A pesar de estar alejado desde hace ya dos años –por voluntad propia– de su condición de miembro del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, el ex presidente de ese ente, Miguel Ángel Martín, afirma no sentirse arrepentido de las decisiones que ese organismo tomó durante su gestión, entre la cuales figura una condena de Nicolás Maduro a 18 años de prisión.
Pero también lamenta Martín la falta de apoyo del espectro opositor venezolano para impulsar algunas medidas que contribuyeran a lograr el retorno de la democracia en el país.
Recuerda que el TSJ en el exilio fue designado por un organismo “totalmente legítimo”, como lo fue la Asamblea Nacional (SN) electa libremente y en elecciones inobjetables en el año 2015.
Y también recuerda que, luego de haberse juramentado en la Plaza “Alfredo Sadel”, de Caracas, sus integrantes comenzaron a ser perseguidos por el gobierno de Maduro, por lo cual todos debieron salir al exilio.
Sin embargo, a pesar de todas las dificultades que ha vivido, asegura que se trata de una decisión de la que no se arrepiente.
El “poco apoyo”
Volviendo al tema de la condena a Maduro, explica que no se avanzó mucho en torno a ello, “por las dificultades” que encontraron en el exilio mismo.
–Al no haberse recibido apoyo institucional de la misma AN del 2015, y al hecho mismo de estar en el exilio, el TSJ no avanzó en la ejecución de algunas sentencias que, en mi opinión, fueron relevantes, pero que requerían del aval diplomático desde el Parlamento venezolano, el legítimo.
Recordando que la AN del 2015 contaba con abrumadora mayoría opositora, se refirió a la polémica “activación” de lo previsto en el TIAR, sobre el que presuntamente se podía fundamentar la justificación de una intervención militar.
Al respecto, afirmó que la presidencia del TSJ no recibió el apoyo necesario para cumplir con lo que considera impulsaba acciones específicas de la comunidad internacional.
Interrogado en torno a la actual situación del TSJ en el exilio, expresa:
–Yo me separé hace dos años del grupo de magistrados de ese TSJ debido a que algunos de ellos decidieron designar una junta directiva paralela, lo cual trajo como consecuencia la pérdida de apoyos institucionales obtenidos hasta con dificultad.
Entre tales respaldos, citó el de la Organización de Estados Americanos (OEA), el del Grupo de Lima, el del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el de los Parlamentos de varios países, y hasta el de muchos personajes de la comunidad internacional.
Pérdida de credibilidad
–Pero es que hay algo más allá de eso –recalca–, como lo es la pérdida de credibilidad por parte de la ciudadanía, porque la gente, el pueblo venezolano, esperaba una actuación o una actitud diferente a la de aquéllos que destruyeron a nuestro país.
–Yo hice lo que estaba dentro de nuestras posibilidades, pero los políticos de oposición metieron sus narices, aprovechando, entre otras cosas, la distancia física para con los magistrados del TSJ y las dificultades de su vida misma, y de esa manera lograron cooptar la institucionalidad que se estaba construyendo.
–Eso fue debidamente denunciado, y constituyó una situación que causó mucho malestar dentro de las personalidades internacionales que creían y apoyaban la lucha de los magistrados como grupo.
Apuntó de inmediato que, al momento, él desconoce lo que hace ahora ese TSJ, “y no tengo nada qué ver con sus publicaciones en redes”.
Considera también, en todo caso, que el que se hubiese designado un TSJ en el exilio fue un paso importante, “porque fuimos designados por un órgano legítimo del Estado”.
–Y, pese a todo, la mayoría de los magistrados creamos un órgano que, por un tiempo, fue una referencia de lo que la gente quiere para el país, y se libró una batalla para que varios países entendieran que existe un vacío de democracia y, por ende, de institucionalidad, en el que se usurpan los cargos de los poderes del Estado.
–Pero, además, con presunción fundada de que muchos de ellos, los usurpadores, cometieron delitos graves contra el Estado, así como también violaciones sistemáticas de los derechos humanos, para lo cual tampoco se logró el apoyo institucional de la AN del 2015.
–Sin embargo, se hizo un trabajo importante desde y con la secretaría general de la OEA, para demostrar la falta de legitimidad del Poder Ejecutivo en Venezuela, y la necesidad de sustituir a los representantes de la nación, para defender los altos intereses del país.
–Ese trabajo quedó allí, y muchos de los otros magistrados fueron importantes en estos logros.
Aval diplomático
Puntualiza después Martín que, al no haberse recibido apoyo institucional de la AN del 2015, y al hecho mismo de que el TSJ se hallaba en el exilio, “no se avanzó en la ejecución de algunas sentencias que, en mi opinión, fueron relevantes, pero que requerían del aval diplomático desde el Parlamento venezolano”.
