En los últimos días hemos visto a lo largo y ancho de toda nuestra Venezuela cómo el magisterio se ha movilizado a exigir sus derechos consagrados en nuestra Carta Magna, a propósito del infameInstructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) que sin lugar a dudas constituye un golpe contra los trabajadores al servicio del Estado, al pretender desconocer derechos laborales que costaron años de lucha e incluso pérdidas de vidas.
A pesar de haberse llevado a cabo varias reuniones entre Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (FTUV) y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU), en la que vista la propuesta de pago por parte del gobierno nacional reconocen el compromiso, queda la interrogante: ¿cuentan con los recursos para poder cumplir en lo inmediato con la cancelación? o en su defecto, esta medida forma parte del paquete económico que viene implementando la administración de Nicolás Maduro de recortar gastos en aras de bajar la inflación, sin tomar en cuenta el perjuicio causado a los trabajadores y jubilados.
Este acuerdo –además- viola descaradamente y con la anuencia de los “representantes” de los trabajadores, los artículos 89, 90 y 91 de la Constitución Nacional, que habla de la progresividad de los derechos laborales, entre las que se encuentran precisamente las vacaciones remuneradas y lo más importante, que la remuneración cubra el costo de la Canasta Básica.
Pero precisamente por tener una economía inflacionaria, esto constituye la conculcación de un derecho humano. Ya, de hecho, hay un incumplimiento al no haber pagado el pasado mes de julio las vacaciones, tal cual está establecido en los convenios colectivos, y con los que la mayoría de los trabajadores estaban contando no precisamente para vacacionar –como debería ser- y que bien merecido lo tienen, sino para unos poder comprar sus medicinas, otros para adquirir un poco de comida con ese bajo salario, siendo nuestros profesores los peores pagados de América Latina.
Desde nuestra organización política siempre hemos defendido y estado al lado de nuestra gente, es una realidad del tamaño del cielo que este reclamo tiene una base muy cierta, por lo cual el gobierno nacional no puede pretender despachar a la ligera alegando que se tratan de “enemigos políticos”, porque la realidad es que son asalariados a los cuales se les está privando parte de sus ingresos, y como tal, es natural la reacción de estos, milite o no en algún partido opositor, estando en su legítimo derecho a reclamar. El despojo ha sido de tal magnitud, que muchos líderes sindicales del chavismo han elevado su voz de protesta.
Para finalizar, desde Unidad Visión Venezuela le exigimos al Ejecutivo Nacional que le hable claro al país, y si es que no cuentan con la liquidez para pagar todo de una vez, pedimos entonces que dolarice el compromiso en aras de garantizar al menos que no se esfume el dinero, producto de la inflación que pretenden controlar con esta muy impopular medida.
Omar A. Ávila H.
Diputado a la Asamblea Nacional
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