Para la doctora Nancy Rodríguez de Rodríguez, “quienes están añadiendo el ingrediente político a la lucha, o a la participación gremial, en el Colegio de Abogados del Estado Lara (CAEL) son ellos, los pertenecientes al denominado Frente Bolivariano de Abogados (FBA)”.

La doctora Rodríguez, presidenta de una de las “dos” juntas directivas interinas que se dicen depositarias de la institucionalidad gremial del CAEL, emitió tal declaración al –a la vez– responder a los señalamientos de su también colega Enmanuel Ortiz, vocero del antes citado FBA.

Valga recordar que Ortiz introdujo recientemente un recurso contencioso administrativo que se halla actualmente en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el que se extendió en consideraciones acerca de la conflictiva situación de crisis gremial en  la cual se halla sumido el CAEL.

Paralelamente, en el mismo recurso, Ortiz solicita del TSJ, entre otras cosas, que se elimine, o que sean abolidas, las “dos” juntas directivas interinas  actualmente “existentes” –recuérdese que la “otra” la preside Jacobo Mármol, por cierto también diputado regional — en el referido gremio de los juristas larenses.

Pero, además, Ortiz fue más allá, pues sugirió al TSJ varios nombres de colegas suyos, todos aparentemente vinculados al FBA, que “podrían” integrar esa potencial nueva junta directiva interina, y que vendría a ser la tercera en esta ya larga telenovela en que se ha convertido la grave crisis institucional y gremial del CAEL.

Como ya lo hemos informado a través de este mismo portal noticioso, Ortiz, junto con otros profesionales del derecho también integrantes del FBA, ofreció hace algunos días una rueda de prensa en la que explicó las razones  de su recurrencia ante el TSJ.

Señalamientos…

 Pero, además, dejó ver algunos otros señalamientos contra la manera de actuar de quienes integran esas primeras dos “juntas directivas” interinas, acusándolos, en resumen, de no haber actuado acordes con los estatutos y con la vigente Ley de Abogados.

Pero Ortiz no se quedó allí, sino que acusó a la “junta directiva” de Mármol de estar políticamente vinculada a Acción Democrática, y a la de Nancy Rodríguez de Rodríguez, de estar a su vez vinculada al ex gobernador del Estado Lara,. Henri Falcón.

Y lo que más llamó la atención fue que, cuando se le preguntó si ellos, como abogados bolivarianos –como se autodefinen–, están vinculados al gobierno bolivariano, o a la “·revolución bolivariana”, respondió –palabras más, palabras menos — que, “en absoluto”, por cuanto la posición de ellos “es absolutamente gremial e institucional, ajena a cualquier interés político”.

¿Qué quiere decir eso…?

Al recordar tales expresiones, la doctora Rodríguez  expresó:

–¿Cómo que no son políticos? ¿Y qué quiere decir entonces Frente Bolivariano de Abogados? ¿Eso qué es? A mí que me lo expliquen, porque yo no lo entiendo.

–Pero es que hay algo más: Si al caso vamos, en nuestra junta directiva interina, que fue además electa libre y democráticamente en una masiva asamblea general de abogados a casa llena el día 15 de marzo pasado, hay colegas de diversas tendencias políticas, e inclusive varios independientes, lo que indica que es una directiva netamente plural.

La “legitimidad…”

En sus palabras, la doctora Rodríguez emitió también algunas apreciaciones de tipo jurídico para defender la “legitimidad” estatutaria y legal de la junta directiva interina que preside.

Tras hacer un breve recuento de todo lo sucedido desde el inicio de la crisis institucional, agravada a raíz de la muerte del presidente en funciones, el doctor José Luis Machado Astudillo, recalcó la dama su apreciación de “legitimidad de origen” para su junta, por el hecho de haber sido electa, como antes se indicó, en “multitudinaria” asamblea de abogados, en el auditorio de la sede gremial.

La notificación

Reconoció luego  que ya se recibió en su despacho la notificación de la existencia del recurso de amparo intentado por Ortiz, “que será debidamente contestada con nuestros argumentos”.

Enfatizó luego que “nuestra meta principal es la de que, en el menor tiempo posible, se efectúen las elecciones  para escoger a las autoridades definitivas del CAEL, incluidas las delegaciones de Carora y de Quíbor”´.

Más adelante, resaltó que, paulatinamente, en esta su breve gestión, se han ido recuperando paulatinamente muchas de las normales actividades del CAEL, así como también el necesario trabajo interno y administrativo del gremio.

-Todo ello –resaltó por último–  incluso con participación de numerosos abogados que no estuvieron presentes en la asamblea del 15 de marzo, porque nosotros no estamos poniendo en práctica ningún tipo de exclusión.

Reinaldo Gómez

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