Provea, Clippve, Justicia, Encuentro y Perdón y Foro Penal señalaron que la liberación de los presos políticos no debe supeditarse al avance del instrumento y exigen que el texto cumpla estándares internacionales de derechos humanos
Las ONG advirtieron que una ley de amnistía no puede obstaculizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación| Foto Archivo
Organizaciones defensoras de derechos humanos reiteraron sus observaciones y exigencias frente al proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democráticaque debate la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo.
La ONG Provea, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), Justicia, Encuentro y Perdón y Foro Penal coincidieron en que cualquier instrumento legal debe ajustarse a estándares internacionales en materia de derechos humanos y no convertirse en un mecanismo que legitime arbitrariedades o impida el acceso a la verdad y la justicia.
Justicia, Encuentro y Perdón señaló que, tras la discusión parlamentaria más reciente, no se observaron cambios sustanciales en el texto, más allá de la incorporación de principios constitucionales que ya son obligatorios.
La organización insistió en que el proyecto debe garantizar la no exclusión, evitar la revictimización y reconocer el daño causado a las víctimas, así como asegurar mecanismos de reparación.
Liberaciones no deben depender de la ley
Las ONG recordaron que, independientemente del curso del debate legislativo, existen al menos 60 personas privadas de libertad por motivos políticos en condiciones graves de salud. A este grupo se suman un adolescente, tres personas dentro del espectro autista, 22 adultos mayores y al menos 122 mujeres.
Subrayaron que también hay personas con penas cumplidas y cientos de detenidos que podrían ser excarcelados aplicando normas procesales vigentes.
“La excarcelación no debe estar supeditada al avance de este proyecto de ley”, advirtió Justicia, Encuentro y Perdón.
Por su parte, Provea y Clippve recordaron que el anuncio oficial de la amnistía, realizado el 30 de enero por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se produjo luego de meses de reclamos ciudadanos por la liberación de presos políticos.
Ambas organizaciones señalaron que las excarcelaciones “a cuenta gotas” anunciadas previamente por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y la falta de transparencia oficial han prolongado la angustia de los familiares.
A su juicio, la amnistía no debe entenderse como un acto de gracia del Estado, sino como una medida que reconozca que muchas de las detenciones fueron arbitrarias y producto del ejercicio legítimo de derechos como la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica.
Derecho a la verdad y la justicia
Las ONG también advirtieron que una ley de amnistía no puede obstaculizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Recordaron que numerosos detenidos han denunciado desapariciones forzadas, torturas y violaciones sistemáticas al debido proceso, especialmente en el contexto posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
En esa línea, Foro Penal, organización que lidera la defensa de presos políticos en el país, llamó a la ciudadanía a no rendirse si el instrumento legal no cumple con las expectativas.
El vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, afirmó que el país sabrá si la amnistía representa un avance o “un paso en falso” y exhortó a mantener la resistencia cívica.
Según cifras de Foro Penal, en Venezuela hay más de 600 presos políticos, aunque el gobierno rechaza esa calificación.
Debate en curso de la ley de amnistía
El proyecto de ley, aprobado en primera discusión, abarca hechos ocurridos desde 1999, pero delimita su aplicación a 10 coyunturas políticas específicas, entre ellas los sucesos de abril de 2002 y las protestas posteriores a la elección presidencial de julio de 2024.
El Parlamento aplazó el jueves para la próxima semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley de amnistía, al haber diferencias por un artículo que exige a los procesados y condenados a presentarse ante la justicia.
En la sesión celebrada este jueves, la Asamblea Nacional aprobó hasta el artículo sexto el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.
La propuesta puede ser modificada durante la discusión parlamentaria. De ser sancionada, deberá ser remitida al Ejecutivo para su promulgación y posterior publicación en Gaceta Oficial.
El debate se dio el mismo día en que jóvenes chavistas y estudiantes universitarios opositores marchan en Caracas por el Día de la Juventud, mientras que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, continúa su histórica visita en el país, con un recorrido por dos instalaciones petroleras.
