Los reportes provenientes de los diferentes municipios del estado Lara revelan instituciones educativas prácticamente desoladas. En el municipio Jiménez, se calcula que el 90 % de los docentes no atendieron la convocatoria realizada por el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, para reincorporarse a sus labores el lunes 8 de septiembre, según Sinvemal
En las escuelas solo se presentaron directores, personal de comedores y trabajadores de mantenimiento, asegura.
En el municipio Morán, la situación fue similar: únicamente el personal directivo y los supervisores acataron las directrices centrales. Instituciones como María Consuelo, El Palmar, República Dominicana y Padre Pérez Limardo estuvieron completamente desiertas. El equipo docente decidió adherirse al mandato jurídico promovido por la coalición sindical en defensa de sus derechos laborales.
En otras zonas del municipio, como Humocaro Bajo, Villa Nueva, Guarico y Hato Arriba, también se repitió este escenario, reflejando el desacuerdo generalizado entre los docentes y el llamado oficial.
Por su parte, en el municipio Crespo, los docentes también respondieron al llamado sindical permaneciendo en sus hogares. Los únicos que asistieron a las instituciones fueron los trabajadores de mantenimiento, de acuerdo con los reportes provenientes de esta zona, según información proporcionada por Sinvemal. En cuanto a las instituciones Juan Manuel Álamo y Hermanas Jiménez, la asistencia fue mínima. En la primera solo se incorporaron cinco docentes, mientras que en la segunda predominó las ausencias. Aquellos maestros que decidieron asistir eran en su mayoría nuevos o enfrentaban procedimientos administrativos.
En Iribarren, la afluencia fue muy baja al igual que en el municipio Palavecino.
Coalición ante la Inspectoría
Por otra parte, la Coalición Sindical, conformada por Sinvemal, Sumalara, Sutelara, Fenatev y Sinprotec, acudió este martes 9 a la Inspectoría del Trabajo José Pio Tamayo, ubicada en el centro de Barquisimeto, en donde introdujeron un documento para formalizar la denuncia y rechazar la orden del ministro de educación de incorporaciones el lunes 8 de septiembre. Lo que califica como un acto unilateral y arbitrario que vulnera el derecho al disfrute íntegro de las vacaciones, exponen.
“No sólo constituye una arbitrariedad administrativa sino también un atropello laboral que afecta la dignidad de los docentes y si estabilidad laboral”.
También condenan las amenazas y el acoso por parte del personal directivo hacia los docentes que no se presenten a las instituciones esta semana, considerando que, de acuerdo con la legislación vigente, las actividades académicas están programadas para iniciar el 16 de septiembre.
En este contexto, instan a que se garantice el respeto al periodo vacacional y se ponga fin a las violaciones de los derechos laborales. Asimismo, solicitan al jefe de la Inspectoría del Trabajo, Pablo Arcaya que tome una posición firme para asegurar la defensa y protección de los derechos de los trabajadores. AC
