recuperar la confianza en el Ministerio Público.
Con más de tres décadas dedicadas a la formación de abogados y al estudio del derecho penal, la también secretaria general de la Universidad Católica Andrés Bello sostuvo que cumple con los requisitos legales y éticos que exige la Constituciónpara ejercer esa responsabilidad.
Afirmó que la designación del próximo fiscal general debe responder a criterios objetivos y a la evaluación del perfil de los candidatos. “Si yo no cumpliera con el perfil, no me habría postulado”, señaló Vásquez, quien aclaró que el apoyo que recibe ha surgido desde la sociedad civil y el ámbito académico, no desde organizaciones políticas.
Tomó la decisión de postularse al considerar que el momento que vive Venezuela exige un compromiso ciudadano y, en ese sentido, afirmó que, como venezolana comprometida con su país, cree que desde la Fiscalía General de la República podría contribuir al proceso de reinstitucionalización.
Además de desempeñarse como secretaria de la UCAB, Magaly Vásquez cuenta con una amplia carrera académica. Es abogada egresada de esa casa de estudios, donde también obtuvo especializaciones en Ciencias Penales y Criminológicas y un doctorado en Derecho. A lo largo de su trayectoria ha sido profesora titular y jefa de la Cátedra de Derecho Procesal Penal en la Escuela de Derecho de la UCAB, además de ocupar cargos como directora de la Escuela de Derecho y decana encargada de la Facultad.
También ha participado en investigaciones en instituciones internacionales, entre ellas el Instituto Max-Planck de Derecho Penal Internacional y Extranjero, en Alemania, y ha sido docente de posgrado en distintas universidades. Asimismo, formó parte del equipo que trabajó en la redacción del Código Orgánico Procesal Penal y de la Ley Especial contra Delitos Informáticos en Venezuela.
En enero de 2023 fue elegida individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, donde ocupa el sillón N° 33 y su incorporación se concretó el 9 de julio de 2024, un hecho histórico porque se convirtió en la primera mujer especialista en derecho penal en ingresar a esta institución.
—Dicen que su postulación es una prueba de fuego para la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, en este momento en el que se habla de una transición hacia la democracia.
—Creo que esa afirmación tiene que ver, primero, con el hecho de que mucha gente no se esperaba que hubiera una participación como la que aparentemente hay para el cargo, en este caso, de fiscal general de la República. Y, en segundo lugar, que se pudiera postular alguien que no ha tenido un perfil público y que durante su vida se ha dedicado fundamentalmente al tema académico, como es mi caso. Siendo así, entiendo que lo que se ha percibido en el colectivo es que efectivamente se trata de revisar si lo que se está evaluando, si lo que se va a evaluar, son las credenciales, el cumplimiento efectivamente de los requisitos establecidos en la Constitución o si privarían otros intereses. En mi caso, mi apoyo es académico estrictamente porque es el medio en el que me he desenvuelto, en el que he tenido una trayectoria que la gente reconoce, y que explicaría algo que para mí ha sido bastante sorpresivo, como ha sido el amplio apoyo desde la sociedad civil que ha tenido esta postulación.
—Usted ya ha dicho que quiere garantizar justicia en un país marcado por años de corrupción y denuncias de violaciones de derechos humanos. ¿Cree realmente que se permitirá que alguien con ese objetivo lidere el Ministerio Público?
—Si yo no cumpliera con el perfil, no me habría postulado. Se está planteando la posibilidad de que se resuelva, de que se haga una designación objetiva. Por eso considero que sí hay una amplia posibilidad de que pueda ser designada como la próxima fiscal general de la República. Estoy poniendo en consideración mi nombre, una hoja de vida, una trayectoria. Considero que cumplo con los requisitos no solamente legales, incluso cuando la Constitución habla de las exigencias para ser fiscal habla de reconocida honorabilidad, o sea, yo tengo una hoja de vida y una trayectoria profesional y moral que me habilita para asumir una responsabilidad como esta. Y por eso creo que la oportunidad no se debe dejar pasar. Si efectivamente hay una disposición de querer reconciliar y de facilitar —como se le dio el nombre a la Ley de Amnistía— esa convivencia democrática, esta es una oportunidad de oro. Y por eso confío en mí y en que justamente por esas características y ese perfil que represento, se pueda actuar en consecuencia y que la decisión sea efectivamente objetiva. Que si se designa a otro fiscal general sea porque efectivamente cumple con los requisitos que se necesitan para ese cargo desde el punto de vista legal, moral, reputacional, etcétera.
