La Fiscalía de Colombia acusó formalmente a la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, después de, presuntamente, haber recibido de los exdirectivos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) cerca de 3.000 millones de pesos (unos 637 euros) que después habría llevado al entonces presidente del Congreso, Iván Name Vásquez.
«Los días 12 y 13 de octubre de 2023, (Ortiz) presuntamente transportó 3.000 millones de pesos en un vehículo oficial y se los entregó al entonces presidente del Congreso, Iván Name Vásquez», ha afirmado el organismo en la red social X. «El dinero correspondería al pago de dádivas por el direccionamiento de una orden de proveeduría en la UNGRD para la compra de 40 carrotanques que servirían para llevar agua potable a comunidades indígenas en la Alta Guajira», ha añadido en justificación de la acusación, a raíz de la que se celebrará una audiencia en noviembre.
La Fiscalía nombra, en concreto, a los exdirectivos de la UNGRD Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez como responsables de dar a Ortiz las dos maletas que llevó en sendos días a Name Vásquez. Pinilla, quien ya fue condenado en abril a cinco años de prisión por una trama de corrupción, fue imputado nuevamente en julio por amañar contratos de construcción en el departamento de Córdoba.
Asimismo, el Ministerio Público ha acusado al subdirector de la UNGRD, el vicealmirante retirado José Ricardo Hurtado Chacón, de los cargos de prevaricación; de destrucción, supresión y ocultación de documento público; de falsedad ideológica en documento público y de fraude procesal, según ha recogido la emisora colombiana W Radio.
Según la acusación, Hurtado, entonces jefe de una unidad contra el narcotráfico, habría ordenado que se dejara en libertad a tres personas detenidas con más de 500 kilos de clorhidrato de cocaína en una lancha, seguido de la destrucción de documentos y la expedición de otros nuevos a fin de evitar el procesamiento judicial de la tripulación detenida.
El caso estalló después de que Pinilla señalara a varios funcionarios por irregularidades en la compra de hasta 40 carrotanques para llevar agua potable al departamento de La Guajira. Entonces, aseveró que su jefe en el momento, López, ordenó la entrega de 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, que habrían recibido sobornos a cambio de aprobar una serie de reformas impulsadas por el Gobierno en el Congreso.
Las cantidades pertenecerían a los sobrecostes generados por el contrato de los carrotanques. La exconsejera para las regiones Sandra Ortiz actuaba como intermediaria, mientras que otro de los presuntos vinculados al caso sería Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), según López.
