The Washington Post examinó en los últimos dos años 10 denuncias de abuso sexual infantil y entrevistó a líderes católicos, policías, funcionarios judiciales y víctimas, y revisó documentos policiales y judiciales.
En la mitad de los casos, que datan de 2001 a 2022, encontró sacerdotes condenados por cargos de abuso que fueron liberados antes de tiempo o que no cumplieron ninguna condena en prisión y en al menos tres casos, a los sacerdotes se les permitió regresar al ministerio.
Los entrevistados señalan que hay un patrón que sugiere la colusión entre un sistema judicial corrupto y la Iglesia para proteger a los perpetradores en lugar de a las víctimas. El elemento común en los 10 casos: los niños involucrados procedían de entornos pobres y vulnerables.
Las acusaciones de abuso por parte de sacerdotes han sacudido a la Iglesia en América Latina en los últimos años. Las agresiones denunciadas en México, Argentina, Chile, Colombia y Perú han arrojado condenas y renuncias en los más altos niveles de la institución.
Pero Venezuela ha logrado escapar de la ola. Los analistas dicen que una de las razones es que solo se ha puesto el foco en la agitación política que existe en el país. Un sistema judicial roto es otra. La influencia de la Iglesia y su comparativa estabilidad es una tercera.
“Se han pospuesto tantas cosas debido a la agitación social y política”, dijo en entrevista David Smilde, sociólogo de la Universidad de Tulane cuya extensa investigación sobre el país se ha centrado en parte en la religión. “Una de las instituciones que más respetan los venezolanos es la Iglesia católica. Eso limita cuánto puedes actuar”.
Para miembros del clero que han abusado de menores, el estatus de la Iglesia parece haberles brindado protección. Un sacerdote en Zulia, por ejemplo, no pasó tiempo en prisión a pesar de haber sido condenado por abuso sexual agravado en contra de una niña de 12 años. Un sacerdote del estado de Falcón se declaró culpable de cometer un acto carnal contra una joven de 14 años, pero se le concedió arresto domiciliario con la condición de que se mantuviera alejado de la víctima. Regresó a la Iglesia, donde hoy continúa con su ministerio.
Para las víctimas de estos casos, la vida sigue siendo una lucha. Por lo general, tienen poco apoyo cuando intentan seguir adelante.
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