—Hablando de esa confianza que siente en sí misma y de sus credenciales, ¿cómo tomó esa decisión de postularse? ¿Cómo fue el momento en el que usted dice ‘yo puedo ser útil para el país’ y en el que se lo plantea a universidad y la Academia de Ciencias Políticas y Sociales?
—Esta es una decisión personal, y es una decisión personal meditada, muy reposada, que tiene que ver con algo que he tratado de resumir en una palabra: coherencia. Decidí postularme por coherencia, porque soy una abogada venezolana convencida de que el sistema de justicia en general, pero el sistema de justicia penal particularmente, que es el área en la que tengo alguna experticia, puede cambiar y mejorar. Entonces, si se abre un espacio o una oportunidad —en este caso, se convocó para dos cargos correspondientes al Poder Ciudadano, y yo reúno los requisitos necesarios para uno de esos cargos— ¿por qué no me voy a postular? Yo creo cumplir con esas exigencias, es más, voy a ser mucho más asertiva: estoy segura —y no es un ejercicio de vanidad ni porque soy engreída, sino porque soy una persona segura de mí misma— de reunir esas condiciones. Entonces tomé la decisión de postularme y la planteé en la universidad, al equipo con el que trabajo, a mis compañeros de equipo rectoral, porque en este momento tengo responsabilidades como parte del equipo rectoral de la UCAB. Es una decisión que impacta a la institución porque yo no tenía la menor idea de que pudiera tener un nivel de aceptación como el que ha tenido esta postulación. Pero, en todo caso, una vez se conociera esa postulación, íbamos probablemente a escuchar voces a favor y en contra, y eso era algo que iba a incidir en la universidad. Y en el supuesto de que se llevase a cabo un proceso objetivo, transparente y pudiera ser designada como fiscal general de la República, estaría dejando responsabilidades muy importantes en la universidad. Era algo que también tenía que conversar con mi entorno laboral y conseguí la mayor receptividad. Eso dio lugar a que la Facultad de Derecho de la UCAB avalara mi postulación porque, reitero, la postulación es personal, pero fue avalada, fue bien acogida. Esta semana lo acaba de decir el Consejo Universitario y, una vez que se conoció esta decisión, universidades como la Metropolitana se sumaron al respaldo. También lo hizo la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, corporación a la que pertenezco y que avala esta postulación. A ese apoyo se añadieron la Academia Nacional de la Historia, la Universidad Monteávila y la Secretaría de la Universidad de Carabobo. Es decir, es algo que se ha incrementado con el transcurrir de los días y que ha reforzado una decisión que tomé por considerar que el momento histórico que vivimos demandaba un compromiso ciudadano y yo, como ciudadana venezolana, comprometida con mi país, considero que desde la posición de fiscal general de la República puedo contribuir en ese proceso de reinstitucionalización de Venezuela.
—¿Qué le dice el apoyo que ha recibido tras su postulación —quizás usted no era una persona muy mediática como lo es ahora— de la necesidad que tienen los venezolanos de que personas con experiencia, trayectoria y credibilidad estén al frente de las instituciones del país?
