Desde su entrada en vigencia en diciembre de 2024, la Visa de Visitante Especial (V), creada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, ha aprobado apenas el 11,6 % de las solicitudes recibidas, según datos revelados por la Revista Semana, mediante una petición de información al Ministerio de Relaciones Exteriores.
La medida ha dejado a miles de personas en situación de irregularidad migratoria, al tiempo que el Gobierno desmanteló los mecanismos anteriores, como el Permiso Especial de Permanencia y el Estatuto Temporal de Protección, que habían ofrecido rutas más accesibles para la población migrante.
Para acceder a esta visa especial, Colombia exige una serie de documentos como certificados de ingresos, títulos académicos, movimientos migratorios, y en muchos casos, documentos apostillados que dependen de gestiones ante instituciones venezolanas con funcionamiento limitado o paralizado.
“La mayor consecuencia para los venezolanos es la no garantía de derechos y la poca inclusión laboral. Todavía hay entre 1,2 y 1,5 millones de personas que no están registradas ni regularizadas”, advirtió César González, abogado de la ONG Plan País.
El Gobierno también creó en septiembre de 2024 el Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales o Custodios de niñas, niños y adolescentes (PEP-Tutor), pero hasta la fecha no ha comenzado a operar, dejando en el limbo a quienes llegaron al país con responsabilidades familiares, según detalló el medio colombiano.
Asimismo, indicó que la alternativa del estatus de refugiado tampoco resulta viable para la mayoría: entre 2015 y 2024, se presentaron más de 64.000 solicitudes ante la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado, pero los tiempos de espera rondan los tres años y la mayoría de los casos no han sido acogidos.
Mientras tanto, muchos venezolanos, incluidos defensores de derechos humanos, activistas y opositores políticos siguen a la espera de una oportunidad de protección en territorio colombiano. S
