De acuerdo con lo manifestado por la doctora Rubimar Parra, todo ciudadano venezolano, y también no venezolano, está en su derecho de acudir por iniciativa propia ante el organismo competente para impugnar cualquier acto administrativo del gobierno, bien sea nacional, regional o municipal.
–Por supuesto, en el caso concreto del denominado Instructivo ONAPRE, obviamente se puede actuar de la misma forma, máxime si se considera que vulnera o elimina beneficios legales o contractuales de los trabajadores del sector público.
La anterior opinión fue emitida por la doctora Rubimar Parra, quien, de paso, aclaró que su especialidad es la materia penal, “pero ello no me impide opinar al respecto”.
–Se trata de un derecho que asiste a todos los ciudadanos que se sientan vulnerados en sus derechos –valga la redundancia– por cualquier acto administrativo, a cualquier nivel.
¿Tendría ese ciudadano que llegarse hasta el Tribunal Supremo de Justicia, para poder intentar una acción judicial de ese tipo?
–No necesariamente, ya que, tanto en el Estado Lara como en cualquier otra entidad federal, una persona puede intentar una querella de impugnación, que así se llama, por ante un tribunal de primera instancia en lo civil, como antes le indiqué, contra un acto administrativo a cualquier nivel.
¿Y…?
–Bueno, por tratarse de una materia de alcance nacional, me imagino que ese tribunal de primera instancia en lo civil seguramente delegará la decisión final en el Tribual Supremo de Justicia, y hacia allá supongo enviará la causa.
Reinaldo Gómez
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