—Es que eso es lo que he recibido de la ciudadanía. De verdad que para mí esto representa un gran compromiso y me siento muy honrada con la sociedad civil —porque efectivamente mi apoyo no es político, mi apoyo es académico—. Mi apoyo es de la sociedad civil y ha surgido de manera muy espontánea. Me he sorprendido gratamente de esa aceptación de personas que no me conocían, que me conocieron a partir de que se hizo público el aval de la UCAB a esta postulación. Gente que me conoció en ese momento, gente con la que a lo mejor había tenido una vinculación muy puntual y que, de repente, creen que yo podría representar un cambio en cuanto a la percepción que se ha tenido en los últimos años del Ministerio Público. Y de todo lo que esa institución representa. Entonces, esto para mí es un compromiso muy grande porque siento que se han generado unas expectativas que, confío, tengo la certeza, de ser designada fiscal general cubriría esas expectativas. Y es algo que diría que incluso en la parte más humana me conmueve mucho porque me han enviado mensajes que evidencian que la gente no pierde la esperanza y eso es algo muy hermoso en este contexto. Porque la gente ve una posibilidad y se aferra a esa ella, y eso para una persona como yo genera un gran compromiso y me refuerza en esa decisión, en el sentido de que, si la gente cree que puedo de forma exitosa llevar adelante esa responsabilidad, no hay razón para que yo desista de esta iniciativa. Por eso acepto con la mayor humildad todas esas manifestaciones de apoyo, todo ese reconocimiento que tanto académicos como ciudadanos de a pie me han transmitido y que me hacen sentir sumamente honrada y agradecida con la vida y con este país que nos ha dado tanto, y en el cual he creído siempre. Nunca me he planteado irme de Venezuela porque creo en este país y es lo que además trato de fomentar en mis estudiantes. Yo me he dedicado más de 30 años de mi vida a formar abogados que crean en la justicia. Si eso es lo que yo digo en las aulas, ¿cómo voy a actuar en sentido contrario? Los profesores somos un modelo, debemos ser un referente y hay que ser coherentes, congruentes, entre lo que se dice y lo que se hace. Y es lo que estoy tratando de hacer.
—En Venezuela hay una deuda de justicia con las víctimas, especialmente en los casos de presos políticos y de personas que han denunciado violaciones de derechos humanos. ¿Cómo abordaría estos casos?
—El Ministerio Público está llamado a investigar tanto las violaciones de derechos humanos como los delitos comunes. Hay que comenzar por allí. Y uno de los aspectos en los que he insistido es que esas investigaciones de todo tipo de delitos se tienen que abordar con objetividad, con imparcialidad y con independencia porque el Ministerio Público es un organismo autónomo, responsable de la investigación de los delitos, que es una de sus funciones más importantes. Claro, quizá la parte penal es lo que le ha tocado más de cerca a la gente a partir de estas situaciones a las que tú te refieres, violaciones de derechos humanos, persecuciones, pero el Ministerio Público es más que eso. En lo que tiene que ver con esta parte, que además es la más cercana al ciudadano, porque nadie está exento de ser imputado o de ser víctima de un delito, ¿a qué me comprometo? A abordar la investigación y el procesamiento de esos casos con la objetividad que ellos requieren. Independientemente de quién es la persona presuntamente responsable de uno u otro hecho. Y digo presuntamente porque en los últimos años se ha generado una presunción de culpabilidad. Hemos llegado a una situación que creíamos que había desaparecido, o que tratamos que desapareciera, a partir de la aprobación del Código Orgánico Procesal Penal que le dio al Ministerio Público un rol protagónico que no tenía antes. Y es que veníamos de un sistema con dilación procesal, con hacinamiento, con violación de derechos humanos, con excesos policiales. Frente a todo eso, el Código Orgánico Procesal Penalaparecía como una alternativa y le dio al fiscal una posición estelar para, como garante de la legalidad, abordar toda esa problemática de manera coordinada con las autoridades, con los órganos de policía, con el Poder Judicial. Pero lastimosamente esas expectativas no se cumplieron, todo lo contrario: hemos visto a lo largo de los años una serie de reformas regresivas y en eso nuevamente viene el tema de la coherencia. Lo he dicho y lo he escrito de manera reiterada: las siete reformas que ha tenido el Código Orgánico Procesal Penal lo que han hecho es retroceder y hemos llegado a una situación bastante parecida a aquella que motivó la adopción de ese modelo donde se detenía primero y se averiguaba después. Eso no puede ser. Hay que investigar para detener, no detener para investigar, y eso es clave. Eso hay que volver nuevamente a interiorizarlo e implementarlo para que la gente tenga la seguridad, tanto la víctima como el imputado por cualquier hecho que se le atribuya, de que si lo van a investigar y lo van a procesar, le van a respetar sus derechos fundamentales.
—Hay cuestionamientos sobre la legitimidad de origen de las instituciones. Si la Asamblea Nacional que eventualmente la designara como fiscal general también es cuestionada, ¿cómo se construye la legitimidad? ¿Qué le dice a quienes ven este proceso con escepticismo?
