Autoridades regionales y pobladores del departamento boliviano de Santa Cruz tomaron este miércoles el Aeropuerto Internacional de Viru Viru y El Trompillo, además de que se movilizaron, tras la detención del gobernador opositor de esta región, Luis Fernando Camacho.
El mandatario es acusado por su participación en el golpe de Estado de 2019 contra el entonces presidente Evo Morales.
Tras conocerse la detención de Camacho, decenas de sus simpatizantes se concentraron en los dos aeropuertos de Santa Cruz: el internacional de Viru Viru y el doméstico El Trompillo en movilizaciones que obligaron a suspender todos los vuelos comerciales en ambas terminales, publica La Jornada.
La Fiscalía General de Bolivia desmintió que el arresto obedezca a una persecución política, y precisó que el líder opositor es investigado por su participación en el golpe de Estado de 2019 contra Morales.
“Informamos al pueblo boliviano que la policía boliviana dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra del señor Luis Fernando Camacho”, confirmó el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, en redes sociales.
En 2019, Camacho era presidente del Comité pro Santa Cruz, organización cívica que defiende los intereses del departamento, y lideró movilizaciones para pedir la renuncia de Morales con el argumento de que cometió fraude en las elecciones generales del 20 de octubre de 2019.
Según medios locales, el gobernador fue trasladado a La Paz e ingresado a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, donde, en apego a la ley, se le sometió a exámenes médicos que constataron su buen estado de salud.
De acuerdo con el diario boliviano Página Siete, la gobernación de Santa Cruz denunció que Camacho fue “secuestrado en un operativo policial absolutamente irregular y llevado con rumbo desconocido. (…). Responsabilizamos al gobierno del presidente Luis Arce por la seguridad física y la vida del gobernador”.
Camacho tiene varias investigaciones en su contra: una por ser considerado pieza clave en la renuncia de Morales a la presidencia en 2019, otra por un paro cívico que se llevó a cabo en Santa Cruz, entre octubre y noviembre de este año, con el fin de adelantar un censo de población previsto para 2024.
Dos ex presidentes bolivianos, los derechistas Jeanine Áñez (2019-2020) y Jorge Quiroga (2001-2002) se sumaron a las voces que denunciaron la detención del gobernador.
Áñez, quien se autoproclamó presidenta de Bolivia tras el golpe de Estado contra Morales, tuiteó desde la cárcel de Miraflores: “Montan megaoperativo policial/militar para secuestrar al gobernador”, y comparó la operación con su propia detención. Quiroga manifestó que Camacho fue aprehendido “violentamente” por la policía.
El gobernador de Santa Cruz es uno de los principales líderes de derecha y comanda la segunda fuerza política de la oposición en el Parlamento, Creemos, detrás del partido Comunidad Ciudadana, del ex presidente Carlos Mesa. Fue él quien viajó de Santa Cruz a La Paz con la carta de renuncia que se quería obligar a Morales a firmar. El Movimiento al Socialismo, de Arce y de su mentor, Evo Morales, es la principal fuerza legislativa.
En el aeropuerto de El Trompillo, los manifestantes obligaron a una reducida guardia militar a que abandonara sus labores de seguridad. En algunos barrios de Santa Cruz hubo bloqueos de calles y avenidas, en protesta por la detención.
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, ratificó la plena facultad fiscalizadora de la Cámara Alta y anticipó que se fijará una nueva fecha para que el gobernador de Santa Cruz “pueda presentarse para rendir el informe oral respecto a estos hechos”.
El 15 de diciembre, Camacho debió comparecer ante la Cámara de Senadores para responder sobre los 36 días de protestas que dejaron al menos cuatro personas fallecidas, provocaron la violación sistemática a los derechos humanos y causaron más de mil 200 millones de dólares en pérdidas económicas.
En una nota que remitió al Senado, el gobernador justificó su ausencia con el argumento de que la Asamblea Legislativa Plurinacional no tiene facultades para fiscalizar a los gobiernos autónomos departamentales y municipales.
Fuente: La Jornada
