El gobierno de Nicaragua volvió a ausentarse el miércoles de una sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), donde se estudió “su incumplimiento” a medidas provisionales en favor de varias decenas de opositores presos, por lo cual se pidió declararlo “en desacato”.
La sesión de la CorteIDH, con sede en Costa Rica, fue convocada para estudiar la situación de 45 reos de conciencia, en su mayoría encerrados en la cárcel policial conocida como El Chipote en Managua desde hace más de un año, y para quienes el tribunal dictó medidas provisionales a fin de velar por su integridad física.
El juez Humberto Sierra confirmó la ausencia de los representantes del Estado nicaragüense en la sesión, cuya inasistencia no fue justificada de manera oficial.
“Pedimos que la Corte constate nuevamente y declare el desacato del Estado de Nicaragua a sus decisiones”, dijo Esmeralda Arosemena, relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la OEA que solicitó adoptar esas medidas de protección de los “presos políticos”.
Arosemena advirtió que en Nicaragua las personas detenidas “están en total desprotección”, entre las que mencionó líderes opositores, defensores de derechos humanos y periodistas independientes. Según la oposición, la cifra de “presos políticos” encarcelados por el gobierno de Daniel Ortega supera los 200.
A la sesión asistieron algunos familiares de reos de conciencia, como el ex aspirante a la presidencia Juan Sebastián Chamorro, el periodista Miguel Mendoza, el sociólogo Irving Larios y la defensora de derechos humanos Evelyn Pinto, y expresaron “preocupación” por su salud y por “su deterioro físico y psicológico”.
La relatora de la CIDH pidió a la Corte solicitar nuevamente al gobierno de Nicaragua que autorice una visita de miembros de la Comisión, petición que ha sido negada en ocasiones anteriores.
También llamó de forma “urgente” al gobierno nicaragüense a “poner fin a la impunidad” y a tomar medidas “para superar la crisis y lograr el restablecimiento de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho”.
Wendy Flores, abogada del Comité de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, dijo que 38 de los 50 presos que están en El Chipote tienen enfermedades agravadas por el encarcelamiento. La mayoría de los detenidos fueron condenados por “terrorismo” y “conspiración”, en juicios “arbitrarios” donde los mismos policías fueron utilizados como “testigos”, añadió.
Al dar por concluida la sesión, el juez Ricardo Pérez dijo que la CorteIDH “sigue atentamente” el caso de Nicaragua y en diversas oportunidades “ha manifestado su preocupación por la situación” en el país.
Nicaragua vive una grave crisis política que estalló con una serie de protestas sociales en abril de 2018. La revuelta fue sofocada por policías y paramilitares sandinistas con un saldo de 355 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos y al menos 100.000 exiliados, en su mayoría refugiados en la vecina Costa Rica.
AP