—Soy de quienes creen que hay que participar cuando corresponde participar, que hay que ejercer los derechos para poder reclamar. Y eso tiene que ver incluso con el tema de la elección de la Asamblea Nacional. Quien les habla no votó, y no votó no porque no quisiera votar; por razones coyunturales, al momento en que se llevó a cabo la elección, me encontraba de viaje y no voté. Desde que tengo derecho a votar, siempre lo he ejercido, porque me parece muy irresponsable que luego cuestione una determinada gestión si tuve la oportunidad de participar y no lo hice. Entonces, partiendo de esa premisa, digo: si es la Asamblea que está ejerciendo funciones y, en consecuencia, se hace esta convocatoria, ¿por qué yo no voy a participar? Nos guste o no nos guste, se haya votado o no se haya votado, es la Asamblea que está en ejercicio de funciones y que ha aprobado leyes. Si se acepta para una cosa, ¿por qué no se puede aceptar para otra? Mi respuesta sería esa: si se reconoce que se han aprobado en las últimas semanas diferentes textos legales, ¿por qué no se reconocerían otras ejecutorias de la Asamblea Nacional? Entonces no deberíamos reconocer, por ejemplo, los efectos de la Ley de Amnistía, que los reconocemos y los valoramos, y cuestionamos aquello que se pudo haber incorporado en la ley y no se hizo. Cuando se aprobó el informe de primera discusión de la Asamblea Nacional y se abrió la consulta pública, asistí a la consulta pública. Creo que la Ley de Amnistía era una necesidad y que debía salir lo mejor posible. Como técnica, como profesora, como especialista en el área penal, acudí a esa consulta pública y llevé un documento con unas observaciones porque, como ciudadana, se estaba abriendo la posibilidad de que participara y dije: ‘Bueno, voy a hacer saber cuál es mi opinión’, se tomara en cuenta o no.
—¿Y se tomaron en cuenta sus observaciones?
—Algunas. Pocas, pero se tomaron en cuenta. La ley tenía una oportunidad de oro para haber sido un instrumento mucho más abierto. Lo he dicho y lo sustento. Creo que tiene una serie de disposiciones que, por la manera en como se plantearon, pueden dar lugar a interpretaciones distintas dependiendo de quién va a aplicar la ley, y eso no es bueno. No es bueno porque entonces un juez puede interpretar esa norma de una manera y el juez de al lado de una forma distinta, y al final eso se traduce en desigualdad, porque dependiendo de en qué tribunal se encuentre la persona, las decisiones pueden ser distintas. Se debieron escuchar un poco más las observaciones que se formularon desde distintos sectores para que se hiciera un instrumento legal mejor y más claro. Pero, así como hago mención a que se pudo mejorar notablemente el contenido de la Ley de Amnistía, también insisto en que si nosotros nos circunscribimos a lo que dio lugar a la Ley de Amnistía —al fundamento, a lo que se declara en la exposición de motivos, y es que el propio nombre ya lo dice: ‘amnistía y convivencia democrática’—, tenemos una serie de principios de igualdad y respeto a los derechos humanos que la ley declara. Eso tiene que estar por encima. Lo que guio la aprobación de la Ley de Amnistíadebería prevalecer y, por lo tanto, ante esas incongruencias, inconsistencias o vacíos que tenga la ley, deberían los jueces llamados a interpretar y aplicar la ley, resolver sobre la base del principio de respeto a los derechos humanos y de igualdad. El ejemplo de la Ley de Amnistía es uno de los más evidentes que sirve para reforzar por qué, si aceptamos la aprobación de la ley, no vamos a aceptar la designación de estas dos autoridades que forman parte del Poder Ciudadano.
—La Corte Penal Internacional (CPI) avanza en una investigación por las presuntas violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas en Venezuela. El principal señalado está hoy preso en Nueva York, pero otros funcionarios mencionados en informes de organismos como la ONU aún ocupan cargos de poder. ¿Cómo abordaría esos casos? Y frente a ese contexto, ¿cómo enfrentaría posibles presiones del chavismo?
