Al sur de México, en un recóndito pueblo a más de 300 kilómetros de la frontera con Guatemala, opera un enorme campamento adonde miles de migrantes se preguntan cuál será su destino tras el reciente acuerdo para regular la llegada de venezolanos a Estados Unidos.
Cuando The Associated Press visitó San Pedro Tapanatepec —en el istmo y la parte más estrecha de México— en los primeros días de octubre, ya había allí unos 7.000 migrantes. El lunes 17, según su alcalde Humberto Parrazales, el número se había elevado a unos 14.000, el 75% venezolanos. La AP no pudo confirmar independientemente esta cifra.
El campamento —-cinco grandes carpas en las afueras del pueblo con colchonetas, unos baños, agua y unos cuantos ventiladores para el sofocante calor— lleva funcionando desde inicios de agosto como centro de expedición de documentos de tránsito a extranjeros. El Instituto Nacional de Migración lo montó para descongestionar la ciudad de Tapachula, puerta de entrada de la frontera sur.
Hasta la semana pasada, hombres, mujeres y niños esperaban ahí sus permisos durante tres o cuatro días y luego seguían hacia el norte. Ahora, la expedición de esos documentos se ha ralentizado, explicó el alcalde en conversación telefónica, coincidiendo con el anuncio del nuevo plan estadounidense que por un lado otorgará visas temporales para 24.000 venezolanos que entren a Estados Unidos vía aérea y que, por el otro, ya ha comenzado a expulsar de regreso a México a los que lleguen por tierra.
La Organización Internacional para las Migraciones indicó la semana pasada a The Associated Press que preparaba con agencias de la ONU un programa para informar a los migrantes del nuevo programa, pero en San Pedro Tapanatepec el lunes cundía el desconcierto.
«No entiendo nada», decía vía telefónica el venezolano Robinson Rodríguez. «Si se trancó todo (si se cerró la frontera) ya no deberían sacar ese permiso. Y uno les pregunta (a las autoridades) y ellos dicen que no saben pero lo siguen sacando».
Rodríguez consiguió el documento de tránsito por siete días, pero tuvo que esperar en el pueblo para lograr conseguir dinero para el pasaje y ahora que ya lo tiene, el permiso está por caducar y no sabe qué hacer.
Por su parte, el alcalde estaba preocupado porque cada vez tenía más problemas para garantizar la salud o la recogida de basura y también el abastecimiento de agua o electricidad porque los transformadores no daban abasto y ya hubo algunos cortes. En contraparte, reconoció que los migrantes estaban dejando una derrama económica «brutal» y nunca vista, de uno 300 millones de pesos (15 millones de dólares).
Justo al sur de ese país, antes de cruzar la selva del Darién, fronteriza con Colombia, es donde se acumulan también unos 10.000 migrantes, según las autoridades de ese país.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo la semana pasada que el gobierno ha dado más de 77.000 permisos de tránsito sólo a venezolanos este año. La mayoría fue en los últimos tres meses.
Estos ciudadanos, al igual que cubanos o nicaragüenses, son complicados de deportar tanto para México como para Estados Unidos y en los últimos meses cuando cruzaban y se entregaban a la Patrulla Fronteriza solían poder quedarse en territorio estadounidense para iniciar ahí sus trámites migratorios.
Ante la falta de claridad, proliferan los rumores y los ánimos se caldean. El domingo «por un desorden de muchachos de Venezuela que ofendieron a un policía» paralizaron la entrega de documentos, según explicó el nicaragüense Martinica.
Foto y texto: AP
