Varios líderes de las manifestaciones antigubernamentales de Perú pidieron este lunes que no queden impunes las más de sesenta muertes ocurridas en las protestas y acusaron a las autoridades de su país de «criminalizar» las marchas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
Durante una rueda de prensa en Lima, en la que participaron dirigentes de varias regiones peruanas, los portavoces también se deslindaron de «cualquier acto de violencia» e hicieron un llamado a la «paz» y a unirse a la «gran marcha nacional» convocada para este martes en el centro de la capital.
«Rechazamos cualquier acto de violencia (…) Quienes están generando caos y destrucción son gente infiltrada del Gobierno», aseguró el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López.
El líder del mayor gremio sindical del país agregó que «no puede ser posible que siga una dictadura donde no hay democracia, no hay paz» y recordó que el reclamo principal de las protestas es que Boluarte «dé un paso al costado».
Los dirigentes denunciaron, además, «detenciones arbitrarias» por parte de las fuerzas del orden y criticaron la «criminalización» de la protesta y el denominado «terruqueo», en alusión al hecho de acusar de «terroristas» a los manifestantes de un país que aún siente las heridas del terror que sembraron Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) entre 1980 y 2000.
«Denunciamos la dictadura del actual gobierno cívico-militar que no tiene más que justificar la recuperación de la paz con balas (…) Ya no estamos en democracia y se están realizando detenciones arbitrarias», enfatizó el vocero de la región andina de Cuzco.
Por su parte, el dirigente de Madre de Dios, una región selvática que colinda con Brasil y Bolivia, aseguró que «la lucha no va a parar» porque, según dijo, los manifestantes están «reclamando los derechos de la población más olvidada» del país.
Insistieron en que sus principales demandas son la renuncia de Boluarte, el adelanto de elecciones generales «inmediatas» y la convocatoria a un referéndum sobre la posibilidad de redactar una nueva constitución que sustituya la vigente, elaborada en 1993 durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Se solidarizaron con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde un contingente policial ingresó a la fuerza este sábado para desalojar a los cientos de manifestantes llegados de distintas partes del país y refugiados en el recinto estudiantil para participar de las protestas en la capital.
Durante la conferencia, un miembro del Frente de Egresados de la UNMSM exigió la renuncia del ministro del Interior, Vicente Romero, y recalcó que los manifestantes no están «dispuestos a ceder por recuperar la patria».
«No hablamos solamente de la democracia, hablamos de los derechos de nuestros hermanos (…) de la incomprensión de una capital, de un gobierno centralizado que nos tiene postergados durante décadas», sostuvo.