–Por ejemplo, la sentencia del caso Odebrecht, que determinó que hubo un enorme desfalco a la nación, y que no recibió apoyo del Parlamento venezolano al momento de ordenarse la captura de los implicados ante Interpol.
–En otras palabras, la orden de captura, firmada por mí mismo, no fue trabajada por la vía de la diplomacia, tal como lo ordenan nuestras leyes, y, por supuesto, está sin ejecución.
–Tampoco se recibió apoyo de la AN-2015 en otras decisiones, tal como la relacionada con la necesidad de un aval humanitario, por cierto, en ponencia de la magistrada Elenis Rodríguez, y tampoco lo hubo para otras iniciativas para las que se necesitaba ese apoyo.
Un sinfín se obstáculos
–Pero también se presentó la situación de que hubo casos en que algunos magistrados, en reuniones sociales y en las mismas redes sociales, atacaban la postura asumida desde presidencia del TSJ, lo cual derivó en un sinfín de obstáculos para iniciativas tales como las sanciones a personeros el régimen.
–Igualmente, también se obstaculizaron la apertura de juicios internacionales por casos de corrupción y narcotráfico, el retiro de visados, la congelación de bienes que se presume provengan de la corrupción, etc., y todo ello afectó la actividad que se realizaba desde la presidencia del Tribunal.
–Incluso, se hizo caso omiso a varios llamados de manera respetuosa que se elevaron a la AN para que se conformara un gobierno separado del Parlamento.
¿Justicia?
Aseveró luego que la clase política venezolana en general ha dado muy poca importancia al tema de la justicia en el país, “ya que se le ha dado prioridad a las acciones partidistas para lograr control de algunos espacios, cuando los ciudadanos lo que exigen es verdadera justicia”.
–Debemos construir un sistema en el que la justicia sea una política de Estado, y trabajar con institucionalidad en los pilares de la educación, del trabajo y de la ley, lo cual puede lograrse solamente con personas preparadas que amen al país al frente de los destinos de la nación.
–En cuanto a Maduro, en todo lo que le rodea existe un pasado gravísimo de despojo a la nación, y a lo que desde el gobierno se ejecuta en el presente no hay manera de hacerle un control, ya que no existe confianza alguna en la Contraloría General de la República, en la Contraloría, en el Tribunal Supremo y en ese actual “Parlamento”, que se han convertido todos en franquicias del grupo que ostenta el poder en Venezuela.
–Pero, cuando haya en el país una verdadera justicia, se podrán adelantar todas las investigaciones y juicios “a esta gente”.
–Y, del lado de la oposición, se ha observado cómo tienen el control de algunos activos de la nación en el extranjero, como Pdvsa Internacional, Citgo, Corporación Venezolana de Guayana y Monómeros, este último hasta hace poco, así como cantidades de dinero entregadas por ONGs internacionales, de países amigos, para ayudar a la causa de la lucha por la democracia.
Escándalos
–En el manejo de estos recursos, ha habido muchos escándalos que han surgido dentro de los mismos sectores de oposición, que se culpan unos a otros: Unos, porque no rinden cuentas, y otros, porque no aprueban recursos.
Recalcó que tales escándalos incluso han sido públicos, “y, con mucho malestar, hemos observado que los procuradores que fueron designados de forma excepcional para resguardar los recursos de los venezolanos en el extranjero han formado parte de esa diatriba”.
Contestando a una pregunta, expresó que el TSJ en el exilio sobrevive a pesar de todo, “pero los magistrados han vivido situaciones muy difíciles, con los bienes congelados y con órdenes de captura sobre sus cabezas, y hasta sin poder homologar sus títulos de estudios”.
–Eso incluso los ha obligado, para poder sostenerse, a realizar tareas que no son de jueces, con el agravante de que nuestras familias y hasta nuestros amigos se vieron arrastrados por esa situación.
–La AN del 2015, con la llegada del gobierno interino, ofreció unos estipendios como los pagados a diputados y funcionarios del interinato, oferta que, por cierto, fue utilizada en la campaña política de la junta paralela del Tribunal en el exilio, anunciando que tenían “todos los contactos” con Juan Guaidó.
–Al final, todo fue una burla, y no se les asignó cantidad alguna; y no me incluyo porque, desde el principio, siempre envié sendos oficios en los que señalaba que yo no aceptaba los mecanismos y procedimientos que se estaban utilizando en ese momento.
–Es por eso que yo creo que esa camada política de la oposición no tiene ningún interés en la justicia, y menos en un sistema de justicia independiente.
–Y la mayoría de los magistrados se prestaron para hacerle el juego a esos grupos políticos, porque no se cumplió con la oferta. Eso queda en sus conciencias.
Reinaldo Gómez
Fuente: El Nacional
