Dirigentes del denominado Sindicalismo Emergente del Estado Lara ofrecieron una rueda de prensa para denunciar que, a un año y seis meses de que se promulgase la ley que pecha a las empresas privadas un 9 por ciento del salario mínimo por cada trabajador de nómina para ser destinado a los pensionados y jubilados de todo el país, aún no se sabe a dónde han ido a parar tales recursos, que ya deben sumar una cantidad bastante cuantiosa.
Tal manifestación provino del ex diputado regional Orlando Chirinos, abogado y presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Cemento, quien declaró en la sede del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) en Barquisimeto.
Le acompañaban los también dirigentes Wilmer Figueroa, presidente del Sindicato de Trabajadores de Chocolates El Rey, de Barquisimeto; el abogado Oswaldo Bracho, e Ítala Jiménez, del Sindicato de Empleados Públicos del Ejecutivo del Estado Lara.
Asimismo, estuvo presente Lorenzo (“Lencho”) Monasterios, presidente de UNT en esta entidad federal.
Explicó Chirinos que, “de acuerdo con las cifras que nosotros manejamos, solamente en el primer año de dicha ley, tomando como base –y somos conservadores— un millón de trabajadores del país, se deben haber recaudado ya un total de 56 millones de dólares”.
–Ahora, imaginémonos cuántos venezolanos jubilados y pensionados de todo el país se verían beneficiados si esa cantidad de recursos se hubiesen destinado desde el primer momento al beneficio de esos venezolanos, como debe ser, porque así lo establece la misma ley.
–Pero es que debemos ir más allá, y, si sacamos la cuenta de que en realidad son cinco millones de trabajadores venezolanos activos, por cada uno de los cuales, repito, se les descuenta a las empresas el 9 por ciento del salario mínimo, entonces la cantidad se vuelve astronómica: Nada menos que 692 millones de dólares, e insistimos, solamente en el primer año de vigencia de la ley.
¿Dónde están los reales?
–Entonces –prosiguió–, creo que los dirigentes, tanto del Sindicalismo Emergente como de otros movimientos sindicales del país, tenemos derecho a preguntarnos: ¿Dónde están esos recursos? O más aún, ¿Dónde están los reales?
–Porque resulta que el otro detalle es que ni el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), a donde supuestamente son enviados tales recursos, ni ningún organismo oficial, ha dado la cara siquiera para decir: “Esta boca es mía”.
–.En fin, nadie sabe a dónde han ido a parar esos recursos, y mucho menos si por fin se van a distribuir entre los jubilados y pensionados, y, menos aún, cuándo ocurrirá eso; y máxime en este momento, cuando esos venezolanos, en su inmensa mayoría, están viviendo una situación de precariedad social que cada día se agrava más y más.
–En consecuencia, aparte de exigir respuestas a las anteriores interrogantes y dudas, solicitamos igualmente que esa distribución de tales recursos llegue mensualmente a cada trabajador jubilado y/o pensionado venezolano, como debe ser.
Monasterios
Habló también allí “Lencho” Monasterios, quien aclaró que “esta actividad no tiene nada qué ver con lo político, ya que simplemente nosotros, con mucho gusto, ofrecimos nuestra sede para esta rueda de prensa, como un gesto de plena solidaridad con los jubilados y pensionados de Venezuela, que hoy en día están viviendo una situación de verdadera mengua”.
Aprovechó Monasterios para recordar que la citada ley fue promulgada por el presidente Nicolás Maduro, “incluso con el visto bueno de Fedecámaras”, el 16 de mayo del pasado año 2024, es decir, hace ya 15 meses, para, “según lo dijo el propio Maduro, beneficio de todos los pensionados y jubilados de Venezuela, quienes, hasta ahora, no han recibido ni un centavo al respecto” (Gráfica: Cortesía) (RG).
