La Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil señaló este martes 15vde julio, al expresidente brasileño Jair Bolsonaro como «líder de la organización criminal» detrás del intento de golpe de Estado perpetrado en enero de 2023 tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales y pide que sea condenado por cinco delitos junto a otros siete acusados en la trama.
El fiscal general, Paulo Gonet, acusa en los alegatos finales del caso al expresidente Bolsonaro de instrumentalizar el aparato estatal y llevar a cabo un plan «deliberado» con el objetivo de «atacar las instituciones públicas» y el proceso de traspaso de poder.
En este sentido, alude a que contó con el apoyo de funcionarios y sectores estratégicos de las Fuerzas Armadas para movilizar «agentes, recursos y poderes del Estado» a fin de «propagar narrativas falsas, provocar inestabilidad social y defender medidas autoritarias», así como deslegitimar el sistema electoral.
Las acusaciones forman parte de los alegatos finales de la Fiscalía en el caso, que pide al Tribunal Supremo que condene al expresidente y los demás acusados por los delitos de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, daños a la propiedad pública y deterioro del patrimonio.
El proceso, bajo supervisión del juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, se encuentra en su fase final. En caso de ser declarado culpable, el expresidente Bolsonaro podría enfrentar penas de más de 40 años de prisión, además de ser inhabilitado de forma indefinida para ocupar cargos públicos.
Otros implicados en presunta trama golpista
En la trama golpista también están implicados el exministro de Defensa Walter Braga Netto; el exministro de Justicia Anderson Torres; el diputado y exjefe de la Inteligencia durante el mandato de Bolsonaro, Alexandre Ramagem; el excomandante de la Marina Almir Garnier; el exjefe de Seguridad Augusto Heleno y el extitular de Defensa Paulo Sergio Nogueira.
El Ministerio Público –que basó las acusaciones en documentos, archivos e intercambios de mensajes– ya presentó un primer informe en el que señalaba a Bolsonaro como responsable del asalto de enero de 2023. Tras los alegatos finales, la defensa tendrá un periodo para presentar sus argumentos, tras lo que De Moraes deberá fijar una fecha para el juicio.
En enero de 2023 miles de partidarios del expresidente Bolsonaro irrumpieron en los edificios gubernamentales en la capital, Brasilia, en medio de afirmaciones de que la victoria del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva había sido fraudulenta. Gc
Europa Press
