En Bolivia no han cesado las protestas para exigir la liberación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, investigado por el caso ‘golpe de Estado I’ contra Evo Morales en 2019. El mandatario fue detenido el pasado jueves y traslado a La Paz.
En Santa Cruz, bastión político de Camacho, los reclamos han sido más contundentes, en donde colectivos de mujeres y simpatizantes han protagonizado choques con la policía y medidas de calle. También se han registrados actos vandálicos.
La situación ha escalado al punto en que Rómulo Calvo, presidente del Comité Pro Santa Cruz –organización clave para Camacho– amenazó con bloquear la salida de alimentos y mercancías de la región, una de las más ricas de Bolivia.
«De Santa Cruz no saldrá nada», dijo Calvo el pasado fin de semana, refiere la prensa local. La certeza de esa sentencia está basada en un acuerdo pactado con productores de alimentos de la zona, que mantienen un bloqueo en la carretera hacia Cochabamba.
Según el dirigente, el país «vive de ellos», por lo que adelantó que el objetivo de los bloqueos viales es torcerle la mano al Gobierno para que entienda que «sin Santa Cruz no hay Estado».
No obstante, este martes, Calvo intentó moderar su discurso y aseguró que las manifestaciones no son para «hacer daño a las instituciones», a pesar de que se reportó la quema de edificios públicos y vandalismo. En sus palabras, los ataques denunciados por el Gobierno son un montaje para «militarizar y llamar a un estado de sitio».
Armas y financiamiento
Frente al tenor de las amenazas, los duros choques de los manifestantes con la policía y la contundencia de las medidas de presión, este miércoles el vocero presidencial, Jorge Richter, cuestionó las organizaciones que están detrás de las protestas.
«Hay que preguntarse quiénes los están organizando, quién le está dotando los explosivos de alta peligrosidad (…), pero también quién les va señalando o fijando los objetivos de lo que se planifica a atacar», aseveró el vocero en una entrevista a Unitel.
Para Richter, hay indicios de que los grupos de descontentos –movilizados desde el pasado 28 de diciembre, cuando las autoridades detuvieron a Camacho– podrían estar recibiendo financiamiento «para poder diseñar y producir la cantidad de armamento que se ha confiscado».
Las declaraciones del vocero ocurren después de los ataques con fuegos artificiales y armas de fabricación casera que recibió la policía, mientras los uniformados intentaban contener las manifestaciones. Ante el reclamo de los «cívicos» por la represión, la respuesta del subcomandante de la Policía, Edson Claure, fue que frente a «una acción siempre hay una reacción».
Fuente: RT
