La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció el martes un “golpe de Estado” en curso, en medio de la controversia generada por su decisión de cancelar el tratado de extradición con Estados Unidos, que había permitido el encarcelamiento de poderosos narcotraficantes.
“Ratifico que la paz y la seguridad interior de la República están en riesgo […] por un nuevo golpe de Estado que el pueblo debe detener”, afirmó la mandataria izquierdista durante una cadena de radio y televisión, horas después de que se publicara un video en el que aparece su cuñado en una reunión con narcotraficantes en 2013, solicitando aportes para su campaña electoral.
Castro puso fin al tratado con Estados Unidos hace seis días, argumentando que su objetivo era evitar que Washington lo utilizara contra los militares leales a ella y facilitar un intento de golpe de Estado. Sin embargo, la oposición sostiene que la presidenta canceló el tratado, que permitió la captura de numerosos narcotraficantes hondureños, incluido un expresidente de derecha, para proteger a miembros de su gobierno y de su familia.
El sábado, renunciaron un cuñado y un sobrino de la mandataria: el secretario del Congreso, Carlos Zelaya, quien admitió ante la fiscalía haberse reunido con narcotraficantes en 2013, y su hijo, el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya. Este martes, un portal especializado publicó un video de esa reunión, donde se observa a narcotraficantes hondureños ofreciendo sobornos a un miembro de la familia presidencial, lo que evidencia la gravedad de la narcocorrupción en el país.
“En relación al video […] condeno todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos”, expresó Castro en su mensaje al país. Además, advirtió que “el plan para destruir mi gobierno socialista, democrático, y el próximo proceso electoral están en marcha”.
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, también se pronunció, leyendo un listado de causas judiciales por narcotráfico que involucran a políticos de derecha. La analista Ana Pineda comentó que el gobierno ha llegado al “máximo nivel del cinismo” al ignorar la realidad de los hechos.
El jefe de bancada del derechista Partido Nacional, Tomás Zambrano, expresó en redes sociales que esperaba que Castro “rectificara por el bien de Honduras” y anunciara que “las extradiciones siguen”.
En medio de esta polémica, la embajada de Estados Unidos en Honduras negó rumores sobre un cierre de operaciones, aclarando que “la Embajada sigue y seguirá operando normalmente”. Castro había acusado a la embajadora estadounidense en Tegucigalpa de “injerencia” por criticar una reunión entre el ministro de Defensa y el titular de Defensa venezolano, a quien Washington vincula con el narcotráfico.