—Si yo tuviese temor a las presiones, no me habría postulado para el cargo de fiscal general de la República, comenzando por allí. En relación con la colaboración con organismos internacionales, como puede ser la CPI o cualquier otro, Venezuela forma parte del Estatuto de Roma y, por lo tanto, tiene un deber de colaboración con ese órgano. Pero me iría a otro aspecto que es importante destacar: ¿por qué se activa el procedimiento ante la CPI? La CPI es un tribunal que actúa de manera complementaria y se activa su jurisdicción cuando los Estados no investigan.Entonces, es el Estado, el país que suscribió y ratificó el Estatuto de Roma, el que está obligado a investigar los presuntos delitos que establece el Estatuto de Roma. Y si no lo hace, entonces es cuando se activa la jurisdicción de la Corte. En este caso, ¿cuál es el compromiso? Investigar lo que haya que investigar, conforme a nuestro derecho interno, y en aquello en lo que se requiera colaborar con organismos internacionales, como el caso de la CPI, obviamente hay que prestar la colaboración que corresponda. Y eso con cualquier otro organismo internacional. La CPI juzga personas, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos juzga Estados, y juzga Estados que, como consecuencia de la actuación de sus agentes, han violentado derechos humanos. Cuando una causa llega a la CPI o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿de qué es evidencia? De que el Estado internamente no actuó. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Que no hagan la tarea otros por nosotros, sino que tiene que hacerse internamente. Ese debe ser el norte.
—¿Se compromete a hacer las investigaciones correspondientes, sin ningún tipo de influencia y a pesar de que esto le cueste su propio cargo?
—Nuevamente digo: si estuviese temerosa a presiones, no debería haberme postulado para una responsabilidad como esta. He hablado de objetividad, imparcialidad, autonomía e independencia, esos son atributos que debe tener un fiscal general aquí y en cualquier lugar donde tenga asignada una responsabilidad como la que se establece en el caso venezolano en nuestra Constitución. Entonces el compromiso es investigar, independientemente de quién se trate. Investigar con garantía del debido proceso. Sin persecución por la sola persecución. No puede ser que una persona como yo, que ha hablado de lo que puede representar —y de lo que ha representado en muchos casos— esa persecución fundada en lo que en materia penal los doctrinarios han llamado ‘derecho penal del enemigo’, entonces se me presente la oportunidad y se me olvide todo lo que he pregonado. Eso no va con mi personalidad, ni con mis principios ni con mi formación. Comenzamos hablando de coherencia: hay que ser coherentes entre lo que se dice y lo que se hace.
—Más allá del debate sobre la legitimidad de origen, hay mujeres que ocupan posiciones importantes en la política venezolana, como Delcy Rodríguez en el poder y María Corina Machado en la oposición. Si usted llegara a liderar el Ministerio Público, otra mujer asumiría un cargo clave. ¿Cómo interpreta este momento en el que mujeres, desde distintos sectores, están al frente de decisiones decisivas en el país?
—Eso no es otra cosa que un reconocimiento a que la figura femenina, más allá de un tema de reclamar igualdad, que es algo en lo que también he sido reiterada, está llamada porque tiene las competencias para hacerlo, ocupar posiciones de responsabilidad, de dirección y de gestión, siempre que, más que por ser mujer, sea porque tiene las competencias.Casualmente, en los últimos casi dos años he estado al frente de una cátedra que creamos en la UCAB para esa temática, la Cátedra Libre Estudios de la Mujer Teresa de la Parra. Desde allí hemos tratado de visibilizar la situación, la posición de la mujer en diferentes ámbitos. Recientemente tuvimos una actividad sobre la participación de la mujer en la política, a través de la historia incluso, es muy importante rescatar eso. Este país está necesitado de referentes, y si esos referentes son mujeres, mucho mejor. Y no es un tema de feminismo. Vuelvo y repito: entiendo el feminismo en los términos de que, en igualdad de condiciones, no se me debe dar preferencia porque soy mujer, sino porque tiene que privar justamente el mérito. No es que me tienen que poner allí porque soy mujer; es porque soy mujer y cumplo con los extremos, porque tengo los atributos, porque tengo las competencias. Y, ojo, no me estoy refiriendo exclusivamente a la posición de fiscal general de la República. Entonces celebro que pueda haber mujeres al frente de instituciones. Ojalá seamos muchas más en muchas instituciones, tanto en el sector público como en el sector privado, porque las mujeres también tenemos una manera distinta de gerenciar. Y no me voy a quedar con aquello que se dice de manera recurrente de que somos más empáticas; sí, somos más empáticas, pero también somos más comprometidas, porque además también vemos las cosas de una manera distinta desde que somos madres y ese sentimiento maternal no se queda solamente en relación con nuestros hijos sino que va mucho más allá. Eso que se dice a veces, que las mujeres podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, es cierto; y es cierto no porque seamos mejores que los hombres en relación con esa posibilidad, sino porque hasta por una situación de carácter biológico eso ha sido posible porque podemos estudiar, trabajar, atender una casa, criar hijos. Sabemos repartirnos esas distintas responsabilidades y la experiencia ha demostrado que, a pesar de ello, lo podemos hacer bien. Celebro que haya mujeres referentes y que, reitero, ojalá podamos ser más. Desconozco cuántas mujeres se han postulado para los cargos de fiscal general y defensor del pueblo. Y en el caso de fiscal general, si hay que escoger entre mujeres y hombres, no que me escojan porque soy mujer, sino porque además de mujer tengo, compitiendo con cualquier otro hombre, los requisitos y le puedo superar en cumplimiento de los mismos en razón del perfil que tengo. Pero reitero, no porque sea mujer.
