Por Leopoldo Martínez Nucete*
“Por esta razón, mantener el TPS para los venezolanos, o alternativamente emitir una designación de Deferred Enforced Departure (DED), no es un gesto político: es una obligación moral y una decisión de política pública sensata.”
El caso de Carlos García, exalcalde de Mérida y víctima de persecución política en Venezuela, no es una anomalía. Es un síntoma de una política migratoria que, en lugar de proteger a las poblaciones vulnerables, las castiga; una política que sustituye el análisis caso por caso y el debido proceso por la arbitrariedad. Su detención, a pesar de existir procesos legales en curso, forma parte de un patrón creciente en el que venezolanos son privados de libertad en circunstancias que desafían el sentido común, el debido proceso y los valores humanitarios que Estados Unidos dice defender.
En los últimos meses se han documentado múltiples casos de venezolanos que tuvieron el Estatus de Protección Temporal (TPS), “parole” humanitario o solicitudes de asilo pendientes que han sido detenidos por ICE tras presentarse a audiencias judiciales, reportarse ante oficinas migratorias o incluso mientras se encontraban en lugares sensibles como hospitales, escuelas o sus trabajos. Estudiantes, trabajadores sin antecedentes penales y familias con años de residencia legal han sido arrestados de manera abrupta, en ocasiones inmediatamente después de haber cumplido con todos los requisitos legales impuestos por el propio sistema migratorio.
Particularmente alarmante ha sido el uso del centro de detención conocido como Alligator Alcatraz, en Florida. Los testimonios de venezolanos detenidos allí —algunos posteriormente liberados— describen condiciones degradantes, un trato criminalizante y una absoluta falta de proporcionalidad, incluso en casos en los que el estatus legal seguía vigente o estaba siendo activamente litigado. Detener a beneficiarios de TPS y a personas con protecciones humanitarias en este tipo de instalaciones no solo socava la confianza en el sistema, sino que envía un mensaje inequívoco de persecución, no de protección.
A estos abusos se suma un desarrollo aún más preocupante: más de 17.000 venezolanos han sido deportados en vuelos directos a Venezuela en los últimos meses, a menudo sin evaluaciones individualizadas de sus circunstancias. Esto incluye el caso atroz de 252 venezolanos, la gran mayoría con estatus legal y sin antecedentes penales, que fueron deportados a CECOT, la prisión de máxima seguridad de El Salvador, ampliamente criticada por violar estándares mínimos de derechos humanos, antes de ser posteriormente deportados a Venezuela, tras meses de abusos y, en casos documentados, tortura bajo custodia del gobierno salvadoreño.
Estas deportaciones masivas han ocurrido a pesar de la existencia de casos comprobados de persecución política, solicitudes de asilo pendientes y riesgos humanitarios evidentes, reduciendo historias humanas complejas a simples operaciones logísticas. El resultado es una política de deportaciones que ignora los peligros reales y viola principios fundamentales de la protección internacional.
Todo esto ocurre mientras Venezuela, incluso después de la operación militar estadounidense que capturó a Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero y los llevó ante la justicia en Nueva York por cargos federales de narcotráfico y delitos conexos, sigue careciendo de una transición democrática clara. La llamada fase de “estabilización” anunciada por el Secretario Rubio, aun cuando una ventana hacia posibles cambios, no es democracia ni ofrece certeza. La represión política persiste, ahora de forma selectiva, y aunque organizaciones de derechos humanos han verificado que 252 de cerca de 800 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero, muchos continúan sometidos a procesos judiciales arbitrarios, libertades condicionadas, restricciones de viaje o expresión y la amenaza constante de re-encarcelamiento. Las garantías electorales siguen ausentes y el colapso institucional continúa haciendo imposible un retorno seguro para la mayoría. Sugerir que estas condiciones justifican la terminación abrupta del TPS o del “parole” humanitario es, en el mejor de los casos, una ficción conveniente.
Desde una perspectiva tanto legal como humanitaria, el argumento es directo: un gobierno no puede despojar abruptamente de protección a poblaciones enteras que construyeron sus vidas bajo un estatus legal que el propio Estado les otorgó, para luego someterlas a detenciones arbitrarias o deportaciones colectivas, exponiéndolas a condiciones extremas —y en algunos casos a persecución— y a separaciones familiares. Esto resulta especialmente indefendible cuando la decisión de revocar el TPS aún está siendo impugnada ante los tribunales y no se ha ofrecido ninguna alternativa viable de alivio migratorio.
Por esta razón, mantener el TPS para los venezolanos, o alternativamente emitir una designación de “Deferred Enforced Departure (DED)”, no es un gesto político: es una obligación moral y una decisión de política pública sensata. La designación DED podría adoptarse de manera expedita, ya que es una facultad reservada exclusivamente al Presidente de los Estados Unidos, ejercida en virtud de sus poderes constitucionales en materia de relaciones exteriores y no delegada por estatuto a ninguna otra autoridad o agencia. Una designación DED brindaría protección temporal, estabilidad legal y un mínimo de certeza a cientos de miles de familias mientras el futuro de Venezuela se define de forma honesta y responsable, y mientras el cambio en Venezuela se orienta genuinamente hacia la democratización y la oportunidad económica. La designación DED debería ir acompañada de la liberación de todos los migrantes actualmente detenidos por ICE, con la única excepción de aquellos con condenas penales comprobadas o antecedentes criminales.
Estados Unidos ha actuado en otros momentos de su historia con pragmatismo y humanidad frente a crisis internacionales. Hoy, frente al caso de Carlos García y al de incontables venezolanos invisibilizados por estadísticas y expedientes, la pregunta es sencilla: ¿seguirá el Estados Unidos castigando a quienes estuvieron al amparo migratorio según las reglas establecidas, o estará a la altura de los valores que proclama?
La respuesta no puede ser la detención arbitraria ni el limbo legal. Debe ser protección temporal, debido proceso y tiempo: tiempo para que Venezuela cambie de verdad, y tiempo para que estas familias puedan decidir su futuro sin miedo.
*Leopoldo Martínez Nucete: Ex-Diputado Venezolano y miembro de la Dirección Nacional del Partido Demócrata en EE.UU, Co-Presidente de la Conferencia Venezolano-Estadounidense.
