La oposición venezolana, que mantiene un «parlamento paralelo» al designar a Dinorah Figuera al frente de la junta directiva, desconoce estatus de los activos en el exterior manejados por Juan Guaidó, luego de conocerse la eliminación del llamado «Gobierno Interino» a finales de diciembre.
La exdiputada Figuera aseguró que la mayoría de los antichavistas no sabe nada sobre de esos activos usados por Guaidó desde 2019 cuando se autoproclamó presidente interino, una figura eliminada a finales de diciembre.
La dama aclaró que «no tenemos conocimiento de muchas acciones porque no se han presentado las cuentas, las estamos esperando y viendo cuando llegan, ya que el Gobierno Interino, que finalizó sus funciones, informó que van a rendir cuentas», indicó en una rueda de prensa virtual. Figuera, quien sustituyó a Guaidó como líder de una suerte de parlamento paralelo, que no reconoce al Legislativo actual controlado por el oficialismo.
La exdiputada, exiliada desde hace años en España, señaló que es necesario hacer un «diagnóstico» sobre la situación de los activos en el exterior, así como de los procesos judiciales que se mantienen contra el Estado venezolano en el exterior.. «Todo funcionario tiene la responsabilidad de entregar cuentas, pero cuando uno es parte o jefe de un gobierno, ese funcionario principal debe entregar cuentas y no se trata de entregar cuentas de manera aislada», precisó.
Luego de acordar la eliminación del llamado «Gobierno interino» a finales de diciembre, la oposición que conserva este «parlamento paralelo» designó a Figuera para encabezar la junta directiva, mientras que Marianela Fernández y Auristela Vásquez fueron nombradas primera y segunda vicepresidentas.
La Justicia ha emitido órdenes de captura contra Figuera, Fernández y Vásquez, exiliadas en España y Estados Unidos, por liderar esta instancia, que también está respaldada por cerca de un centenar de exdiputados venezolanos que fueron elegidos en 2015, cuyo período expiró en enero de 2021.
«ALERTA ROJA»
La Fiscalía informó que las opositoras están acusadas de los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación para delinquir, y que Venezuela hizo una solicitud de «alerta roja» a Interpol, por lo que esperan la colaboración de España y Estados Unidos, donde residen las exdiputadas.
Con informacón de Banca y Negocios/EFE