—Cuando tomó la decisión de postularse, ¿cómo reaccionó su familia y qué respaldo recibió en casa, considerando el contexto que vive el país?
—Me limitaría a decir que esto es una decisión personal, pero fue una decisión que adopté después de conversar con mis hijos. Por supuesto que también se la informé a mis padres. A mis hijos les planteé que quería dar este paso y escucharlos; ellos siempre me han apoyado en las cosas que he emprendido, y mis papás también. ¿Y por qué hago mención especial a mis hijos? Porque, como decía hace rato, nunca he pensado en irme de Venezuela. Y quiero un mejor país para mis hijos y el día de mañana para mis nietos. Yo no tendría cómo mirar a la cara a mis hijos si, teniendo la posibilidad y la oportunidad de hacer algo para que este sistema de justicia en Venezuela mejore, no lo hiciera.Y ninguno de mis hijos está vinculado al Derecho, a ninguno le gustó mi carrera, pero están aquí, además tienen tanto arraigo como su mamá y para mí eso es muy importante, que yo pueda transmitirle y reforzarle a mis hijos esa visión de país que quiero para ellos, para mis nietos, mis alumnos, tantas generaciones que han pasado por mis manos, y mis alumnos terminan siendo como otros hijos. Entonces, si a esos hijos que estoy formando les digo que hay que apostar por Venezuela, que hay que formarse, que tienen que ser los mejores, para que desde la posición que ocupen como profesionales colaboren en el desarrollo de este país, ¿cómo su profesora, su mamá en el caso de mis hijos, se va a quedar como espectadora esperando que otros hagan?
—La Plataforma Unitaria advirtió que puede haber alguna negociación “opaca” para elegir al fiscal general y al defensor del pueblo. En lo que le compete, ¿cómo responde?
—Confío firmemente en que la designación sea transparente. Como todos los postulados, exijo transparencia, que la ciudadanía, así como va a conocer el nombre de quienes estamos optando al cargo de fiscal general de la República, pueda conocer el perfil de todos los aspirantes y que la selección atienda a criterios, no solamente técnicos, sino también morales y éticos. Y que digamos que todo este discurso que se ha manejado en las últimas semanas sea más que un discurso y que efectivamente haya una verdadera voluntad de que podamos reconciliar y recomponer una sociedad tan fracturada como la venezolana. En mi caso, está claro que no formo parte ni estoy vinculada con ninguna organización política, por lo que no podría formar parte de ninguna componenda y jamás prestaría mi nombre para eso. Si me postulé es porque puse mi hoja de vida de manera visible frente a la sociedad venezolana para que se forme una idea de quién es Magaly Vásquez, y si otra persona resulta electa es porque cumple con el perfil. Eso es lo que aspiramos, que la designación atienda lo que la Constitución y la ley demanden. En ese sentido, nuevamente ratifico que considero cumplir con ese perfil y espero que eso sea valorado, sea tomado en consideración, y que si yo no resulto electa fiscal general de la República, quien resulte electo sea una persona que efectivamente cumpla con los requisitos constitucionales y legales. Tan sencillo como eso. Esta es una oportunidad de oro para demostrar esa coherencia a la que me he referido antes, que no es un mero discurso, sino que hay una verdadera voluntad y que, por lo tanto, prive el bien y el futuro del país y esa tan añorada reconciliación por encima de cualquier interés político.
