El presidente del Sindicato de Obreros de Institutos Educacionales del Estado Lara (SOIE-Lara), Naudy Torres, ha denunciado que, hasta esta fecha, todavía no se ha hecho efectivo el pago del respectivo bono complementario de vacaciones al personal obrero, y tampoco administrativo, del personal del Ministerio del Poder Popular para la Educación.
Como consecuencia de ello, precisó, “nos vemos en la necesidad de seguir insistiendo por ante las autoridades de tal despacho, a objeto de que se cumpla con este beneficio para nuestros trabajadores en el menor tiempo posible, por razones que son lógicas de entender”.
A continuación, las declaraciones de Torres:
–Sabemos que, el pasado jueves 10 de julio, se hizo efectivo el pago para personal docente y personal jubilado del Ministerio de Educación, pero lamentablemente aún no ha llegado para el personal administrativo y obrero activo. Entendemos su molestia de todos ellos, y compartimos su preocupación.
–Queremos decirles a nuestros afiliados que ya elevamos la exigencia a nuestra Federación, y que la misma ya hizo el reclamo directamente ante el Ministerio de Educación. Estamos a la espera de la confirmación de la fecha en que se debe hacer efectivo el pago. No estamos cruzados de brazos. Estamos haciendo todo lo necesario para que esta situación se corrija.
–Tengan la seguridad, compañeros trabajadores, de que sí vamos a lograrlo. Como siempre, unidos y firmes, avanzamos con ustedes. ¡No están solos!
ATROPELLOS
Más adelante, Torres se refirió a otro aspecto “bastante enojoso y deagradable”.
–Queremos dejar absolutamente claro que los obreros educacionales no somos esclavos, ni estamos sujetos al capricho de directores o supervisores circuitales. Somos trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), con derechos plenamente consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), y nuestra Convención Colectiva vigente.
–Negar permisos legítimos, desconocer licencias, y mantener prácticas de hostigamiento o tratos denigrantes es una violación directa al orden jurídico nacional y a los principios de respeto, dignidad y justicia social que deben regir en la administración pública.
–Exigimos a las autoridades educativas que cesen estas prácticas abusivas, y recordamos que todos —obreros, docentes y personal administrativo— formamos parte de un mismo ente: El MPPE. Nadie está por encima de la ley, y los derechos laborales no son favores, son conquistas que se deben respetar» (RG).
