Este lunes se formalizó la entrada en vigencia del Decreto de Estado de Conmoción Exterior, tras su publicación en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.954. La medida ordena de inmediato la movilización total de la Fuerza Armada Nacional y coloca sectores críticos —como la industria petrolera, eléctrica y de agua— bajo mando militar directo. Con esta normativa, el Estado autoriza el despliegue de «todo el potencial existente» para responder a la situación de crisis que atraviesa la nación.
El decreto otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo para intervenir en la cotidianidad de los ciudadanos. Entre las disposiciones más severas se encuentra la potestad de restringir el libre tránsito, ordenar el cierre de fronteras y limitar cualquier tipo de reunión o manifestación pública. Además, el texto legal permite la requisición de bienes particulares y la implementación de regulaciones económicas y sociales excepcionales, dejando sin efecto cualquier ley que se oponga a estas nuevas directrices.
Aunque la justificación oficial del decreto se centra en una «amenaza externa», el alcance de las medidas revela un profundo esquema de control interno. La normativa incluye la militarización de sectores laborales estratégicos y la suspensión temporal de diversos derechos civiles, en un intento por contener la inestabilidad política generada tras la caída de las principales figuras del chavismo. Expertos señalan que el documento busca blindar la estructura de poder vigente frente al colapso institucional.
Esta medida de excepción tendrá una vigencia inicial de 90 días, con posibilidad de ser prorrogada según evolucione el conflicto. Durante este periodo, el país funcionará bajo una estructura de mando centralizada donde la seguridad nacional prevalece sobre el ordenamiento jurídico ordinario. Se insta a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales ante los cambios operativos que este decreto generará en la vida nacional a partir de hoy.
